El director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, consideró que el requerimiento fiscal presentado contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y los integrantes de la comisión permanente debe avanzar conforme a los procedimientos judiciales y permitir que se deduzcan las responsabilidades que correspondan.
Sostuvo que desde el año anterior habían cuestionado las decisiones relacionadas con la conformación y las actuaciones de la comisión permanente, particularmente por considerar que sus integrantes se extralimitaron en las atribuciones que les confería la Constitución de la República.
“Que se haya presentado el requerimiento fiscal el día de hoy no sorprende; es un requerimiento que se le tiene que dar trámite”, manifestó.
Expresó su expectativa de que el Ministerio Público haya construido un caso sólido que permita avanzar más allá de la audiencia inicial y determinar las posibles responsabilidades penales.
Señaló que la gestión legislativa del Congreso anterior estuvo marcada por la negligencia y la falta de asertividad.
En ese sentido, sostuvo que el proceso judicial constituye una consecuencia de las decisiones adoptadas durante ese período.
“Los imputados que se presenten voluntariamente deberán someterse a las diligencias judiciales correspondientes, incluida la audiencia de declaración de imputado y, posteriormente, la audiencia inicial”, manifestó.
Añadió que el juez deberá resolver conforme a los elementos presentados y determinar si dicta auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo.
En caso de que el proceso continúe, podría avanzar hasta la etapa de juicio oral y público.
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