El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo este jueves, en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank, entidad con la que mantuvo vínculos empresariales antes de asumir el poder.
La decisión se produjo después de varios días de cuestionamientos contra su administración, protestas por la situación de los ahorristas y el avance de iniciativas legislativas para impulsar un juicio político en su contra.
En un mensaje grabado y difundido a través de redes sociales, Peña reconoció la gravedad del momento y ofreció disculpas a la ciudadanía.
“Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, expresó el mandatario.
La renuncia representa un giro en la crisis institucional paraguaya, que pasó de tener como centro los problemas financieros de una entidad bancaria a convertirse en un cuestionamiento directo al Gobierno y a los vínculos del presidente con el sector empresarial.
Problemas de solvencia en Ueno Bank
El origen inmediato de la controversia fue la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay, después de que la entidad presentara problemas de solvencia que comprometieron su operación.
La situación afectó a millones de clientes, quienes enfrentaron dificultades para acceder a sus cuentas y depósitos. La dimensión del problema también encendió las alarmas por los recursos de instituciones públicas y fondos previsionales que se encontraban depositados en el banco.
Ueno Bank acumulaba más de 2.9 millones de clientes y depósitos por alrededor de $2,800 millones de dólares. Entre los recursos comprometidos figuraban cerca de 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS).
La intervención de la autoridad monetaria abrió cuestionamientos sobre la supervisión financiera, las operaciones crediticias de la institución y sus relaciones con empresas vinculadas a sus accionistas.
Sus vínculos empresariales
Uno de los principales elementos de la crisis fue la relación anterior de Santiago Peña con Ueno Holding, conglomerado empresarial relacionado con la entidad financiera.
El mandatario había tenido participación accionaria en la sociedad controladora, pero se desprendió de sus acciones en marzo de 2025, según los antecedentes publicados por medios paraguayos.
Sin embargo, los cuestionamientos no desaparecieron. Legisladores opositores señalaron posibles conflictos de intereses y pidieron investigar las decisiones gubernamentales relacionadas con el banco, incluidos los depósitos de recursos públicos.
Las acusaciones también alcanzaron la actuación de los organismos reguladores y la utilización de fondos del sistema previsional.
La crisis financiera se convirtió rápidamente en un problema político para Peña. Legisladores impulsaron un proceso de juicio político y la presión aumentó conforme se sumaron cuestionamientos desde distintos sectores.
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