Hace poco más de un mes el Gobierno presentó la creación del Comisionado Presidencial para la Transparencia, cargo clave para liderar estrategias para fortalecer la lucha contra la corrupción, pero el funcionario aún no ha sido nombrado y su perfil sigue en análisis.
El ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, explicó que el Ejecutivo mantiene consultas con distintos sectores antes de tomar una decisión y el proceso continúa en una etapa de socialización y construcción del perfil que deberá reunir la persona que asumirá el cargo.
«Estamos en una etapa de preparativo, de socialización; una etapa donde el presidente Asfura, está hablando con diferentes sectores para que se defina el perfil que va a tener esta persona», manifestó el funcionario.
Sin embargo, la demora ha generado cuestionamientos entre expertos en transparencia. El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, advirtió que el país necesita una instancia que coordine la política anticorrupción desde el Poder Ejecutivo, especialmente en momentos en que se discuten cambios en las instituciones encargadas de investigar estos delitos.
«Se está hablando de suprimir varias fiscalías que luchan contra la corrupción en el Ministerio Público. También se plantea fortalecer el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero la pregunta es quién coordina y quién está vigilando de manera preventiva desde el Ejecutivo. Por eso se requiere el nombramiento del Comisionado Presidencial para la Transparencia», señaló Hernández.
A las críticas se suman dudas sobre el alcance y las competencias que tendrá el nuevo funcionario. En respuesta, Argueta afirmó que el Gobierno ya cumplió con el primer paso al crear el marco jurídico del cargo y que posteriormente se desarrollará su reglamentación.
«Se publicó la creación del funcionario y su perfil; ese es el marco jurídico. Primero se crea el marco jurídico y luego viene su reglamentación», expresó.
El cargo fue creado mediante el Decreto Ejecutivo PCM-011-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta el 9 de junio de 2026. La normativa establece que el Comisionado Presidencial para la Transparencia será la autoridad encargada de ejercer la rectoría política, la coordinación estratégica y la interlocución nacional e internacional en materia anticorrupción, con plena autonomía funcional.
Asimismo, el decreto crea el Mecanismo Nacional de Coordinación Anticorrupción (MNCA), una instancia de articulación técnica e interinstitucional que estará bajo la conducción del Comisionado Presidencial para la Transparencia.
Mientras el Gobierno insiste en que el proceso de selección continúa, persisten las expectativas sobre el nombramiento del funcionario que deberá liderar la coordinación de la política anticorrupción del Ejecutivo
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