La organización no gubernamental venezolana Provea exigió este domingo “transparencia absoluta” sobre el reciente operativo coordinado entre Washington y Caracas en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela, que culminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, identificado como el máximo líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
La ONG sostuvo que “Venezuela tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación”, al tiempo que pidió información verificable sobre las circunstancias en las que se desarrolló el despliegue militar y policial.
Asimismo, afirmó que, con base en la información disponible hasta el momento, el caso “constituye presuntamente una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial”.
Provea también reclamó que el Estado venezolano informe el número preciso de personas fallecidas, heridas y detenidas durante el operativo, así como la identidad de las víctimas y las garantías procesales otorgadas.
Según la organización, “el Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo” y de asegurar que no se produzcan detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles.
La ONG recordó que ya había advertido sobre el megaoperativo desplegado en zonas mineras del estado Bolívar y alertó que acciones similares en el pasado dejaron denuncias de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos contra la población civil.
Por ello, reiteró su petición de que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público supervisen las actuaciones de las fuerzas de seguridad y rindan cuentas sobre lo ocurrido.
En su posicionamiento, Provea sostuvo que las autoridades deben explicar bajo qué marco jurídico se realizó la cooperación bilateral y demandó “transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que amparan esta operación y garantías plenas de que no se repetirán los patrones de ejecuciones extrajudiciales”.
En el contexto del caso “Niño Guerrero”, Héctor Guerrero Flores permanecía prófugo desde 2023 tras escapar durante la intervención de la prisión de Tocorón y era considerado por autoridades estadounidenses uno de los principales líderes del Tren de Aragua, organización con presencia en varios países de América Latina.
Washington había ofrecido una recompensa millonaria por información que condujera a su captura y la catalogó como una organización terrorista extranjera.
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