Aprobadas las reformas eléctricas, comienza el verdadero desafío

Después de tres meses de discusión y un intenso debate político, está claro que la aprobación de la Ley de Justicia Energética abre una nueva etapa para el sector eléctrico hondureño. Pero la votación en el Congreso Nacional no resuelve por sí sola los problemas que durante años han llevado a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a una debacle financiera y operativa críticas.

Convertir la ley en realidad

La reforma crea una nueva arquitectura institucional y abre el camino hacia un mercado con más participantes. Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora: convertir la ley en instituciones funcionales, inversiones, eficiencia y resultados medibles para los usuarios.

El riesgo es claro según especialistas del sector. Honduras puede crear nuevas instituciones y empresas, pero si conserva las mismas prácticas políticas, administrativas y financieras, podría terminar trasladando los problemas de la vieja ENEE hacia una nueva estructura.

La pregunta, entonces, ya no es si la reforma era necesaria. La pregunta es si las autoridades serán capaces de ejecutarla.

Los primeros plazos establecidos después de la entrada en vigor de la ley serán determinantes.

Para el caso en un período de 45 días deberán desarrollarse los reglamentos relacionados con el comité técnico y el comité de conducción, instancias llamadas a coordinar la implementación de la reforma.

No se trata de un trámite menor. Estos organismos deberán ayudar a ordenar una transformación compleja que incluye la reorganización de la ENEE, la creación y puesta en marcha de nuevas subsidiarias, cambios regulatorios y la transición hacia un mercado eléctrico con nuevas reglas.

Después deberá avanzar hacia la estructuración de las empresas vinculadas a la generación, transmisión y distribución, con independencia administrativa, financiera y operativa.

Cambiar la estructura no necesariamente significa dar una vuelta a la forma de administrar. Y esa será una de las primeras pruebas para las autoridades.

Lo que más interesa

Como efecto inmediato de las reformas uno de los puntos que más ha llamado la atención es el congelamiento tarifario, pero para los analistas hay que tener claro que este es un alivio transitorio, no una solución permanente.

El economista Dante Mossi destaca que la medida representa un alivio temporal para los usuarios, especialmente después de que se anticiparon ajustes acumulados, pero también plantea una cuenta regresiva para las autoridades.

Los seis meses deberán ser utilizados para avanzar en la implementación de las nuevas instituciones y comenzar a corregir las ineficiencias del sistema, porque congelar una tarifa no elimina los costos. Si durante ese período no se reducen pérdidas, no mejora la eficiencia y no se ordenan las finanzas, el problema simplemente podría aparecer más adelante.

Como la ley apunta a un verdadero beneficio para la población en cuanto a la reducción de tarifas, tal como ha ocurrido en países vecinos como Guatemala y El Salvador, tras las reformas lo que más interesa a la población es ver traducido los beneficios de la normativa a la realidad.

En este punto los especialistas apuntan a que si las autoridades realizan un trabajo eficiente en la aplicación de la ley se podría esperar una mejora significativa para abrir espacio a reducciones de entre 10 % y 15 %, en tarifas en los próximos años, aunque esto debe entenderse como una expectativa asociada a ganancias reales de eficiencia y no como una reducción automática garantizada por la ley.

Asimismo, otro punto de gran interés es la inversión extranjera y nacional que generaría mayor desarrollo. Para Dante Mossi esta apertura puede atraer inversión y facilitar nuevos proyectos de generación y tecnologías modernas, tal y como ya se proyecta por parte de altos funcionarios de Estados Unidos.

El OSM: el nuevo cerebro del sistema eléctrico

Uno de los cambios más profundos, aunque todavía poco conocido por la población, será la creación o cambio del Operador del Sistema y del Mercado (OSM).

El OSM deberá coordinar el despacho de la energía y administrar las transacciones dentro de un sistema donde podrán participar más actores: generadores, distribuidores, comercializadores y consumidores calificados.

En este punto el experto en energía de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Edgar Aguilar explicó a Proceso Digital, que el cambio implica dejar atrás un esquema mucho más concentrado alrededor de la ENEE.

Bajo la nueva estructura, ENEE Matriz tendría principalmente una función como tenedora de acciones, mientras las subsidiarias deberán operar con mayor independencia.

En esa misma línea se consultó a Mossi, quien considera que el OSM será, en términos prácticos, el despachador público del sistema eléctrico.

Su responsabilidad será encontrar un equilibrio entre la energía disponible, la demanda de los consumidores, la capacidad de transmisión, los contratos existentes y las condiciones técnicas de la red.

El objetivo debería ser claro: garantizar la continuidad del servicio procurando que el sistema opere al menor costo posible.

Pero cuanto mayor sea el número de participantes, mayor será también el desafío.

El OSM tendrá que ser suficientemente técnico e independiente para evitar que alguno de los actores del mercado capture sus decisiones.

Si el nuevo operador funciona correctamente, puede convertirse en una de las piezas centrales para hacer más eficiente el sistema. Si fracasa o es politizado, puede convertirse en un nuevo problema institucional, apuntan los expertos.

