El gobierno de Donald Trump presentó hace unos días un nuevo plan para el combate al narcotráfico en el que México y Colombia aparecen como dos de los países en la mira de Estados Unidos.
Se trata de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas 2026, un documento que publica Washington cada año y que enuncia cuáles son sus objetivos para reducir el tráfico de estupefacientes a su país.
A diferencia de los gobiernos pasados, incluido el primero del propio Trump (2017-2021), la nueva Estrategia da un panorama más agresivo, echando mano de diversas órdenes ejecutivas firmadas desde enero de 2025 y que les dan poder a los brazos armados y de inteligencia para actuar incluso más allá de su territorio.
Dos políticas de Trump son claves: una es la designación de cárteles de la droga como “organizaciones terroristas”, lista en la que están seis cárteles mexicanos y uno colombiano; y la otra es la declaración como “arma de destrucción masiva” del fentanilo, una droga que ha causado decenas de miles de muertes en EE.UU. y que es producida y distribuida por cárteles latinoamericanos.
Con ambas políticas, el gobierno de Trump ha creado un marco legal para actuar en países de origen y tránsito de droga, señalan los analistas.
En la región de América Latina, ya se han visto acciones de EE.UU. bajo este enfoque, siendo el caso más notorio el de Venezuela, donde numerosas embarcaciones fueron atacadas letalmente en el Caribe por presunto narcotráfico durante semanas.
Sin olvidar la detención y “extracción” del presidente Nicolás Maduro en una operación militar quirúrgica en Caracas el pasado 3 de enero.
Si bien esto último es una herramienta extrema, da muestra de cómo el gobierno de EE.UU. busca llevar su política antidrogas en otros países, en especial México y Colombia, como naciones de alta producción y/o tránsito de drogas (y con gobiernos del espectro político opuesto al de Trump).
Pero en México ya han comenzado a destaparse algunos casos, como la reciente muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el estado de Chihuahua, en un operativo antidrogas sin aval del gobierno federal.
“La denominación de ‘terroristas’ a diferentes carteles es lo que le da una justificación legal más profunda”, le explica a BBC Mundo el analista e investigador de seguridad Víctor Sánchez.
“Así se justifican desde la óptica estadounidense operaciones encubiertas como la que vimos recientemente en Chihuahua, o intervenciones de grupos especiales para atacar a personajes como lo que vimos en Venezuela con Nicolás Maduro”, añade.
La Estrategia también eleva las advertencias sobre la rendición de cuentas a gobiernos extranjeros, particularmente a México, Colombia, Canadá, China e India.
Los puntos clave
La Estrategia 2026 plantea objetivos usuales, como la defensa de las fronteras, el combate al lavado de dinero, la lucha contra el comercio ilegal de precursores de droga, entre otros; pero uno de los más llamativos es el relacionado a cómo puede actuar EE.UU. frente a grupos designados como “terroristas”.
La designación, explica el documento, “no es meramente simbólica; constituye un detonante estratégico que replantea el enfoque del gobierno de Estados Unidos, pasando de considerarlo un problema tradicional de aplicación de la ley a una amenaza para la seguridad nacional“.
Para apoyar eso, cita tanto el Título 10 sobre Fuerzas Armadas como el 50 sobre Guerra y Defensa Nacional de los Códigos de EE.UU. para señalar que las fuerzas del país pueden realizar “operaciones antiterroristas” contra las redes criminales más allá de su jurisdicción territorial.
“Este cambio proporciona nuevas y ampliadas competencias para atacar la totalidad de estas redes, incluidos sus sistemas de apoyo financiero y logístico, utilizando todas las capacidades del gobierno de Estados Unidos, incluidas las herramientas diplomáticas, informativas, militares y económicas”, añade.
Además de este cambio clave, también se enfoca en la exigencia a países de producción y tránsito de droga, entre los que apunta a México y Colombia.
Entre algunos de los aspectos más destacados, la Estrategia señala que:
- Colombia debe reducir los cultivos de coca de manera medible, así como desarticular bandas relacionadas al tráfico de cocaína.
