La Fiscalía tras las huellas del general Hernández por socavar la libertad de expresión

El Ministerio Público ha anunciado el inicio de pesquisas en contra del exjefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas y ex ministro de la Defensa, el general en retiro, Roosevelt Hernández, por los ataques, persecución y amenazas en contra de los periodistas, los medios de prensa y la libertad de expresión hechas durante su gestión, según denuncias interpuestas en su contra ante ese ente del Estado.

La Fiscalía ha solicitado a un tribunal de justicia la juramentación de un perito que se encargue de analizar información relacionada con denuncias interpuestas por periodistas en contra del exjerarca castrense Hernández, quien usó fondos públicos a través de los medios de las Fuerzas Armadas para generar campañas sistemáticas de ataques y amenazas, al grado de llamarlos “sicarios de la verdad” por cuestionar las ejecutorias castrenses durante el pasado proceso electoral para elegir un nuevo gobierno.

Los portavoces del Ministerio Público indicaron que estas acciones que se han solicitado es parte de un proceso investigativo que ha iniciado la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, como parte de las denuncias que han sido interpuestas por periodistas y organismos defensores de la libertad de expresión por los excesos del general, ahora en retiro, Roosevelt Hernández.

Hoy que Roosevelt Hernández, el Ministerio Público ha retomado sus diligencias y busca mediante un perito acreditar si lo actuado por Hernández es suficiente carga probatoria para abrir un proceso formal en su contra o se desvirtúa por falta de méritos. La denuncia fue interpuesta hace varios meses luego que el militar intentara obligar a los medios de comunicación a que revelaran las fuentes periodísticas, protegidas por la libertad de expresión y la doctrina en la materia.

El entonces hombre fuerte de las Fuerzas Armadas quería que los medios y periodistas rompieran la secretividad de las fuentes para conocer quién o quiénes proporcionaban información que evidenciaba sus problemas de liderazgo al frente de la institución castrense, así como un informe de inteligencia que dejaba en entredicho el rol de los militares en el proceso electoral primario cuando las urnas electorales anduvieron rodando por más de 10 horas en la capital para impedir que los votantes ejercieran el sufragio.

Los medios de comunicación dieron amplia cobertura a ese acontecimiento que fue el preámbulo de uno de los procesos electorales más complejos, polarizados y politizados en la historia democrática del país en donde las Fuerzas Armadas, bajo el mando de Hernández, vivieron una de sus peores etapas institucionales de credibilidad, confianza y legitimidad. El general Hernández inició gestiones en contra de 12 medios de comunicación para que revelaran sus fuentes periodísticas, donde más de alguno fue visitado por las autoridades policiales con fines intimidatorios.

Las intimidaciones del general

Las redacciones se llenaron de comunicaciones oficiales del departamento legal de las Fuerzas Armadas para pedir la revelación de las fuentes, en tanto otras comunicaciones oficiales y del ministerio público pedían información a los medios sobre los periodistas que laboraban en sus redacciones, domicilio, profesión, salario y otros datos personales confidenciales de los periodistas.

La confrontación del entonces general activo Hernández con la prensa fue subiendo de tono a tal extremo que usó los medios públicos estatales de las Fuerzas Armadas para atacar a la prensa llamándolos “sicarios de la verdad”, atacar a los propietarios de los medios de comunicación y a ligar a la prensa con el crimen organizado para “desestabilizar” su imagen y la de la institución militar por su labor de combate al narcotráfico y el crimen organizado.

En esos ataques, el general Roosevelt Hernández se fue de frente también contra el Colegio de Periodistas y reconocidos directores de medios y propietarios de medios de prensa en el país. Uno de sus exabruptos de relevancia, se produjo en contra del director de TN5 estelar y coordinador de Frente a Frente de la Corporación Televicentro, Renato Álvarez, al trascender amenazas a muerte que fueron denunciadas por el periodista y los medios de comunicación al trascender un segundo informe de los cuerpos de inteligencia militar.

El general Hernández, antes de abandonar la jefatura del EMC de las Fuerzas Armadas pidió disculpas públicas al periodista Álvarez, dijo que no tenía intenciones de dañarlo, pero no desvirtuó el informe de inteligencia militar filtrado a los medios. Dijo que se iba sin resentimientos contra la prensa.

