Un grupo de congresistas demócratas pidió una investigación federal sobre la asignación de casi $7,500 millones de dólares en contratos para construir barreras fronterizas en Big Bend, al oeste de Texas, ante sospechas de posibles favoritismos políticos y falta de transparencia durante el gobierno del presidente Donald Trump.
La solicitud fue encabezada por la representante Veronica Escobar, cuyo distrito incluye El Paso, y respaldada por más de una veintena de legisladores, entre ellos diez representantes de Texas, quienes enviaron una carta al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Joseph Cuffari.
Los congresistas solicitaron que la Oficina del Inspector General examine cómo fueron seleccionadas las empresas constructoras, si existieron influencias políticas en las adjudicaciones y si el gasto multimillonario responde a necesidades reales de seguridad fronteriza.
“La información disponible públicamente plantea serias dudas sobre cómo se adjudicaron estos contratos, si las relaciones políticas influyeron en la selección de los contratistas”, advierte la misiva. Los legisladores señalaron particularmente a Barnard Construction Company y Fisher Sand & Gravel, compañías que recibieron varios contratos para desarrollar infraestructura fronteriza en la región.
En el caso de Barnard Construction, la carta menciona que su fundador, Tim Barnard, habría donado alrededor de $1 millón de dólares a organizaciones de recaudación de fondos vinculadas con la campaña presidencial de Trump en 2024.
Respecto a Fisher Sand & Gravel, los congresistas recordaron que contrató en 2021 a Tom Homan, actual responsable de la política fronteriza de la administración Trump, para realizar labores de cabildeo en Texas.
Cuestionan necesidad de construir el muro en Big Bend
Otro de los argumentos centrales de los demócratas es el bajo número de cruces migratorios registrados en Big Bend, una extensa zona fronteriza que incluye un parque nacional con más de 324,000 hectáreas de terrenos protegidos, importantes ecosistemas y vestigios arqueológicos. Según las cifras citadas en la carta, durante 2025 esta región concentró apenas 1.3% de las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Dentro del parque nacional se registraron solamente 133 detenciones durante ese año.
Sin embargo, el DHS clasificó en mayo pasado el sector como una zona de “alta” entrada ilegal de migrantes y justificó la construcción de barreras físicas por una necesidad “aguda e inmediata”. Los congresistas cuestionaron esa clasificación y pidieron determinar si el gobierno utilizó correctamente las exenciones de distintas leyes federales de contratación y supervisión para acelerar las obras.
La exigencia de investigación también ocurre después de que la Corte Suprema permitiera la semana pasada reanudar la construcción del muro en Big Bend, luego de que un tribunal inferior había detenido el proyecto. Los legisladores criticaron además que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no haya presentado públicamente los planes actualizados de construcción para el parque.
En su carta, solicitaron a Cuffari responder antes del 20 de noviembre e informar el calendario previsto para una posible investigación, al considerar que los contribuyentes tienen derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos.

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