- México debe ofrecer resultados en las incautaciones de drogas, en especial las sintéticas como el fentanilo, destruir los sitios de producción y eliminar la capacidad de los carteles “para amenazar el territorio y la seguridad de Estados Unidos a través de sus estructuras de mando y control extraterritoriales”.
La Estrategia también incluye otros puntos que están directamente relacionados con ambos países como puntos de producción y tránsito de estupefacientes:
- Que las bandas nacionales que operan como distribuidores para organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras “serán objeto de ataques y desmantelamiento”.
- Que EE.UU. va a “aprovechar todas las herramientas disponibles en nuestro arsenal” para eliminar a los carteles que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos.
- Que en materia de “rendición de cuentas”, incluirá “a los gobiernos que apoyan a las organizaciones terroristas extranjeras y sus actividades de narcotráfico”.
- También implica “responsabilizar a las naciones de origen y tránsito por su falta de acciones coercitivas contra las empresas químicas que venden fentanilo y otros precursores de drogas sintéticas” a los carteles.
- Los detenidos que sean procesados en EE.UU. serán acusados “no solo por contrabando de drogas y delitos violentos, sino también por terrorismo y facilitación del terrorismo”, lo que elevaría las penas.
- Washington ofrecerá ayuda a los países, “siempre que se obtengan resultados tangibles”.
Estos últimos puntos adquieren mayor resonancia en México por la reciente acusación judicial de EE.UU. contra dos altos cargos en activo -el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, ambos del partido gobernante Morena- que ha sido algo inédito en las relaciones entre ambos países.
El documento también señala en particular a Canadá, China e India como países en los que se genera una parte importante del problema del tráfico de químicos y drogas que llegan a EE.UU.
Pero Sánchez considera que es México el principal objetivo de esta nueva Estrategia: “A final de cuentas, es el flujo que lleva la mayor parte del tráfico de drogas hacia EE.UU”.
“La mayor producción de fentanilo proviene de México; la mayor producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas proviene de México; la cocaína que viene de Colombia, Perú y Bolivia también pasa por México”, apunta.
El hecho de que Trump use la denominación de “terroristas” contra los cárteles, aunado a la declaración de “arma de destrucción masiva” del fentanilo, es el principal apoyo que tienen los departamentos de Defensa, Justicia y las agencias antidrogas y de inteligencia de EE.UU. para actuar bajo la Estrategia.
“La denominación de ‘terroristas’ de diferentes cárteles es lo que le da una justificación legal más profunda. Porque lo que están atacando son a grupos terroristas, no solo a grupos criminales. Por lo que lo vuelve un asunto de seguridad interna”, considera Sánchez.
“No quiere decir que lo vuelva legal en México, pero sí le da un halo de legalidad desde la perspectiva estadounidense”
¿Qué resultados debe haber?
Durante meses, Trump y otros funcionarios han insistido en que las autoridades mexicanas deben dar resultados sobre el combate al narcotráfico y ha ofrecido apoyo de sus fuerzas armadas y de inteligencia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sin embargo, ha dicho que acepta cooperar, pero rechaza la intervención de cualquier fuerza de Washington por un asunto de soberanía nacional.
“Cooperación, coordinación, sin subordinación” ha sido su mensaje constante a Washington.
Qué resultados en específico desea ver Washington de otros países no está detallado en la Estrategia.
En el documento se habla de algunos indicadores y una herramienta: Sistema de Comunicaciones de Incidentes sobre Precursores (PICS).
En ella, las agencias de EE.UU. y los países objetivo -entre ellos México y Colombia- deben reportar los avances y fija una meta a dos años y una más a 2030 sobre eventos de decomiso o destrucción de sitios de elaboración de drogas.
Sin embargo, no hay más detalles sobre cuál es la cuota de los involucrados.
Sánchez considera que “no hay parámetros claros”, o por lo menos no son públicos.
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