En caso de aprobarse una propuesta de reglamento de la administración Trump, presentada el mes pasado, el Servicio Postal (USPS) podría ser utilizado de manera legal para enviar por correo pistolas y revólveres a cualquier persona en el territorio estadounidense.
La asistencia ofrecida por organismo federal independiente de la división ejecutiva del gobierno probablemente se reglamentaría exigiendo tener descargadas las armas y que sean embaladas de manera segura. Sin embargo, eso no limita el riesgo de que puedan terminar en manos de la delincuencia o de personas consideradas peligrosas.
Antes de realizar cualquier cambio en sus normas sobre armas de fuego cortas, el USPS decidió analizar a detalle las implicaciones que podría tener dedicarse a entregar armas como si se tratará de correspondencia.
Desde hace 99 años, con el objetivo de frenar a la delincuencia mediante una ley, se le prohibió al USPS enviar por correo armas de fuego ocultables a menos que provinieran de distribuidores autorizados.
No obstante, en enero, el Departamento de Justicia (DOJ) revisó la ley aprobada por el Congreso casi un siglo atrás y llegó a la conclusión de que dicho posicionamiento resultaba inconstitucional.
Bajó dicho enfoque se instó al USPS a modificar su normativa en lo posible.
“La Segunda Enmienda le impide negarse a enviar armas de fuego protegidas constitucionalmente a ciudadanos respetuosos de la ley y recibirlas de ellos, incluso si no son fabricantes o distribuidores autorizados”, indicó el DOJ a través de un comunicado.
Sin embargo, los fiscales generales de cerca de 20 estados enviaron una carta donde le pidieron al USPS retirar su norma propuesta, pues conlleva una carga adicional para los presupuestos estatales ya que implica crear una nueva estructura de seguimiento para contabilizar las armas de fuego enviadas por correo.
“Facilitaría el acceso a las armas de fuego a delincuentes y maltratadores. Sería una bofetada para las víctimas de la violencia armada y las fuerzas del orden”, escribió en redes sociales Aaron Ford, fiscal general de Nevada.
Con un enfoque similar, Rob Bonta, fiscal general de California, emitió un comunicado donde advierte sobre el riesgo de utilizar al USPS para desplazar pistolas a través del país.
“No podemos ignorar las peligrosas consecuencias de esta norma propuesta, que podría permitir que personas con antecedentes penales obtengan armas sin verificación de antecedentes ni respeto a las leyes estatales sobre armas de fuego.
Esta laguna legal irresponsable ignora flagrantemente la seguridad pública y supondría una carga directa para los recursos estatales”, puntualizó.
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