El clima de tensión entre los periodistas y militares—bastión de la estrategia de ataques a los medios y libertad de expresión desde el oficialismo—llevó a organizaciones defensoras de la libertad de expresión y a varios periodistas a denunciar al general Hernández ante el Ministerio Público, pues a uno de los periodistas agraviados, le acusó de ser parte de las estructuras del crimen organizado por las preguntas que le hacía en sus ruedas de prensa.

La acción del Ministerio Público de pedir un perito a un tribunal de justicia para dar seguimiento a las denuncias contra el ahora general en retiro, Roosevelt Hernández se produce a escasos días de hacerse públicos tres informes que miden el clima de libertad de expresión en Honduras: el informe de la Misión de Observación de la Unión Europea (MOE-UE), el informe de Derechos Humanos del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y el Barómetro de la Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el Índice de Chapultepec 2025.

En los reportes de los informes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y de la Misión de Observación de la Unión Europea (MOE-UE) se destaca las intimidaciones y amenazas a la prensa y la libertad de expresión a lo largo del 2025, entre ellas las ejecutorias hechas por las Fuerzas Armadas de Honduras durante el proceso electoral para elegir un nuevo gobierno.

Militares en la mira de informes internacionales

La MOE-UE señala que el clima de la libertad de expresión fue bastante hostil y recibió denuncias y reportes de amenaza a muerte, intimidación, acoso y agresiones. Fue directa al referirse al papel del general Roosevelt Hernández y su comportamiento frente a los medios de comunicación.

“La postura del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hacia los medios de comunicación fue especialmente preocupante, e incluso tanto ataques verbales como de múltiples demandas por difamación y solicitudes para divulgar las fuentes periodísticas”, destaca el informe en uno de sus apartados.  Estas acciones, asegura, contravienen compromisos internacionales asumidos por el Estado para proteger la confidencialidad de las fuentes periodísticas.

La Misión también señaló que funcionarios del gobierno de la entonces presidenta, Xiomara Castro, de Libertad y Refundación, restringieron y amenazaron también la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo, por sus posturas conflictivas y de choque, generando inseguridad a la prensa que se sintió indefensa por carecer de un entorno institucional sólido de protección a sus garantías.

El informe del OACNUDH cuestionó el rol de las Fuerzas Armadas al utilizar sus medios de comunicación para calificar a los periodistas como “sicarios de la verdad” por ejercer su función crítica al poder. Cuestiona también que los militares quisieran que los periodistas revelaran sus fuentes periodísticas.

Al respecto, la OACNUDH manifiesta que: “las Fuerzas Armadas usaron sus medios institucionales para señalar como “sicarios de la verdad” a comunicadores que publicaron información de interés público sobre la institución. Estas afirmaciones, por su origen institucional y amplia visibilidad, pueden tener un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico, debilitan el debate democrático, y, todo ello sumado a otros elementos, pueden ser estigmatizantes, y crean, además, un entorno no favorable para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, remarca.

En este contexto, la Sociedad Interamericana de Prensa presentó el Índice de Chapultepec 2025, el barómetro bajo el cual se mide el clima de libertad de expresión en la región hemisférica occidental, y en él se destaca que Honduras es un país de “Alta Restricción” para la Libertad de Expresión con una de las calificaciones más bajas en el hemisferio.

El país ocupa el lugar 16 de 23 evaluados, con 35,64 puntos sobre 100 posibles, la puntuación más baja registrada, reflejando graves barreras para el periodismo independiente y la impunidad, advierte el informe que evalúa el último año de la gestión de la expresidenta Xiomara Castro.

El retroceso en la libertad de prensa coincide con el período de la gestión de la expresidenta Xiomara Castro y una crisis política en el Parlamento, elementos que, según la SIP, han afectado directamente la capacidad del país para garantizar derechos de expresión plena. El índice destaca al Poder Ejecutivo como el principal generador de “situaciones adversas a las libertades de expresión y prensa”, con una influencia calificada de “moderada”, mientras que el Legislativo sigue el desarrollo de estas condiciones “muy de cerca”.

Con estos elementos que hacen una radiografía de la libertad de expresión y el rol que jugaron los militares bajo la conducción del general Roosevelt Hernández cuando era el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público ha decidido ahora seguir las huellas del general, denunciado por ser un predador de la libertad de expresión y hostigar a la prensa y a los periodistas hondureños.