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Destapan golpe al caso de ambientalista Juan López en el juicio político a fiscal Zelaya

Tegucigalpa – Una nueva sacudida para el Ministerio Público. En medio del proceso ante la Comisión Especial del Congreso Nacional para el juicio político contra el suspendido fiscal general, Johel Zelaya, salió a la luz la suspensión de una fiscal clave que llevaba un caso emblemático vinculado al asesinato del ambientalista Juan López, desatando denuncias de persecución interna, manipulación de requerimientos fiscales y graves violaciones laborales.

El testimonio del auxiliar fiscal Fabricio Perdomo sorprendió no solo a los diputados de la comisión sino a la población expectante. Con cinco años en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, Perdomo aseguró que existe un patrón sistemático de represalias contra fiscales de carrera que se niegan a acatar instrucciones irregulares o simplemente porque fueron nombrados por anteriores autoridades.

“Desde el punto de vista laboral, sí ha cometido violaciones graves y directas”, afirmó Perdomo al ser consultado sobre si Johel Zelaya incurrió en delitos como titular del Ministerio Público.

Suspensión en caso clave

El punto más delicado de su declaración giró en torno a la fiscal anticorrupción de La Ceiba, Claudia Zenaida Paz Hernández, quien —según relató— fue removida tras negarse a presentar un requerimiento fiscal “suavizado” en un caso que involucraba al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y conexiones con el asesinato de Juan López.

Perdomo afirmó que fue testigo directo en la audiencia de descargo de la fiscal, donde se evidenció que ella pretendía presentar acciones penales con órdenes de captura que posteriormente fueron eliminadas en un nuevo requerimiento.

“Se negó a presentar un documento alterado (suavizado), y como consecuencia fue sometida a un proceso administrativo”, denunció.

El testimonio del fiscal fue avalado por la propia fiscal Claudia Zenaida Paz Hernández, quien confirmó haber recibido amenazas y ser removida de su cargo tras negarse a firmar un requerimiento fiscal distinto al que había elaborado.

El caso en cuestión involucraba al exalcalde de Tocoa, Adán Funes, lo que añade un componente político y de alto perfil a sus declaraciones.

Denuncias de persecución interna

El auxiliar fiscal sostuvo que estos hechos no son aislados. Aseguró que múltiples funcionarios del Ministerio Público han sido degradados, trasladados o suspendidos sin justificación, en lo que calificó como una “persecución sistemática”, y él es testigo porque lo vivió en carne propia y tiene todas las pruebas documentales, afirmó.

Según su testimonio, estas acciones habrían sido impulsadas sólo por haber sido nombrados por el exfiscal Daniel Arturo Sibrián Bueso, y muchos han sido víctimas de un esquema de presiones activas y pasivas para forzar su salida por ser considerados fiscales incómodos.

Violaciones legales y constitucionales

Perdomo presentó documentación ante la comisión, incluyendo un reclamo administrativo interpuesto el 6 de enero de 2025, en el que denuncia violaciones al artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo, así como a los artículos 321, 322 y 323 de la Constitución de la República.

Además, alegó que se han vulnerado derechos laborales protegidos por el Convenio 102 de la OIT y los artículos 127 y 128 constitucionales, relacionados con la estabilidad en el empleo.

Caso en manos de la Corte Suprema

El expediente administrativo vinculado a la fiscal Claudia Zenaida Paz Hernández ya fue elevado ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras, donde se encuentra en curso una demanda contencioso-administrativa que, según Perdomo, contiene pruebas de las presiones ejercidas.

Escala la crisis institucional

Las revelaciones elevan la tensión en torno al juicio político contra Johel Zelaya, al tiempo que profundizan la crisis interna del Ministerio Público, ahora con testimonios claros por supuestos abusos de poder, manipulación de procesos y persecución contra fiscales que investigaban casos sensibles.

La Comisión Especial del Congreso deberá ahora valorar si estos testimonios constituyen elementos suficientes para avanzar en responsabilidades que lleven a la destitución definitiva del fiscal Zelaya, en un episodio histórico y de los más polémicos en el sistema de justicia hondureño.