El Gobierno aprobó una hoja de ruta, se trata de la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, misma que tiene diez ejes para combatir la corrupción, pero la supresión de la institución que impulsaba la transparencia y la falta de nombramiento de la autoridad encargada de coordinarla abren interrogantes sobre su ejecución.
– Expertos del CNA y la ASJ advierten que los documentos no sustituyen la voluntad política ni el fortalecimiento institucional.
– El país tiene ahora una hoja de ruta hasta 2030. Lo que aún debe demostrar es que cuenta con la decisión política y las capacidades institucionales para cumplirla.
En ese sentido, es cierto que Honduras tiene una nueva estrategia para combatir la corrupción durante el período 2026-2030. El documento promete reformas legales, fortalecimiento de los órganos de control, transparencia en las compras públicas, cooperación internacional y participación ciudadana. Sin embargo, su principal desafío no está en lo que propone, sino en las condiciones institucionales que existen para llevarla a la práctica.
Una estrategia vigente, pero sin ejecución
El 9 de junio de 2026 se publicó en el diario oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo PCM-011-2026, que aprobó la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y creó la figura del Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT), concebido como el eje institucional encargado de coordinar su implementación.
Pero, más de cuatro meses después, el comisionado continúa sin ser nombrado, mientras la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), que desempeñaba funciones relacionadas con esta materia, fue suprimida. Autoridades del gobierno han confirmado que la plaza sigue vacante y sigue en análisis.
La contradicción resulta inevitable, en el sentido de que el Estado establece una hoja de ruta para enfrentar uno de sus problemas estructurales, pero elimina una institución vinculada con esa tarea y mantiene vacante el cargo al que la propia estrategia asigna la coordinación política e interinstitucional.
El decreto establece que el comisionado debe coordinar a las instituciones involucradas, facilitar la cooperación nacional e internacional y conducir el Mecanismo Nacional de Coordinación Anticorrupción (MNCA). También contempla un Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI), destinado a fortalecer las capacidades del Estado. Sin embargo, la creación legal de estas instancias no equivale a su funcionamiento efectivo. Mientras no se concrete el nombramiento.
Un país rezagado en el combate a la corrupción
El contexto en el que se presenta esta estrategia evidencia la magnitud del desafío. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, publicado por Transparencia Internacional, Honduras obtuvo 22 puntos de 100 y ocupó el puesto 157 entre 182 países evaluados. El resultado supone un retroceso de tres posiciones respecto de 2024.
Según datos de la ASJ, solo el 14 % de los hondureños cree que el Gobierno prioriza el combate a la corrupción. Y según el CNA, de cada 100 denuncias por corrupción que se presentan, solo cinco llegan a los tribunales de justicia. En ese mismo orden este ente estima que Honduras pierde 3 mil millones de lempiras anuales, por modalidades de macrocorrupción.
El Índice de Riesgo de Corrupción del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales IIES-UNAH, identifica los sectores donde se concentra el mayor riesgo. Infraestructura es el sector con riesgo extremo, con una calificación de 6 a 10 puntos de 100, lo que impacta en carreteras, energía, agua, puertos y aeropuertos. Salud registra menos de 20 puntos, lo que representa un alto riesgo de corrupción y Educación se ubica entre 20 y 35 puntos, con un riesgo calificado como alto-medio.
Los sectores de salud, infraestructura, energía, educación y programas sociales merecen especial atención por la magnitud de los recursos públicos que administran y la necesidad de controles rigurosos.
En su diagnóstico, la propia estrategia gubernamental reconoce debilidades normativas, fragmentación institucional y limitaciones para investigar y judicializar estructuras complejas de corrupción. Es decir, el documento admite que el problema requiere algo más que una nueva declaración de intenciones.
CNA cuestiona estrategia y reclama política con participación
El coordinador del Observatorio Político del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal, en entrevista con Proceso Digital, cuestionó que el Gobierno aprobara una estrategia distinta a la política pública anticorrupción que el CNA elaboró junto con la Procuraduría General de la República (PGR).
Según explicó, el proceso desarrollado por ambas instituciones reunió a más de 30 actores de organizaciones de sociedad civil, academia, gremios profesionales, instituciones gubernamentales, el Poder Judicial, fiscalías y el Tribunal Superior de Cuentas y sector privado.
