El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), expuso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), su preocupación por el retardo de justicia en el juicio contra Roosevelt Hernández y advirtió sobre los riesgos que representa la impunidad de los crímenes contra periodistas para la libertad de prensa y la democracia.

El pronunciamiento se produjo en el marco de la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, una fecha establecida por las Naciones Unidas para visibilizar las amenazas y agresiones que enfrentan los profesionales de la comunicación.

De acuerdo con el CPH, el tema fue abordado durante una sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA, celebrada este jueves, donde los Estados del hemisferio analizaron los desafíos regionales en materia de derechos humanos, libertad de expresión y combate a la impunidad.

Cossette López llama a combatir la impunidad

Durante el encuentro, la embajadora de Honduras ante la OEA, Cossette López, alertó sobre las consecuencias de la impunidad y la autocensura, al señalar que la falta de justicia profundiza el sufrimiento de las víctimas y sus familias, además de generar temor entre los comunicadores.

La representación hondureña también advirtió que permitir que la violencia contra periodistas no tenga consecuencias legales ni penales envía un mensaje negativo a la sociedad y debilita los sistemas democráticos.

López, destacó la importancia de combatir la impunidad en los crímenes contra periodistas y fortalecer las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa, al participar en una conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

Señaló que la libertad de prensa no solo constituye un derecho, sino también un pilar fundamental de la democracia, porque permite a la ciudadanía informarse, participar y exigir rendición de cuentas.

Asimismo, expresó su preocupación por las muertes, amenazas y actos de violencia que enfrenta el gremio periodístico hondureño, e instó a que cada denuncia sea atendida con independencia, transparencia y celeridad, respetando el debido proceso.

Advirtió que la impunidad profundiza el sufrimiento de las víctimas, fomenta la autocensura y transmite un mensaje negativo a la sociedad cuando los ataques contra periodistas quedan sin respuesta.

CPH denuncia paralización de juicio

Por su parte, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra, denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la paralización del proceso judicial contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por presuntos ataques y estigmatización contra periodistas hondureños.

Durante su intervención ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, Sierra señaló que la libertad de expresión y de prensa es un derecho de toda la ciudadanía y un pilar fundamental de la democracia.

El dirigente gremial recordó que varios comunicadores, entre ellos Rodrigo Wong Arévalo, Dagoberto Rodríguez, José Adán López y él mismo, denunciaron haber sido estigmatizados y señalados como «sicarios de la verdad» mediante publicaciones difundidas en un medio de comunicación militar.

Sierra manifestó su preocupación porque el proceso judicial permanece paralizado en una instancia de la Corte Suprema de Justicia, situación que, a su criterio, genera dudas sobre el acceso a la justicia y envía un mensaje preocupante para el ejercicio periodístico.

Asimismo, advirtió que aunque los crímenes directos contra periodistas han disminuido en algunas zonas, persisten otros riesgos como la estigmatización desde el poder, las campañas de desprestigio y las agresiones que obligan al desplazamiento forzado de comunicadores.

El CPH recordó que esta conmemoración representa un llamado global para que los Estados implementen medidas efectivas de protección y garanticen condiciones para el ejercicio de un periodismo seguro, libre y transparente.

Asimismo, insistió en la necesidad de combatir la impunidad y garantizar justicia frente a las agresiones y los homicidios dirigidos a silenciar a la prensa.

El Ministerio Público acusó a Hernández por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en un caso relacionado con señalamientos contra periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Tras la audiencia de imputado, el juez que lleva la causa dictó medidas distintas a la prisión para el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, acusado por vulnerar la libertad de prensa a partir de publicaciones difundidas el 2025 en el medio digital de la institución castrense.

La resolución judicial permite que Hernández continúe el proceso en libertad, bajo el cumplimiento de las medidas impuestas por el tribunal. La prohibición de comunicación con las víctimas busca evitar cualquier posible interferencia mientras avanza la investigación y se desarrollan las diligencias correspondientes.

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