Aprueban reforma a la Ley de Privación de Dominio para utilizar dinero incautado para cuerpos de seguridad

 El Congreso Nacional aprobó este lunes una reforma a la Ley de Privación de Dominio orientado a utilizar el dinero incautado en operativos para respaldar a los cuerpos de seguridad.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la intención es dar mayor respaldo presupuestario a la Policía Nacional, Policía Militar de Orden Público (PMOP), Agencia Nacional contra el Crimen Organizado, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público y Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

“Puedan hacer uso del dinero incautado durante el proceso, y si en el futuro se dicta una sentencia de privación favorable a la persona que se le incautó los recursos, en este decreto queda (Secretaría) Finanzas como aval”, dijo Zambrano.

Afirmó que la Secretaría de Finanzas tendrá un plazo establecido para devolver el dinero al ciudadano con los intereses que la ley ordena.

Zambrano defendió que este decreto dará más recursos y presupuesto a los cuerpos de seguridad, y que el Congreso Nacional dará las herramientas legales y recursos para que la lucha contra la criminalidad sea efectiva.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Ramiro Lobo, comentó que cualquier esfuerzo que se haga para salvaguardar la vida de los ciudadanos valen la pena.

No obstante, consideró que no es conveniente que los fondos incautados vayan directamente a la Secretaría de Seguridad, y que debería ir a la Caja Única del Tesoro.

Explicó que debe haber controles necesarios en la transferencia de recursos a las instituciones del Estado y que podría ocasionar un problema similar o mayor a los índices de violencia.

Zambrano contestó que el dinero incautado lo administra la OABI en cuentas de banca privada o el Banco Central de Honduras (BCH).

Desglosó que los fondos se distribuirán en un 25% a la Secretaría de Defensa, 25% Secretaría de Seguridad, 15% para el Ministerio Público, 15% a la CSJ, 10% para OABI, 5% a la dirección de inteligencia y el 5% a la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado.

Mientras que el diputado nacionalista Remberto Alexander Zavala contó que cuando un cliente recibe una sentencia favorable y va a la OABI para su devolución, se da cuenta que sus fondos ya fueron utilizados sin tener conocimiento para su uso.

Consideró que este decreto es un beneficio para las personas implicadas en estos procesos judiciales.

Zambrano añadió que estos procesos judiciales tardan entre 10 a 15 años en resolverse.

Señaló que hay restitución ordenada que incluye el capital, intereses y demás conceptos legales que corresponden como honorarios y representación legal.

Reglamentación

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) deberá aprobar la reglamentación para la aplicación de los procedimientos, requisitos, criterios de elegibilidad, exclusiones, mecanismos de trazabilidad, registro y control, evaluación de riesgo, capacidad de restitución, procedimiento de distribución, transferencias, fiscalización y devolución anticipadas y otros.