El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), emitió un pronunciamiento este en el que cuestiona el procedimiento de aprobación de una reforma al artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo 282-2010, aprobada recientemente por el Congreso Nacional y que modifica las atribuciones administrativas en el Poder Judicial.
Según el CNA, esta modificación no es un ajuste menor a una disposición secundaria, sino que impacta directamente en la organización del Poder Judicial y en el régimen de atribuciones constitucionales.
El contexto de esta reforma se remonta a la reforma constitucional de 2010, ratificada en 2011, que buscó rediseñar el sistema judicial mediante la creación del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
El artículo transitorio en cuestión reguló provisionalmente las competencias administrativas durante la transición hacia estos órganos.
Sin embargo, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura en 2016, Honduras aún no cuenta con una normativa que active plenamente este mecanismo de contrapesos internos en el Poder Judicial.
El CNA argumenta que tratar la reforma bajo el procedimiento de leyes ordinarias —en lugar del rígido proceso de reforma constitucional, que requiere ratificación en la siguiente legislatura— genera dudas sobre su validez. Esto podría abrir la puerta a impugnaciones ante la Corte Suprema de Justicia, que se vería obligada a pronunciarse sobre cambios que afectan su propia estructura, creando incertidumbre jurídica innecesaria.
En su comunicado, el organismo enfatiza que la estabilidad institucional exige una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, resultado de un debate amplio, técnico y participativo.
Advierte que reformas indirectas a disposiciones transitorias debilitan la rigidez constitucional, la seguridad jurídica y la confianza en el Estado de derecho. El CNA urge al Congreso a asumir esta responsabilidad para cumplir el mandato constitucional pendiente desde 2011.(IR)
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