La crisis sanitaria que enfrenta Honduras continúa agravándose ante la falta de acuerdos entre la Secretaría de Salud y el Colegio Médico de Honduras (CMH), mientras miles de pacientes permanecen a la espera de consultas, cirugías y otros servicios esenciales suspendidos desde hace 38 días.
- – El Gobierno promete resolver esta semana la mayor parte de los pagos pendientes a médicos por contrato e interinato, mientras el CMH reporta unos 800 profesionales con salarios atrasados. Entre cancelaciones de cirugías, consultas perdidas y reclamos de jubilados, crecen las exigencias para que las partes alcancen acuerdos y restablezcan la atención médica.
Las diferencias sobre los salarios pendientes, las condiciones de contratación y la continuidad de las asambleas informativas mantienen el conflicto abierto, pese a los llamados del Gobierno, la sociedad civil y representantes de los jubilados para priorizar el derecho a la salud.
Salud promete pagos esta semana
El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, anunció que la institución espera resolver esta semana la mayor parte de los pagos pendientes a médicos por contrato y recontratación. Además, convocó al CMH a una mesa técnica para este miércoles.
Castillo detalló que de los 6,916 médicos que trabajan para la Secretaría de Salud, 5,388 son permanentes y, según aseguró, reciben sus salarios al día. Los retrasos se concentran principalmente en los profesionales contratados e interinos, debido a problemas administrativos y documentación pendiente.
En el caso de los interinatos, señaló que existen 365 médicos bajo esa modalidad y que algunas licencias no quedaron debidamente firmadas durante el año anterior, lo que retrasó los trámites salariales.
El funcionario estimó que entre 2,000 y 3,000 cirugías electivas han sido canceladas a nivel nacional y que podrían haberse perdido más de 12,000 consultas médicas durante las medidas gremiales, aunque aclaró que todavía no dispone de cifras consolidadas.
“Lo que sí les estoy haciendo conciencia es que, si tenemos 5,388 permanentes pagados, que no castiguemos a la población”, manifestó.
Impasse por 22 % de médicos por contrato
El vicepresidente del CMH, Héctor Carranza, sostuvo que el conflicto afecta al 22 % de los profesionales contratados e interinos, no al 78 % de médicos permanentes.
Según el dirigente, de los aproximadamente 1,400 médicos identificados inicialmente con salarios pendientes, alrededor de 800 todavía esperan pagos atrasados entre tres y nueve meses.
Carranza mencionó casos de profesionales del Hospital Escuela con hasta nueve meses sin recibir salario y de médicos interinos en Olanchito con retrasos de hasta cinco meses. También afirmó que unos 300 médicos contratados no estaban incluidos en los registros iniciales.
Las diferencias entre las cifras del Gobierno y el gremio mantienen las dudas sobre la dimensión real de la deuda y la cantidad de trabajadores afectados.
Inaceptable castigo al pueblo
La directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Munguía, calificó como preocupante que miles de hondureños continúen sin atención médica oportuna y reprochó la falta de acuerdos entre las partes.
“Es inaceptable la posición del Colegio Médico, no en la defensa de sus derechos, sino en no aceptar una tregua viendo que se ha avanzado en algunos elementos”, expresó.
Munguía aclaró que no cuestiona el derecho de los médicos a reclamar sus salarios, sino que las medidas de presión afecten a la población. Por ello, exigió al Gobierno y al CMH publicar los nombres de los profesionales a quienes se les adeuda y los montos pendientes.
“Hoy tenemos información que no coincide y que confunde”, señaló, al demandar transparencia para que la ciudadanía conozca la dimensión real del conflicto.
Asambleas ilegales
El abogado laboralista Germán Leitzelar consideró que la crisis responde a la falta de voluntad política para alcanzar acuerdos y sostuvo que los servicios públicos esenciales no deben interrumpirse por conflictos laborales.
“Hay problemas que se pueden solucionar desde distintas instancias del Estado. El problema es que no hay voluntad política”, afirmó.
Leitzelar reconoció el derecho de los trabajadores a recibir sus salarios y reclamar incumplimientos, pero cuestionó que las asambleas informativas impliquen la suspensión de servicios que necesita la población.
A su criterio, los reclamos laborales deben resolverse mediante mecanismos institucionales sin trasladar sus consecuencias a los pacientes.
Gobierno pide dejar intereses gremiales
La designada presidencial María Antonieta Mejía llamó al Colegio Médico a anteponer el derecho a la salud de los hondureños y flexibilizar sus posiciones para alcanzar una solución.
La funcionaria aseguró que el Gobierno reconoce sus responsabilidades salariales, pero sostuvo que los compromisos deben ajustarse a la capacidad financiera del Estado.
“Ya no sería de inmediato, sería más bien de una voluntad por parte de ambos de ceder”, manifestó, al considerar que el problema no radica en la falta de diálogo, sino en la disposición de las partes para alcanzar acuerdos.
Mejía también afirmó que se identificaron contrataciones sin respaldo presupuestario y casos sin una relación contractual debidamente formalizada, situaciones que dificultan la ejecución legal de los pagos.
Afectación a 17 mil jubilados
El dirigente liberal Víctor Cubas denunció que alrededor de 17 mil jubilados y pensionados afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) han resultado afectados por la suspensión de consultas, citas y otros servicios.
Explicó que cerca del 70 % de los aproximadamente 25 mil jubilados y pensionados del país acude al Seguro Social para recibir atención médica.
Cubas cuestionó que las medidas gremiales hayan afectado a este sector y advirtió que la reprogramación de citas incrementará los retrasos en la atención. Asimismo, pidió al Colegio Médico retomar sus labores y buscar una solución con las autoridades.
El dirigente también advirtió que los jubilados podrían emprender acciones legales si se comprueba que la suspensión de los servicios les ocasionó daños, por lo que instó a los afectados a documentar sus casos.
Mientras el Gobierno promete avanzar en los pagos y el CMH insiste en que persisten deudas salariales, los llamados a una solución se multiplican. En medio de las diferencias, los pacientes continúan a la espera de que se normalicen los servicios y se garantice su derecho a la salud. JS
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