El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles para reestructurar el proceso de acreditación universitaria, un tema que es de suma importancia para las universidades que reciben fondos del gobierno federal.
La acreditación universitaria es el proceso que deben seguir las universidades para recibir ayuda financiera federal, una herramienta que Trump describió como su “arma secreta” en materia de educación durante la campaña electoral.
La nueva orden ejecutiva busca cambiar el proceso de acreditación universitaria para que las universidades se acrediten con base en “resultados”, y el presidente hoy se ha preguntado en voz alta sobre la posibilidad de investigar si los estudiantes admitidos en la Universidad de Harvard y la Universidad de Yale tienen suficientes capacidades matemáticas.
Las universidades y colegios universitarios son acreditados para garantizar que cumplan con los estándares básicos por entidades externas, no por el gobierno federal, aunque el Departamento de Educación decide qué agencias de acreditación reconocer.
El proceso de acreditación tiene amplias implicaciones, ya que el gobierno lo utiliza para determinar qué instituciones pueden participar en los programas federales de ayuda estudiantil, que distribuyen miles de millones de dólares en préstamos y becas estudiantiles.
La orden ejecutiva ordena al Departamento de Educación que “responsabilice” a cualquier acreditador universitario que “no cumpla con los criterios de reconocimiento aplicables o que viole la ley federal”, incluyendo la cancelación o suspensión de su reconocimiento federal.
Señala específicamente a las agencias de acreditación que exigen a las instituciones educativas “participar en discriminación ilegal… bajo el pretexto de iniciativas de ‘diversidad, equidad e inclusión’”. La orden también establece que el Departamento de Educación debería comenzar a reconocer a los nuevos acreditadores universitarios.
La administración Trump cree que las entidades de acreditación se han centrado demasiado en la “ideología progresista” en lugar de en los resultados, declaró el secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf.
La orden ejecutiva firmada por Trump también afecta a las facultades de derecho y a los programas de posgrado.
El presidente también firmó otra orden para hacer cumplir las leyes vigentes que exigen a las universidades revelar cuándo aceptan grandes donaciones extranjeras. Uno de los principales asesores de Trump señaló específicamente a Harvard como una institución que, según ellos, ha violado la ley, aunque no ofreció pruebas para demostrarlo.
La ley federal exige que las instituciones de educación superior que reciben fondos federales revelen cualquier donación o contrato de una fuente extranjera por un valor de $250,000 dólares o más en un año calendario, y algunos miembros del Congreso están intentando reducir ese límite a $50,000 dólares.
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