Cuba busca de nuevo llevar a la ONU denuncia contra el embargo de EE.UU., acusa presiones para frenar el debate

El gobierno de Cuba buscará nuevamente el respaldo de la comunidad internacional contra el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al solicitar una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), prevista para el próximo 7 de julio en Nueva York. La Habana sostiene que el endurecimiento de las sanciones estadounidenses ha agravado la crisis energética y económica de la isla, mientras acusa a Washington de intentar retrasar la discusión mediante presiones diplomáticas sobre otros países.

El anuncio fue realizado este martes por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien afirmó que la sesión abordará las consecuencias del embargo y, especialmente, las restricciones que, según el gobierno cubano, limitan el acceso del país al combustible y afectan el funcionamiento de sectores esenciales.

De acuerdo con el canciller, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado las medidas de presión desde principios de este año, incluyendo acciones dirigidas al sector energético, lo que, aseguró, ha provocado mayores privaciones para la población y un deterioro de las condiciones de vida en la isla.

Rodríguez también denunció que el Departamento de Estado estadounidense, junto con sus representaciones diplomáticas, ha realizado gestiones para convencer a diversos Estados miembros de la ONU de posponer el debate previsto para julio. Según La Habana, esas acciones buscan impedir que el organismo internacional examine una situación que considera urgente.

Cuba busca reforzar el respaldo internacional

La Asamblea General de la ONU ha aprobado durante más de tres décadas resoluciones que solicitan el levantamiento del embargo estadounidense contra Cuba. Aunque esas resoluciones no son vinculantes, representan un amplio respaldo político de la comunidad internacional a la posición cubana.

La próxima votación anual sobre la resolución que pide el fin del embargo está programada para el 27 de octubre.

Rodríguez expresó su confianza en que la mayoría de los países volverán a respaldar a Cuba y reiteró que el gobierno presentará ante la ONU denuncias sobre lo que describió como un “cerco energético” que ha contribuido al agravamiento de la crisis que enfrenta la isla.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también señaló que su gobierno aprovechará la sesión para denunciar las consecuencias económicas y sociales de las sanciones estadounidenses, al considerar que afectan directamente a la población. Según datos ofrecidos por las autoridades cubanas, los daños económicos acumulados por el embargo superan los 170,000 millones de dólares, aunque esa cifra no ha sido verificada de manera independiente.

Washington mantiene su política de presión

Estados Unidos sostiene desde hace décadas que el embargo forma parte de su política para promover cambios democráticos y mayores libertades políticas en Cuba. La administración Trump ha mantenido una línea de presión sobre La Habana mediante nuevas sanciones y restricciones dirigidas a sectores estratégicos de la economía cubana.

Entre las medidas más recientes figuran sanciones contra personas y entidades que, según Washington, colaboran con el gobierno cubano en áreas como energía, defensa, minería y finanzas.

Mientras el gobierno estadounidense argumenta que sus acciones buscan limitar el apoyo al régimen cubano, La Habana rechaza esa postura y afirma que las sanciones constituyen una violación del derecho internacional y representan una amenaza para la estabilidad regional. El canciller cubano insistió en que su país mantiene disposición para sostener un diálogo con Washington, siempre que se respete la soberanía nacional y cesen las medidas que considera de carácter coercitivo.

La sesión del 7 de julio servirá como un nuevo escenario para el enfrentamiento diplomático entre ambos gobiernos, en un contexto marcado por el deterioro de las relaciones bilaterales y por la persistente crisis económica que atraviesa Cuba. Aunque las resoluciones de la Asamblea General no obligan a Estados Unidos a modificar su política, La Habana busca mantener el respaldo internacional y aumentar la presión política contra el embargo.