La fiscalía de Guatemala emitió órdenes de captura y solicitó la extradición de dos altos funcionarios colombianos.
Son Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, e Iván Velásquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano.
El Ministerio Público guatemalteco los acusa de haber favorecido ilegalmente a la constructora brasileña Odebrecht en un caso de corrupción que se remonta a la pasada década y que habría causado pérdidas millonarias al Estado.
Las acusaciones se remontan al periodo en que Velásquez y Camargo trabajaron en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo creado por la ONU que investigó redes de corrupción en las altas esferas de Guatemala entre 2007 y 2019.
Ambos lideraron investigaciones que llevaron a prisión a expresidentes, ministros, empresarios y altos mandos militares por hechos de corrupción.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el organismo que impulsó las órdenes de arresto, los acusa de haber negociado acuerdos judiciales irregulares con Odebrecht.
No solo el gobierno colombiano sino también el ejecutivo de Bernardo Arévalo en Guatemala -que está enfrentado con la fiscalía- rechazaron las órdenes de detención, al considerar que son arbitrarias y violan acuerdos internacionales.
De qué se los acusa
Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo enfrentan cargos en Guatemala por asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión.
Presentó la acusación este lunes la FECI, una unidad del Ministerio Público guatemalteco dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche.
Curruchiche es la mano derecha de la fiscal general Consuelo Porras. Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei (2020-24).
En este caso, la acusación se centra en la presunta actuación de Velásquez y Camargo durante las negociaciones judiciales con la constructora brasileña Odebrecht, mientras ambos formaban parte de la CICIG.
Según la versión de la FECI, Velásquez -entonces jefe de la CICIG- y Camargo -responsable del área de investigación y litigio estratégico- habrían establecido acuerdos con directivos de Odebrecht sin base legal en el sistema guatemalteco
La fiscalía alega que estos convenios habrían beneficiado indebidamente a la empresa, implicada en una amplia trama de corrupción en América Latina, causando al Estado guatemalteco un daño económico de unos 3,000 millones de quetzales, aproximadamente $390 millones de dólares.
Una de las obras bajo escrutinio es una carretera de 140 kilómetros que, aunque se pagó parcialmente con fondos públicos por unos $255 millones de dólares, nunca fue construida.
A esto se suma a la supuesta falta de transparencia en los acuerdos judiciales, según la acusación de la FECI.
El organismo de la fiscalía afirma contar con entre 3,000 y 4,000 pruebas, entre ellas correos electrónicos fechados en 2017, grabaciones, testimonios y la declaración de un testigo protegido.
Además de Velásquez y Camargo, el documento de los fiscales también señala como acusados a otros exfuncionarios de la CICIG y del Ministerio Público guatemalteco. La lista contiene 26 nombres en total.
Con base en todo lo anterior, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal autorizó este lunes la emisión de órdenes de captura internacionales.
Guatemala solicitó la extradición de ambos y pidió a Interpol la activación de una circular roja para exigir su arresto en cualquier país con fines de extradición.
Cuál fue el rol de Velásquez y Camargo en Guatemala
Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo llegaron a ocupar posiciones clave dentro de la CIGIG, el organismo de la ONU que operó en Guatemala durante más de una década.
Velásquez asumió la dirección de la comisión en 2013, y Camargo encabezó el área de investigación y litigio estratégico entre 2014 y 2017.
Desde sus cargos, ambos lideraron investigaciones que involucraron a expresidentes, ministros, empresarios y altos mandos militares guatemaltecos.
Uno de los casos más emblemáticos fue el conocido como “La Línea”, que derivó en la renuncia y posterior condena del entonces presidente Otto Pérez Molina.
También se abrieron procesos contra otros mandatarios como Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Jimmy Morales, este último acusado de financiamiento electoral ilícito.
Las tensiones entre la CICIG y el gobierno guatemalteco alcanzaron su punto máximo durante el mandato de Morales, cuando en 2017 el entonces presidente intentó expulsar del país a Velásquez.
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