Gabriela Castellanos: “El costo del clientelismo político lo termina pagando la ciudadanía”

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, advirtió que Honduras no enfrenta únicamente una crisis financiera, sino las consecuencias acumuladas de una práctica política que ha distorsionado la naturaleza del empleo público.

–En su análisis, subrayó que cuando el ingreso al servicio público no responde al mérito ni a concursos transparentes, sino a lealtades partidarias, el despido posterior suele darse bajo la misma lógica. Y cuando esos despidos no respetan el debido proceso ni las garantías laborales, la consecuencia natural es la judicialización.

En su acostumbrada columna “Disculpen mi castellano”, titulada “El costo del clientelismo político”, Castellanos señaló que el Estado ha sido utilizado históricamente como una extensión de la maquinaria partidaria, “cual si fuera premio por pegar afiches”, convirtiendo el empleo público en un mecanismo de recompensa política.

La titular del CNA sostuvo que en las últimas semanas se han conocido cifras sobre el aumento de embargos judiciales derivados de demandas laborales contra el Estado. Aunque indicó que los números deben analizarse con rigurosidad y transparencia, aseguró que el fenómeno no es nuevo.

“Cada transición gubernamental viene acompañada de olas de despidos que posteriormente terminan judicializándose. Esto finaliza convirtiéndose en la factura de un sistema que usa nóminas fantasmas para comprar lealtades, que desnaturaliza la administración pública y que prioriza cuotas partidarias sobre el mérito, la eficiencia y la decencia”, expresó.

Castellanos recordó que este hábito no es exclusivo de una administración en particular, sino el resultado de décadas de prácticas arraigadas. Señaló que el histórico bipartidismo, representado por el Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal de Honduras, instauró una cultura de cuotas y reparticiones que debilitó la profesionalización del servicio civil. Asimismo, apuntó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) también ha enfrentado cuestionamientos sobre contrataciones masivas sin procesos competitivos claros.

La directora del CNA añadió que la justicia laboral —que calificó como lenta y morosa— ha acumulado deudas que derivan en embargos a la Caja Única del Tesoro, como ha ocurrido en Olancho y Choluteca, afectando sectores críticos como salud, educación, seguridad e infancia.

En su análisis, subrayó que cuando el ingreso al servicio público no responde al mérito ni a concursos transparentes, sino a lealtades partidarias, el despido posterior suele darse bajo la misma lógica. Y cuando esos despidos no respetan el debido proceso ni las garantías laborales, la consecuencia natural es la judicialización.

“Los trabajadores que demandan al Estado no son adversarios del interés público; ejercen derechos reconocidos en la Constitución y en la legislación laboral. La verdadera vergüenza recae en quienes utilizan la nómina estatal como instrumento político y luego trasladan el costo financiero de esa práctica a la ciudadanía”, afirmó.

Castellanos consideró que el debate en el Congreso Nacional de Honduras, incluida la discusión sobre la denominada Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, debería ir más allá de medidas administrativas para reprogramar pagos o redirigir embargos.

“Esas acciones pueden aliviar los síntomas, pero no corrigen la causa estructural”, advirtió.

Finalmente, planteó que la raíz del problema exige reformas profundas, como el fortalecimiento real del régimen de servicio civil, la implementación de concursos públicos verificables, la modernización de la jurisdicción laboral para evitar la mora excesiva y la transparencia sobre el volumen real de litigios y su impacto fiscal.

“Honduras no está ante una bomba súbita, sino ante un desgaste progresivo. La pregunta no es si habrá demandas laborales; siempre las habrá. La pregunta es si seguiremos permitiendo que el Estado funcione como una agencia de empleo electoral o si, finalmente, asumiremos que la estabilidad institucional comienza por profesionalizar la administración pública”, concluyó.