Caso fiscal Francia Medina: Crónica de un desfalco que sacudió al sistema de justicia hondureño

 En las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) en San Pedro Sula se guardaban, bajo estricta custodia judicial, millones de lempiras decomisados en operaciones contra el lavado de activos, el tráfico de drogas y la extorsión, eran evidencias que debían permanecer intactas hasta la resolución definitiva de los procesos o su remisión a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Sin embargo, entre marzo de 2019 y agosto de 2023, estos recursos comenzaron a desaparecer de manera sistemática.

– Según la investigación, la exfuncionaria utilizó su puesto e información privilegiada, además de documentos públicos falsificados, para extraer de forma irregular sumas millonarias de dinero que estaban bajo custodia estatal como evidencia.

– El caso ha puesto en evidencia vulnerabilidades en el manejo de evidencias bajo custodia estatal y ha generado ampliaciones investigativas que involucran a funcionarios y exfuncionarios del propio Banco Central.

– La exfiscal Medina ha denunciado una trama en su contra para perjudicarla. Ha señalado directamente al exfiscal Johel Zelaya y mantiene recursos que no permiten se dicte la condena tras haber sido declarada culpable.

La persona que los retiraba no era un extraño al sistema: se trataba de Francia Sofía Medina Martínez, fiscal adscrita a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de la regional del norte, conocida mediáticamente como la “Barbie Fiscal” por su apariencia bien cuidada, sus publicaciones en redes sociales y el estilo de vida ostentoso que contrastaba con el salario de una funcionaria de esa categoría.

Medina, quien percibía alrededor de 39 mil lempiras mensuales como salario en su cargo de fiscal auxiliar, construyó durante esos años un patrimonio que las investigaciones posteriores calificarían de inexplicable.

Entre 2019 y 2023 sus ingresos legítimos -salarios, viáticos y remesas- sumaron apenas unos 2,3 millones de lempiras. En el mismo periodo adquirió bienes inmuebles en San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa (incluyendo apartamentos en edificios de alto valor), vehículos de lujo, relojes Rolex, joyas Cartier y otros artículos que superaron los 91 millones de lempiras.

Parte del dinero fluía a través de cuentas bancarias de tránsito sin trazabilidad clara: entraba y salía con rapidez, dificultando el seguimiento. El mecanismo, según el expediente del Ministerio Público, era relativamente sencillo pero dependía del acceso privilegiado que le otorgaba su cargo.

Medina identificaba expedientes de causas ya concluidas o finalizadas que contenían dinero decomisado depositado en el Banco Central. Elaboraba oficios y actas con apariencia legítima, en muchos casos incluyendo vistos buenos falsos atribuidos a su superior, el coordinador de la fiscalía contra el crimen organizado. Con esos documentos se presentaba en las instalaciones del BCH y retiraba el efectivo.

Investigación

Las investigaciones documentaron al menos 39 retiros exitosos que sumaron 88 millones 843 mil 43 lempiras.

Intentó tres operaciones adicionales que le fueron denegadas por inconsistencias o porque el dinero ya había sido asegurado o retirado previamente. Videos presentados durante el juicio mostraron, por ejemplo, un retiro de un millón de lempiras realizado el 16 de marzo de 2022 bajo controles mínimos.

La trama de este caso que sacudió al sistema de justicia hondureño comenzó a desmoronarse a partir de irregularidades detectadas en la devolución de montos decomisados. Un caso puntual -la devolución de 63 mil dólares a una paleontóloga cuyo dinero resultó de procedencia lícita- reveló que los fondos ya no estaban en la bóveda.

A partir de ahí, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) reconstruyó el patrón de retiros.

Crónica

El 29 de noviembre de 2023, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) allanaron la residencia de Medina en la colonia Valle del Sol, en San Pedro Sula. La capturaron.

En el operativo y en posteriores diligencias se aseguraron siete bienes inmuebles, 20 vehículos, nueve cuentas bancarias y diversos objetos de valor. En la vivienda se encontraron incluso billetes que aún conservaban el embalaje plástico utilizado para las evidencias del Banco Central.

Desde ese día Medina permaneció en prisión preventiva, primero en el Centro Femenino de Adaptación Social y luego en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de Támara.

En diciembre de 2023 se dictó auto de formal procesamiento por más de 40 delitos, entre ellos lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y decenas de cargos por falsificación de documentos públicos.

Su entonces pareja, el también exfiscal Germán René Silva Lemus, fue acusado de participar en el esquema -especialmente en la inversión de parte del dinero en vehículos importados- quien hasta la fecha permanece prófugo.

El proceso judicial se prolongó con recursos de la defensa. Se interpusieron amparos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que, en distintos momentos, frenaron temporalmente el avance del juicio. Uno de ellos generó la posibilidad de que Medina recuperara la libertad al vencerse el plazo máximo de prisión preventiva, pero la Sala Constitucional sobreseyó los recursos en mayo de 2026 y dejó expedita la vía para el fallo. El juicio oral y público se desarrolló en etapas a finales de 2025.

La Fiscalía evacuó más de 80 medios de prueba: documentos financieros, peritajes, testimonios, videos de los retiros y comparaciones de firmas.

El 27 de mayo de 2026, la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró, por unanimidad y más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de Francia Sofía Medina Martínez por los delitos de lavado de activos; sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia; uso de información privilegiada; y falsificación de documentos públicos en modalidad continuada y concurso real. El fallo se leyó de manera telemática. Medina escuchó la resolución sin grandes gestos visibles, según testigos presentes en la diligencia.

El 16 de junio de 2026 se celebró la audiencia de individualización de la pena. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República solicitaron 31 años y tres meses de reclusión, una multa de 367 millones 872 mil 214 lempiras con 56 centavos, 20 años de inhabilitación absoluta y 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos.

Durante esa misma audiencia, Medina denunció amenazas contra ella y su familia. La lectura de la sentencia definitiva se programó inicialmente para finales de junio, pero fue suspendida tras la interposición de un recurso de inconstitucionalidad que elevó el expediente a la Sala de lo Constitucional.

Mientras el proceso de fondo permanece pausado a la espera de resoluciones superiores, la defensa intentó en julio de 2026 modificar las medidas cautelares para lograr prisión domiciliaria u otras restricciones menos severas.