Los despliegues de la Guardia Nacional ordenados por el presidente Donald Trump en varias ciudades gobernadas por demócratas no produjeron una reducción medible de la delincuencia violenta, según un análisis publicado por el Center for American Progress (CAP), que cuestiona la efectividad de una de las principales estrategias de seguridad impulsadas por la Casa Blanca.
El informe sostiene que, pese a los argumentos de la administración republicana para justificar el envío de tropas a ciudades como Los Ángeles, Washington, D.C., Memphis y Nueva Orleans, los indicadores de criminalidad muestran que la tendencia a la baja ya existía antes de la intervención federal y, en algunos casos, incluso se registraron incrementos en determinados delitos tras el despliegue.
La investigación señala que el gobierno ha atribuido al operativo militar una disminución de la violencia que, en realidad, comenzó durante 2023 y 2024, antes del regreso de Trump a la presidencia. Para los investigadores, los datos disponibles no respaldan la afirmación de que la presencia de la Guardia Nacional haya tenido un impacto estadísticamente significativo en la seguridad pública.
Los datos cuestionan la estrategia federal
El caso de Los Ángeles es uno de los ejemplos citados por el estudio. En junio de 2025, Trump federalizó la Guardia Nacional de California sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom, una decisión sin precedentes en seis décadas. La Casa Blanca argumentó que la medida era necesaria para contener los disturbios derivados de las protestas contra las redadas migratorias y proteger a agentes federales.
Sin embargo, el análisis del CAP indica que la tasa mensual de delitos violentos por cada 100,000 habitantes pasó de 56.86 al momento del despliegue a 58 durante los meses en que los soldados permanecían en la ciudad. En Washington, D.C., la situación fue similar. Cuando comenzaron los operativos federales, la capital registraba uno de sus niveles más bajos de criminalidad en tres décadas. Aun así, las cifras posteriores no reflejaron una reducción atribuible a la presencia militar.
El estudio también recuerda que la administración Trump intentó extender esta estrategia a ciudades como Chicago y Portland, aunque tribunales federales limitaron la participación activa de las tropas debido a cuestionamientos sobre la autoridad legal del gobierno federal para intervenir en asuntos de seguridad local.
Costos millonarios y llamado a invertir en prevención
El Center for American Progress calcula que los despliegues de la Guardia Nacional y otras operaciones federales relacionadas tendrán un costo cercano a 1,700 millones de dólares, una cifra que podría aproximarse a los 2,000 millones hacia finales de año. Para elaborar sus conclusiones, los investigadores utilizaron un análisis de series temporales interrumpidas con información sobre homicidios, delitos violentos y violencia con armas de fuego en distintas ciudades.
La metodología comparó las tendencias antes y después de los despliegues, controlando factores estacionales y utilizando grupos de comparación para determinar si existía un cambio atribuible a la intervención federal.
Los resultados muestran que las ciudades donde finalmente se desplegaron tropas, o que fueron amenazadas con recibirlas, ya acumulaban una disminución promedio del 14% en delitos violentos y del 22% en homicidios durante los doce meses previos al inicio de las operaciones. Chandler Hall, director asociado de Seguridad Pública del CAP, afirmó que la evidencia “desmiente la narrativa” del gobierno y sostuvo que la estrategia representa un alto costo para los contribuyentes sin ofrecer beneficios medibles en materia de seguridad.
Ante este panorama, el centro de estudios recomendó que los recursos federales se destinen a fortalecer a las policías locales, ampliar el acceso a tecnología para combatir el crimen e impulsar programas de prevención comunitaria, en lugar de recurrir a despliegues militares cuya eficacia, según el informe, no ha podido demostrarse.
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