¿Cuánto dinero público absorben las asistencias técnicas en la Secretaría de Educación? ¿Quiénes ocupan esas plazas, bajo qué criterios fueron nombrados, qué productos entregan y quién verifica que su trabajo produzca cambios reales en las escuelas? Detrás de esas preguntas se levanta una de las discusiones más sensibles del sistema educativo hondureño: una figura legal en el papel, pero cuestionada por su opacidad, su costo y su posible uso como mecanismo de privilegio político.
– Más de cinco mil plazas bajo sospecha de privilegio político.
Las asistencias técnicas volvieron al centro del debate educativo en Honduras en medio de cuestionamientos por el gasto que representan para el Estado, la forma en que son asignadas y el contraste con miles de docentes que continúan esperando una plaza frente a las aulas.
Según datos públicos compartidos a inicios de año, los asistentes técnicos suman alrededor de 5 mil 200, una cifra que refleja una acumulación estructural que ha sobrevivido a varias administraciones y que hoy vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión del recurso humano en Educación.
En teoría, las asistencias técnicas existen para acompañar a los docentes, fortalecer sus capacidades en el contexto de cada centro educativo y facilitar la gestión escolar en áreas como lectoescritura, matemáticas, tecnología, disciplina, convivencia, evaluación y género. En la práctica, sin embargo, dirigentes magisteriales y organizaciones de sociedad civil advierten que esa finalidad se ha desdibujado en muchos casos.
El mecanismo arrastra debilidades estructurales: falta de coordinación, perfiles profesionales poco definidos, escasa continuidad del personal, limitaciones presupuestarias y seguimiento insuficiente.
Por eso, la asistencia técnica no siempre se traduce en apoyo efectivo dentro del aula ni en mejoras comprobables en lectura, matemáticas, permanencia escolar o aprendizaje. La crítica más severa apunta a que parte de esas plazas habría sido ocupada por políticos, allegados o parientes de políticos, incluso sin reunir los requisitos mínimos, y en centros educativos elegidos por conveniencia personal.
En contraste con la cifra oficial divulgada, el dirigente magisterial de Francisco Morazán, Gian Carlo Yanes, estima que el universo podría ser mayor y rondar las 6,000 personas a nivel nacional bajo esta modalidad.
Yanes, líder gremial del Colprosumah, explicó a Proceso Digital que las asistencias técnicas no son una figura reciente, sino una práctica que, con distintos niveles de utilización, ha estado presente durante varios gobiernos.
“Las asistencias técnicas se han dado en todos los gobiernos, tanto nacionalistas, gobiernos liberales y el gobierno de Libre”, afirmó. Según recordó, estas empezaron a utilizarse hace más de dos décadas.
El problema, sostuvo, no es únicamente la cantidad de nombramientos ni el partido que los otorgó en determinado momento, sino la normalización de una modalidad que, sin controles suficientes, puede convertirse en refugio administrativo para personas vinculadas al poder.
Una figura legal, pero bajo cuestionamiento
Yanes no sostiene que todas las asistencias técnicas sean ilegales. Al contrario, reconoce que pueden existir dentro del marco legal siempre que quienes las ocupen cumplan los requisitos establecidos y desempeñen funciones que realmente contribuyan al sistema educativo.
Entre esos requisitos, señaló, figuran los años de experiencia en educación y la formación de posgrado, ya sea maestría o doctorado.
El cuestionamiento surge cuando esa figura administrativa deja de responder a una necesidad técnica y pasa a operar, según el dirigente, como un mecanismo de beneficio político o personal.
“Mientras las asistencias técnicas puedan servir para el desarrollo del sistema educativo, no hay problema, pero cuando son asistencias técnicas, por compadrazgo o política, ahí nosotros ya tenemos un problema”, sostuvo.
Yanes afirmó que históricamente estos puestos han sido ocupados por personas que tuvieron cargos dentro de la Secretaría de Educación, incluidos exministros y viceministros, además de personas cercanas a los dirigentes.
También cuestionó que, mientras miles de docentes permanecen sin plaza, recursos públicos sean destinados a puestos con remuneraciones elevadas que, según su denuncia, no siempre responden a las prioridades del sistema, especialmente a la necesidad de crear nuevas plazas docentes frente a los estudiantes.
Por su parte, el dirigente Onán Cálix ejemplificó el impacto económico que, a su juicio, provoca el uso indebido de esta figura. Según sus cálculos, solo el salario de 200 asistencias técnicas, con un promedio individual cercano a los 73 mil lempiras mensuales, representaría más de 175 millones de lempiras al año.
A su juicio, esos recursos permitirían contratar entre 800 y 1,000 docentes, una comparación que vuelve más sensible el debate en un país donde muchas aulas operan con sobrecarga estudiantil.
¿Quiénes gozan de las asistencias técnicas?
La pregunta sobre los beneficiarios de estas plazas sigue abierta. La falta de información completa impide establecer con precisión quiénes ocupan los cargos, qué funciones cumplen y si su desempeño está siendo comprobado por la autoridad educativa.
Yanes sostiene que la práctica ha permitido que personas que ocuparon posiciones de poder dentro de Educación posteriormente accedan a este tipo de nombramientos.
También señaló que, durante el último gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre), diversos militantes partidarios reconocidos recibieron este tipo de beneficios. Entre los nombres mencionados por el dirigente figuran el diputado Edgardo Casaña y el exministro de Educación Daniel Sponda pero la lista es amplia.
El señalamiento, sin embargo, no implica que todas las personas que ocupan una asistencia técnica carezcan de las capacidades requeridas.
El propio dirigente plantea una distinción: si la persona cumple los requisitos y realiza una función necesaria, la asistencia técnica puede justificarse; si se utiliza para favorecer a determinadas personas, debe ser revisada y cancelada.
No descartan nuevos nombramientos
Yanes explicó que todavía es prematuro establecer si el actual gobierno realizará nuevos nombramientos de asistentes técnicos, pues este tipo de decisiones suele concretarse cuando la Secretaría de Educación ya ha consolidado su estructura interna.
“Las asistencias técnicas, por lo general, se comienzan a dar luego de que se consolide la Secretaría de Educación”, señaló.
De igual forma, indicó que históricamente estas asignaciones suelen abordarse hacia el final de los períodos presidenciales.
No obstante, consideró que cualquier decisión sobre estas plazas debería estar precedida por una práctica institucional transparente, con criterios públicos, funciones definidas y mecanismos de evaluación verificables.
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