Las reformas penales no han reducido los feminicidios en un cierre de semestre de 2026 donde se han perpetrado hasta cuatro muertes violentas de mujeres en 24 horas en ciudades donde se requiere de investigación criminal efectiva coinciden analistas y criminólogos.
El debate fue retomado luego que el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH) reporta la alarmante cifra de 135 féminas en los que va del año.
Gonzalo Sánchez, especialista en criminología opinó que “el aumento de las penas y reformas no están ayudando a disminuir la violencia contra las mujeres, más bien pareciera que desde su aplicación se ha venido en aumento los feminicidios”.
“Molestará lo que digo: pero se necesita mano dura y considerar el modelo de Nayib Bukele contra la violencia” señaló la fuente, refiriendo los resultados obtenidos en el hermano país de El Salvador.
Sánchez sospechó que en muertes violentas de algunas mujeres está de por medio el crimen organizado con jovencitas que involucradas sentimentalmente con miembros estructuras criminales y quienes incursionan en ese mundo obligadas o bajo amenazas.

“DE NADA SIRVEN LAS LEYES”
Por su parte, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad ONV-UNAH, Migdonia Ayestas, coincidió que “de nada sirven las leyes si no hay recursos”.
“Se necesitan jueces y juezas capacitados, investigación criminal científica, fortalecimiento institucional y presencia en todo el país”, demandó Ayestas al advertir que este tipo de violencia responde a una lógica de poder, control territorial y dominación que los agresores ejercen no solo sobre las víctimas, sino también como mensaje hacia la sociedad y el Estado.
“El cuerpo de las mujeres es visto como un territorio que se quiere controlar. Es un mensaje de poder: aquí mando yo, aquí decido yo. Es también una forma de demostrar dominio frente a otros hombres y de reafirmar una estructura de poder violenta”, señaló.
La especialista advirtió que esta violencia no puede seguir siendo tratada como simples estadísticas, ya que cada caso refleja dinámicas de odio, misoginia y control absoluto sobre la vida, decisiones y relaciones de las mujeres.
Asimismo, subrayó que la problemática no se resolverá únicamente con leyes, sino con políticas públicas integrales que incluyan prevención, educación, fortalecimiento institucional y asignación de presupuesto.

CLAMAN SEGUIMIENTO
Entre tanto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), refirió que las recientes reformas aprobadas por el Congreso Nacional, al Código Penal, representan un avance importante para el fortalecimiento del marco jurídico de protección de los derechos de las mujeres y las niñas.
Sin embargo, su eficacia se encuentra condicionada a su nivel de seguimiento, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de su aplicación y de la asignación de recursos suficientes que permitan prevenir, investigar, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en Honduras.
En virtud de lo anterior, el Conadeh exhorta a la institucionalidad:
“Al Ministerio Público y Secretaría de Seguridad, destinar una partida presupuestaria verificable, orientada exclusivamente a la dotación de recursos técnicos y financieros para la operatividad y aplicación efectiva de las recientes reformas al Código Penal”.
También plantea: “Al Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones, implementar un protocolo de auditoría y revisión mensual de los expedientes de muertes violentas de mujeres registradas en el 2026, garantizando la aplicación de la debida diligencia reforzada y la perspectiva de género para garantizar el derecho a la verdad y reducir la tasa de impunidad en estos casos”. (WH)

DATOS
El Congreso Nacional de Honduras aprobó importantes reformas al Código Penal para endurecer las condenas por feminicidio. Las penas base pasaron de 25 a 30 años de prisión, y los casos agravados se castigan con 30 a 40 años. Gracias a la acumulación de delitos, las sentencias pueden alcanzar hasta 60 años de cárcel. Se castiga con mayor severidad si el crimen involucra violencia sexual previa, tortura, ensañamiento, o si el responsable es un funcionario o servidor público. Ordena la creación de órganos jurisdiccionales con competencia nacional enfocados exclusivamente en estos casos para combatir la impunidad.

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