Siete testigos en juicio político contra Johel Zelaya, exponen denuncias de abusos, amenazas y “justicia selectiva”

Tegucigalpa- La Comisión Especial del Congreso Nacional encargada del juicio político contra el suspendido fiscal general Johel Zelaya escuchó este día a siete testigos en audiencia pública, cuyas declaraciones fueron calificadas como reveladoras, conmovedoras y determinantes para el proceso investigativo.

Los testimonios expusieron presuntas irregularidades en procesos judiciales, abusos laborales dentro del Ministerio Público y señalamientos de persecución selectiva, configurando un escenario que podría influir directamente en el futuro del funcionario.

Señalamientos en proceso electoral

El primero en comparecer fue Raúl Amílcar Rivera Montoya, empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien denunció haber sido responsabilizado injustamente por retrasos en la entrega de urnas durante las elecciones del 30 de noviembre.

Según explicó, los problemas logísticos fueron mal atribuidos y afectaron su imagen pública.

“Hubo un problema de distribución de maletas. Los choferes recibían órdenes de las Fuerzas Armadas para quedarse detenidos”, declaró.

Además, aseguró que Johel Zelaya se habría negado a proporcionarle documentación clave para su defensa.

Testimonio desde arresto domiciliario

Vía Zoom compareció Antonio Kattán, quien guarda arresto domiciliario tras ser acusado de planear el asesinato del expresidente Manuel Zelaya.

Kattán cuestionó el proceso en su contra, calificándolo de irregular, y aseguró que su vida y la de su familia han sido profundamente afectadas.

“Todo cambió por un error de la justicia”, manifestó en su intervención.

Denuncias desde el Ministerio Público

El fiscal auxiliar Fabricio Perdomo fue contundente al señalar que el fiscal general ha incurrido en faltas graves.

“Desde el punto de vista laboral, sí ha cometido violaciones graves y directas”, afirmó ante la comisión.

A estas declaraciones se sumó el testimonio de Dennis Emilio Hércules Rosa, quien denunció haber sido sometido a un proceso sin garantías legales por supuestos delitos vinculados a las elecciones primarias de 2025.

Según indicó, las acusaciones carecían de sustento y responden a una “justicia selectiva”.

“Se nos acusó sin pruebas sólidas, mientras otros responsables no fueron investigados”, señaló.

Uno de los testimonios más delicados fue el de la fiscal Claudia Zenaida Paz Hernández, quien denunció haber recibido amenazas y ser removida de su cargo tras negarse a firmar un requerimiento fiscal distinto al que había elaborado.

El caso en cuestión involucraba al exalcalde de Tocoa, Adán Funes, lo que añade un componente político y de alto perfil a sus declaraciones.

Por su parte, el fiscal Ricardo Adolfo Zavala expuso presuntos abusos laborales y persecución contra personal del Ministerio Público, señalando irregularidades en traslados, sanciones y decisiones administrativas.

Las comparecencias de los siete testigos dejan al descubierto un patrón de denuncias que van desde irregularidades administrativas hasta posibles violaciones a derechos fundamentales, en medio de un proceso que mantiene en vilo al sistema de justicia hondureño.

La Comisión Especial deberá ahora analizar el peso de estos testimonios para determinar si existen méritos suficientes para avanzar en la destitución definitiva contra Johel Zelaya, en un histórico juicio político.