La Procuraduría General de la República (PGR), informó este lunes que la adhesión a los mecanismos establecidos en la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, contenida en el Decreto No. 17-2026, es de carácter estrictamente voluntario para las personas naturales y jurídicas que mantienen demandas contra el Estado de Honduras.
– La institución reitera que la decisión de acogerse a esta ley corresponde exclusivamente a la voluntad de cada parte involucrada, en apego al respeto de sus derechos y garantías legales.
A través de un comunicado oficial emitido en Tegucigalpa, la institución aclara que acogerse a esta normativa no constituye una obligación, sino una alternativa legal diseñada para facilitar soluciones consensuadas en los procesos judiciales en curso.
Según la PGR, el principal objetivo de esta ley es promover la conciliación en las demandas interpuestas contra el Estado mediante mecanismos ágiles y eficientes. Con ello, se busca alcanzar acuerdos entre las partes y evitar la prolongación de litigios en los tribunales.
El ente estatal destacó que este enfoque pretende generar mayor certeza jurídica, reducir los costos procesales y contribuir a una gestión más eficiente de los recursos públicos, en un contexto donde múltiples casos legales implican cargas económicas para el Estado.
El comunicado subraya que la implementación de estos mecanismos de conciliación podría representar beneficios económicos importantes para el país, al disminuir gastos derivados de intereses, costas judiciales y eventuales condenas.
La PGR también considera que esta herramienta puede fortalecer la sostenibilidad fiscal, permitiendo redirigir recursos hacia áreas prioritarias vinculadas al desarrollo humano.
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