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Sin reformas integrales seguirá crisis eléctrica, advierte Sendas

En el país se necesitan reformas integrales, caso contrario no se romperá el ciclo de crisis que por décadas viene enfrentando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

En ese sentido se advierte que Honduras atraviesa una crisis estructural en su sistema eléctrico marcada por pérdidas récord de energía, una deuda creciente, deficiencias en la calidad del servicio y una limitada capacidad de inversión, según un informe presentado por el centro de pensamiento Sendas Think Tank junto a especialistas del sector energético.

El documento, titulado “Una ley más o la reforma eléctrica que Honduras necesita”, advierte que el país registra las mayores pérdidas eléctricas de Centroamérica y que el sector opera en una dinámica que profundiza simultáneamente el déficit financiero, el endeudamiento y el deterioro del servicio.

De acuerdo con el estudio, durante 2025 cerca del 38 % de la energía generada no fue facturada, lo que representó pérdidas superiores a los 500 millones de dólares, atribuidas principalmente al hurto, fraude y fallas en la distribución.

Honduras con los apagones más prolongados en la región

El informe también detalla un severo deterioro en la continuidad del servicio eléctrico. Un usuario promedio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) acumuló en 2025 unas 165 horas sin suministro, equivalentes a casi siete días completos sin energía, distribuidos en 82 interrupciones durante el año.

La comparación regional evidencia una marcada brecha: mientras Honduras registró 165.5 horas de interrupciones, en El Salvador el promedio fue de apenas 8.7 horas anuales.

Según el análisis, en mención estas fallas impactan directamente en la productividad de empresas y hogares, elevan los costos operativos y reducen la competitividad del país para atraer inversión.

Un déficit financiero insostenible

Sendas señala que la ENEE compra energía que no logra recuperar mediante la facturación o el cobro efectivo, lo que genera déficits permanentes financiados mediante endeudamiento.

La deuda acumulada del sector eléctrico alcanzó los 4,500 millones de dólares en abril de 2026, cifra equivalente a una cuarta parte de la deuda del Sector Público No Financiero y al 11 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, la mora con generadores privados ronda los diez meses de facturas vencidas, mientras las cuentas por pagar a proveedores superan los 920 millones de dólares.

Asimismo, el informe indica que el 63 % de las pérdidas eléctricas son de carácter no técnico, vinculadas al hurto de energía, fraude y errores de medición.

Para el caso se dio a conocer en el estudio que la Región Noroccidental concentra el 60 % de la energía no facturada, mientras el departamento de Cortés representa el 41 % del total nacional de pérdidas.

Asimismo, la estatal mantiene una mora acumulada de 756 millones de dólares por energía facturada pero no cobrada, de los cuales el 87 % corresponde a atrasos superiores a 120 días.

Dependencia de compras de emergencia a alto costo

El estudio también advierte que la matriz energética sigue fuertemente atada a combustibles derivados del petróleo, lo que incrementa la vulnerabilidad ante la volatilidad de los precios internacionales.

De igual manera se cuestiona la baja utilización de procesos competitivos en la contratación de generación eléctrica y señala una dependencia de compras de emergencia y del mercado de oportunidad, generalmente más costosos.

En 2025, el 33 % de la energía adquirida provino del mercado de oportunidad, pero representó el 42 % del costo total de abastecimiento.

El déficit anual de la estatal equivale a casi cinco veces el presupuesto de medicamentos y material médico, 14 veces el presupuesto de becas y ayudas sociales, y permitiría financiar aproximadamente 489 kilómetros de carretera de concreto hidráulico.

El informe estima además que cerca de 830 mil hondureños aún no tienen acceso al servicio público de energía eléctrica, principalmente en zonas rurales y sectores de bajos ingresos.

El centro de pensamiento concluye que la solución no se limita a reestructurar la ENEE ni a debatir la privatización del sistema, sino a modificar los incentivos que han perpetuado la crisis.

Entre las recomendaciones destacan fortalecer la gobernanza y blindarla de la interferencia política, sanear la situación financiera, garantizar la continuidad del suministro, promover la competencia en la contratación de energía y asegurar liderazgo político sostenido para implementar los cambios.

El informe concluye con una advertencia más contundente: si Honduras no ejecuta una transformación estructural profunda y sostenida en su sistema eléctrico, el país seguirá atrapado en un círculo de pérdidas millonarias, endeudamiento creciente y un servicio cada vez más inestable, donde la crisis energética dejará de ser un problema sectorial para convertirse en un freno permanente al desarrollo nacional y a la competitividad económica.