La publicación en el diario oficial La Gaceta de la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente genera la interrogante de ¿quién autorizo la publicación de la normativa, la expresidenta Xiomara Castro o por el extitular del Congreso, Luis Redondo?
– El abogado Kenneth Madrid señaló posibles delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.
– El presidente del Legislativo apunta que hay un delito de tipo penal y aunque el decreto sea derogado, la investigación tiene que darse de parte del MP.
Los diputados del Congreso Nacional aprobaron la ley el 8 de marzo de 2023 y fue remitida al Poder Ejecutivo.
Ante denuncias del movimiento Por Nuestros Hijos quienes solicitaron a la expresidenta Xiomara Castro vetar la ley, la mandataria en fecha 29 de julio de 2023 vetó la normativa.
Sin embargo, el 22 de enero de 2026 la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente fue publicada en el diario oficial La Gaceta número 37050 bajo el decreto 08-2023.

MP en procedimiento para actuar de oficio
Proceso Digital consultó con la portavoz del Ministerio Público, Claudia Díaz quien dijo que en este momento no hay una respuesta ya que para iniciar un proceso de oficio se tienen que establecer mecanismos y se está en esas diligencias.
«No hay acción oficiosa»
El magistrado Mario Díaz al ser consultado por Proceso Digital si el Poder Judicial podía actuar de oficio ante la publicación de una ley vetada, respondió que “no hay acción oficiosa”.
Detalló que significa que el tribunal o los magistrados no pueden actuar por iniciativa propia, sino que necesitan obligatoriamente que una de las partes interesadas lo soliciten.

MP obligado a investigar
Por su parte, el abogado Kenneth Madrid pidió al Ministerio Público investigar la publicación en el diario oficial La Gaceta del decreto que fue vetado por la expresidenta Xiomara Castro, al tiempo que advirtió posibles irregularidades en el procedimiento de promulgación de la normativa.
Madrid manifestó que la cronología de los acontecimientos genera dudas sobre cómo un decreto que habría recibido el veto presidencial pudo aparecer publicado posteriormente, en marzo de 2026, sin que se cumpliera el procedimiento constitucional correspondiente.

Explicó que una vez que un decreto es vetado y devuelto al Congreso Nacional, existen procedimientos establecidos para su eventual aprobación; la posibilidad de que el Poder Legislativo lo ratifique con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, sin embargo, de acuerdo con la información que examinó, no se habría producido esa ratificación.
En ese sentido, sostuvo que el Ministerio Público debe investigar los hechos para determinar si hubo abuso de autoridad u otro ilícito relacionado con el procedimiento de publicación.
Añadió que la difusión de normas en el diario oficial debe cumplir las formalidades legales ya que constituye un mecanismo de certeza jurídica para la ciudadanía.
¿Quién ordenó la publicación?
En ese sentido, Madrid detalló que se debe esclarecer quién ordenó o autorizó la publicación del decreto.
Indicó que una de las posibilidades sería que la expresidenta Castro hubiese firmado nuevamente el documento sin considerar que ya había sido vetado y devuelto al Legislativo; la otra, que la publicación se hubiera gestionado desde el Congreso Nacional sin la autorización correspondiente.
Las posibles responsabilidades mencionadas por el abogado deberán ser esclarecidas mediante una investigación oficial.

Legislativo no tenía facultades para ordenar directamente su publicación
Por su parte, la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), y exsecretaria del Congreso Nacional, Angélica Smith, aseguró que el Legislativo no tenía facultades para ordenar directamente su publicación en La Gaceta sin que se cumpliera el trámite correspondiente.
“Nosotros desconocemos, en el Congreso Nacional nuestra función terminó al remitirlo”, manifestó.
Detalló que el procedimiento legislativo comprende la presentación, discusión y aprobación de los proyectos, para posteriormente enviarlos al Ejecutivo.
Señaló que en ese momento correspondía a la entonces presidenta de la República determinar si sancionar o vetar el decreto.

Mañana presentará derogación de Ley
Mientras que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló que mañana presentará la derogación de la ley.
“Se ocupaban 86 votos para ello y al no tener los votos lo que tenían que hacer era engavetar el expediente, el veto con el decreto y nunca más se puede llevar a cabo la publicación de esa ley”, señaló.
En ese sentido el parlamentario dijo estar sorprendido porque ya en la salida del gobierno de Libre, apareciera publicada en La Gaceta.
“Es asombroso, después de existir un veto ya salir el gobierno de Libre cuando ya iban a entregar salió publicado en La Gaceta, que no tenía la configuración constitucional, es más allá de un error, va más allá de una acción meramente de las atribuciones legislativas que han cometido, es la acción de un ilícito tipo penal”, afirmó.
Zambrano sostuvo que solo existen dos procesos legales para dejar sin efecto el decreto publicado; uno es mediante un recurso de inconstitucionalidad, que podría tardar al menos seis meses para obtener una sentencia que le quite la vida legal, y el segundo, que es el más expedito, es la derogación del decreto.
“Aunque el decreto es ilegal vamos a proceder el día de mañana a presentar el decreto lo vamos a derogar y ahí mismo aprobamos el acta para que esta misma semana se encuentre en el Poder Ejecutivo para la sanción y así pueda estar publicada la derogatoria”, anunció.
El diputado subrayó que la derogación no exime la investigación que debe realizar el Ministerio Público sobre cómo llegó el decreto a La Gaceta, quién lo envió y por qué se publicó sin respetar el veto presidencial.

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