¿Qué Colombia se encontrará el nuevo presidente o presidenta?
Según las encuestas para las elecciones de este domingo, el senador petrista Iván Cepeda, el abogado de derecha Abelardo de la Espriella y la senadora uribista Paloma Valencia son los que tienen más opciones para pasar la segunda vuelta del 21 de junio.
Quien sea que resulte ganador heredará del gobierno de Gustavo Petro un país con menos pobreza y una economía en crecimiento, pero que enfrenta serios retos en materia de seguridad y cuyo sistema de salud tiene a los ciudadanos cada vez más insatisfechos.
Estos son algunos datos que muestran cómo es el país que gobernará quien asuma el cargo el próximo 7 de agosto.
1. Los homicidios no ceden y los grupos armados crecen
Según la más reciente encuesta Colombia Opina de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, el 40,8% de los colombianos considera que el principal problema de Colombia es el orden público.
Es un asunto que los candidatos mismos, en especial de la derecha, han tenido como bandera durante la campaña.
La preocupación de los votantes que registran los sondeos coincide con un deterioro de varios indicadores de seguridad, según las cifras del mismo gobierno.
Los informes muestran un crecimiento de los grupos armados, de los cultivos de coca y de delitos como el secuestro y la extorsión en los últimos años.
El hurto, en sus distintas modalidades, se redujo, aunque los expertos advierten de un gran subregistro.
En 2025, la tasa de homicidios —el indicador que más se suele utilizar para evaluar globalmente la seguridad y comparar países— fue la más alta desde 2021, según datos del ministerio de Defensa.
Y superó la de todos los demás países de América Latina para los que se tienen datos comparables, excepto Ecuador, según el centro de estudios InsightCrime.
A pesar de la desmovilización de más de 13.000 hombres y mujeres armados tras el acuerdo de paz con la guerrilla las FARC en 2016, la tasa de homicidios en Colombia se ha mantenido relativamente estable en los últimos 10 años. Es cuatro veces mayor que el promedio global.
En 2025, 14.000 personas fueron víctimas de homicidios, de las cuales 93% eran hombres. Valle del Cauca, Guaviare y San Andrés fueron los departamentos más afectados.
Informes independientes explican que la violencia y la inseguridad tiene que ver en parte con las disputas por el control territorial y de las rentas ilícitas entre grupos armados.
Acciones como los atentados simultáneos en varios puntos del país en agosto de 2025 y abril de 2026, y el magnicidio del precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe son señales de una violencia que, a pesar de las múltiples transformaciones que ha tenido, no termina.
El Clan del Golfo —que surgió de la desmovilización de los paramilitares durante el gobierno de Uribe—, el ELN —una histórica guerrilla que nació en los 60 y ahora opera entre Colombia y Venezuela— y las distintas disidencias de las FARC que surgieron tras el acuerdo de 2016 son los principales jugadores en una serie de luchas de poder regionales por el control de negocios como el narcotráfico y la minería ilegal.
El gobierno de Petro se sentó a negociar con todos estos grupos como parte de su política de paz total.
Pero ni esas negociaciones, la mayoría de las cuales se levantaron sin haber llegado a ningún acuerdo, ni las operaciones militares que se intensificaron desde mediados del periodo de Petro lograron frenar la expansión armada.
Según la Fundación Ideas para la Paz, en 2025 aumentaron las disputas territoriales y creció el desplazamiento.
Según la Fundación CORE, todos los grupos armados organizados menos uno se fortalecieron militar, económica y políticamente entre 2018 y 2025.
En conjunto, los grupos armados organizados en Colombia alcanzan actualmente una cifra de hombres armados similar a la que se desmovilizó tras el acuerdo de 2016, de acuerdo con el conteo que hace la Fuerza Pública.
2. Más coca, más incautaciones
El fortalecimiento de los grupos armados está relacionado con el narcotráfico, aunque este no sea su único negocio.
Por años, el área cultivada de coca ha sido uno de los principales indicadores para evaluar los resultados de la lucha contra el narcotráfico, que tiene una importancia central en la relación de Colombia con EE.UU.
Esa cifra, en el último informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, estaba en su máximo histórico.
En 2023, más de 252.000 hectáreas del territorio nacional estaban sembradas con coca, unas seis veces la extensión de Medellín.
Tras la publicación de ese dato, la lucha de Colombia contra el narcotráfico fue descertificada por el gobierno de EE.UU. El Departamento de Estado calificó como “desastrosas e ineficaces” las políticas antidrogas del gobierno de Petro.
El presidente argumentó que Naciones Unidas cometió errores metodológicos que sobreestimaron la producción potencial de cocaína de Colombia.
“El gobierno de Trump nos descertificó sobre la base de esta trampa, de esta mentira”, señaló el mandatario colombiano en octubre.
En un comunicado, UNODC reconoció que sus datos de producción potencial “son limitados para tener un panorama más preciso”.
La discusión entre el gobierno y la ONU sobre la metodología retrasó la publicación de los datos de 2024 no solo de producción potencial de cocaína, sino también de hectáreas cultivadas, por lo cual no se conocen cifras que den cuenta de los resultados de la política antidrogas de Petro durante la mayor parte de su mandato.
El presidente, sin embargo, subraya que las incautaciones de cocaína aumentaron significativamente durante su gobierno. En 2025, rozaron el millón de toneladas y superaron en 47% las de 2021, el mejor año del gobierno de su antecesor, Iván Duque.
Algunos expertos especulan que puede haber más incautaciones simplemente porque hay más cocaína.
Al tiempo, la erradicación cayó drásticamente durante el gobierno de Petro: pasó de 103.257 hectáreas en 2021 a 8.051 en 2025.
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