Más competencia

La apertura del mercado puede generar nuevas oportunidades. Empresas privadas podrán participar con mayor libertad y los consumidores calificados podrían tener opciones para adquirir energía bajo las reglas del nuevo sistema. Los comercializadores también podrían convertirse en intermediarios capaces de buscar mejores opciones para sus clientes.

Sin embargo, también se plantea un riesgo que las autoridades deberán vigilar.

Los grandes consumidores suelen ser los clientes más atractivos desde el punto de vista financiero. Si los operadores privados concentran sus esfuerzos en captar a quienes representan mayores ingresos, la ENEE podría perder a los usuarios más grandes, por lo que la estatal también deberá estar a la altura de la competencia.

Una nueva ENEE, pero con una vieja deuda

La separación de la ENEE es uno de los elementos más visibles de la reforma. Sin embargo, dividir una empresa no elimina automáticamente sus problemas financieros.

El experto Edgar Aguilar señala que, en un plazo de 120 días, debería presentarse un plan para abordar el denominado pasivo tóxico histórico de la empresa estatal.

Según los datos citados por el experto, la deuda de la ENEE ronda los 120,000 millones de lempiras, a lo que se habrían sumado más de 10,000 millones adicionales durante este año. La pregunta crítica para las autoridades es inevitable: ¿quién cargará con la deuda histórica?

Si las nuevas empresas nacen arrastrando indiscriminadamente las obligaciones acumuladas durante años, podrían comenzar debilitadas antes de entrar plenamente en funcionamiento. La separación empresarial, por tanto, deberá ir acompañada de una verdadera reorganización financiera.

De lo contrario, Honduras podría terminar con tres empresas nuevas en el papel, pero con los mismos problemas económicos de la antigua estructura.

Las pérdidas: el indicador que no admite discursos

Más allá de la creación del OSM o de la reorganización empresarial, el principal indicador del éxito de la reforma será la reducción de las pérdidas de energía.

Ese problema ha golpeado directamente las finanzas de la ENEE, por lo que Aguilar sostiene que las pérdidas han continuado aumentando y que Honduras ha tenido dificultades para cumplir las metas de reducción vinculadas a sus compromisos financieros internacionales.

El combate a las pérdidas no puede esperar a que toda la nueva arquitectura institucional esté terminada, zanjó. Una de las propuestas planteadas por ASJ es concentrar inicialmente los esfuerzos en los 20 circuitos con mayores pérdidas, donde una intervención efectiva podría permitir recuperar más de 3,200 millones de lempiras.

Aunque se han creado nuevas estructuras para atender este problema, todavía existe la necesidad de que las autoridades presenten públicamente metas claras, responsables y un plan integral.

Para El economista Mossi, además, una parte importante de las pérdidas está relacionada con problemas no técnicos, como el robo de energía y las irregularidades en las conexiones.

Eso significa que la solución requerirá tecnología, mejores sistemas de medición, controles y capacidad de gestión.

Los medidores inteligentes y nuevas herramientas tecnológicas podrían ayudar a detectar irregularidades y mejorar la recuperación de ingresos. Pero la tecnología tampoco resolverá el problema por sí sola.

Tres meses para regularizarse

La nueva ley contempla un período de tres meses para que usuarios con conexiones irregulares puedan regularizar su situación antes de la aplicación de sanciones.

La medida puede convertirse en una oportunidad importante para reducir pérdidas no técnicas. Pero la responsabilidad no recaerá únicamente en los usuarios, en este punto la ENEE deberá estar preparada, porque no basta con establecer un plazo, la empresa tendrá que disponer de medidores, equipos, personal y capacidad operativa para atender a quienes deban formalizar su servicio.

Para el proceso de regularización los expertos recomiendan establecer mecanismos especiales de atención y desarrollar una amplia campaña de información.

Aquí el objetivo es convertir conexiones irregulares en clientes formales que entren a la base de facturación y contribuyan a mejorar los ingresos del sistema. Si la empresa no tiene capacidad para responder, el período de regularización podría terminar convertido en otra disposición legal sin resultados concretos.

Distribución: donde se gana o se pierde la reforma

La distribución será posiblemente uno de los puntos más sensibles de toda la transformación, de acuerdo con conocedores del tema. Es ahí donde finalmente se factura y se cobra la energía.

Actualmente la ENEE recupera solo alrededor del 65 % de lo que debería recuperar por el servicio. Ese dato explica buena parte del problema financiero.

Si la energía se consume, pero no se factura o no se cobra, toda la cadena termina afectada: generación, transmisión, distribución y, finalmente, las finanzas del Estado.

La creación de una empresa distribuidora con mayor autonomía busca generar incentivos para mejorar la atención al cliente, reducir pérdidas y aumentar la recuperación de ingresos.

La Ley de Justicia Energética abre una oportunidad para cambiar uno de los sectores más importantes y problemáticos de Honduras. Pero también coloca una enorme responsabilidad sobre las autoridades ejecutar la misma eficientemente y alejar la injerencia política. LB