La propuesta fue construida mediante jornadas de trabajo, sistematización y validación, con el objetivo de establecer una estrategia de cinco ejes y un sistema anticorrupción. Espinal afirmó que la estrategia gubernamental no corresponde a ese proceso participativo y cuestionó su metodología de elaboración.
“Desconocemos en su totalidad de dónde proviene. Es un trabajo de escritorio, porque no tuvo la metodología de construcción ni de socialización, y tampoco cuenta con esa legitimidad de convergencia de actores”, manifestó.
El representante del CNA también expresó preocupación porque el Gobierno haya desarrollado una iniciativa paralela sin articularla con la propuesta que ya se encontraba en construcción. A su criterio, la aprobación de un documento no constituye por sí sola una demostración de compromiso con el combate a la corrupción.
Su cuestionamiento va más allá de las diferencias metodológicas. Espinal considera que cualquier estrategia debe traducirse en acciones concretas, sujetas a fiscalización y rendición de cuentas, y acompañarse de mecanismos preventivos que impidan nuevos actos de corrupción.
Por ejemplo, advirtió sobre disposiciones presupuestarias en el proyecto de Presupuesto 2027 que podrían facilitar compras directas y sobre posibles restricciones al acceso a información pública. En ambos casos, sostuvo, es indispensable fortalecer la supervisión institucional y garantizar que los recursos estatales y las decisiones gubernamentales puedan ser examinados.
ASJ advierte que las estrategias no sustituyen a las instituciones
Desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el oficial jurídico José Perdomo coincide en que el principal problema no se resuelve con la aprobación de una estrategia, sino con la capacidad real del Estado para ejecutarla.
Perdomo explicó que la estrategia nacional contempla medidas de transparencia, veeduría y fortalecimiento institucional. También señaló que la política pública trabajada por el CNA y la PGR tuvo un proceso de socialización importante, pero que, hasta donde conoce, permanece en el plano teórico y no ha sido adoptada por el Gobierno.
“Una estrategia anticorrupción por sí misma no representa avances significativos en la lucha contra la corrupción”, advirtió.
El abogado puso el foco en las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos delitos. Mencionó al Tribunal Superior de Cuentas, la Unidad de Política Limpia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las fiscalías especializadas, cuyas capacidades considera fundamentales para enfrentar las distintas modalidades de corrupción.
También señaló como factores determinantes el presupuesto institucional, la disponibilidad de personal técnico, los recursos para desarrollar investigaciones y la selección de funcionarios para puestos estratégicos.
Su planteamiento apunta a un problema de fondo: una estrategia puede establecer reformas, crear mecanismos de coordinación y proponer nuevas herramientas legales, pero difícilmente producirá resultados si las instituciones responsables carecen de recursos, independencia o capacidad operativa.
En ese escenario, la supresión de la Secretaría de Transparencia y la ausencia del comisionado adquieren especial relevancia. No son únicamente cambios administrativos consideraron los especialistas, que añaden que estos puntos obligan a aclarar cómo se redistribuyeron las funciones, quién asumió las responsabilidades operativas y qué mecanismos garantizan la continuidad de las acciones anticorrupción.
Diez ejes y agenda que depende de decisiones concretas
La estrategia 2026-2030 contempla diez ejes que abarcan desde la coordinación nacional y la asistencia internacional hasta la reforma legal, la transparencia digital, las contrataciones públicas, la integridad de los funcionarios, el combate al lavado de activos, la participación ciudadana, el financiamiento político y la evaluación de resultados.
Entre sus propuestas figuran reformas al Código Procesal Penal, fortalecimiento de los órganos de control y justicia, modernización de HonduCompras, publicación de información presupuestaria, transparencia sobre los beneficiarios finales de las empresas contratistas y mecanismos de protección para denunciantes.
También plantea fortalecer la investigación de estructuras complejas de corrupción y mejorar la cooperación internacional para recuperar activos vinculados con actividades ilícitas.
No obstante, una parte importante de estas medidas depende de decisiones que todavía deben adoptarse. Las reformas legales requieren el trámite correspondiente en el Congreso Nacional; el fortalecimiento de las instituciones exige recursos y decisiones administrativas; y los mecanismos de cooperación necesitan acuerdos, responsables y capacidad de ejecución.
El propio instrumento contempla informes periódicos, indicadores de desempeño y evaluaciones externas. A criterio de expertos, estos mecanismos podrían convertirse en herramientas importantes de control público, siempre que se implementen y que sus resultados sean accesibles a la ciudadanía. LB
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