El Gobierno de Cuba respondió con fuertes críticas a las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra nueve entidades y dos funcionarios cubanos, al calificarlas como una medida de presión que, según La Habana, busca afectar a la población y profundizar la crisis económica del país.
El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que las acciones anunciadas por el Departamento de Estado representan un “acto de agresión” y acusó a Washington de intentar imponer un “castigo colectivo” contra los ciudadanos de la isla.
Cuba denuncia una escalada de presión económica
A través de sus redes sociales, Rodríguez aseguró que las nuevas medidas demuestran, a su juicio, que Estados Unidos pretende aumentar el impacto del embargo económico sobre Cuba.
El canciller cubano señaló que Washington continúa rechazando las acusaciones sobre la existencia de un “cerco económico” contra la isla, pero afirmó que las sanciones revelan una intención de provocar mayores dificultades sociales y económicas.
La reacción del Gobierno cubano ocurrió después de que Estados Unidos anunciara restricciones dirigidas contra organizaciones vinculadas a sectores estratégicos de la economía cubana, incluyendo salud, energía, transporte y servicios financieros.
Sanciones alcanzan al sistema de misiones médicas cubanas
Entre las entidades incluidas en la nueva lista estadounidense se encuentran organismos relacionados con el programa de cooperación médica internacional de Cuba.
Las autoridades estadounidenses señalan que este sistema utiliza un esquema de trabajo forzoso y acusan al Gobierno cubano de retener una parte importante de los ingresos obtenidos por los profesionales enviados al extranjero.
Las entidades relacionadas con el sector sanitario sancionadas son:
Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC).
Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM).
También fueron incluidos dos funcionarios cubanos:
Gretza Sánchez Padrón, directora de la UCCM.
José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba.
Rodríguez rechazó estas medidas y afirmó que sancionar la cooperación médica cubana afecta el acceso a servicios de salud para personas en distintos países.
“El ataque contra la cooperación médica cubana equivale a una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas”, afirmó el funcionario.
Cuba defiende el impacto de sus brigadas médicas
El Gobierno cubano sostiene que sus misiones médicas representan una de sus principales herramientas de cooperación internacional.
Según datos oficiales, más de 600,000 profesionales de la salud cubanos han participado en programas médicos en 165 países durante más de seis décadas.
Actualmente, alrededor de 24,000 trabajadores sanitarios cubanos prestan servicios en 56 naciones.
La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) indicó que las exportaciones de servicios profesionales representaron más del 40% del total de las exportaciones cubanas entre 2018 y 2020, una cifra que refleja la importancia económica de este sector para la isla.
Nuevas restricciones incluyen empresas energéticas y portuarias
Además del sector médico, Estados Unidos incorporó a la lista de sanciones varias empresas relacionadas con áreas estratégicas de Cuba.
Entre ellas figuran:
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET).
Empresa de Energía S.A. (ENERSA).
EINARBO S.A..
Terminal de Contenedores de Mariel S.A..
CEIBA Investments Limited.
ORBIT S.A., vinculada al procesamiento de remesas.
La Terminal de Contenedores de Mariel fue incluida debido a sus vínculos con el conglomerado empresarial militar cubano GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), una de las entidades que ya había sido sancionada anteriormente por Washington.
CEIBA Investments Limited fue señalada por sus inversiones en el sector inmobiliario cubano, mientras que ORBIT S.A. fue incorporada por sus actividades relacionadas con servicios financieros y remesas.
Medidas forman parte de la política de Trump hacia Cuba
Las nuevas sanciones se producen en el marco de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo, mediante la cual Estados Unidos advirtió que podría imponer restricciones contra personas y empresas que proporcionen apoyo financiero, tecnológico o material al Gobierno cubano.
La medida contempla sectores considerados estratégicos, como energía, defensa, finanzas y minería.
Durante los últimos meses, varios países de América Latina y el Caribe han reducido o modificado sus acuerdos de cooperación médica con Cuba después de recibir presión de Washington.
Entre los países que han revisado esos convenios se encuentran Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago.
La disputa entre ambos gobiernos continúa marcada por las diferencias sobre el impacto de las sanciones estadounidenses: mientras Washington sostiene que buscan presionar al Gobierno cubano, La Habana afirma que afectan directamente a la población y agravan las condiciones económicas de la isla.
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