El comisionado en condición de retiro Leandro Osorio respaldó la propuesta de implementar un estado de excepción focalizado en 30 municipios con mayor incidencia delictiva, al considerar que esta medida podría dotar a la Policía Nacional de herramientas adicionales para combatir estructuras criminales.
Osorio señaló que la estrategia debe estar acompañada de una coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el objetivo de garantizar que las investigaciones y los procesos judiciales cuenten con los elementos necesarios para evitar que los detenidos sean liberados por deficiencias en la presentación de pruebas.
El exjerarca policial explicó que un estado de excepción permite la suspensión temporal de determinadas garantías constitucionales en las condiciones establecidas por la Constitución y sostuvo que, en los territorios priorizados, podría facilitar las operaciones contra organizaciones criminales.
No obstante, enfatizó que esta herramienta “no es un cheque en blanco” para la Policía ni las Fuerzas Armadas, por lo que debe existir una supervisión permanente de las actuaciones de los agentes y del cumplimiento de la ley.
Osorio indicó que las autoridades policiales deberían contar con investigaciones e inteligencia previamente desarrolladas antes de ejecutar operaciones en los sectores seleccionados.
Agregó que unidades especializadas de investigación y fuerzas especiales podrían intervenir posteriormente para desarticular las estructuras identificadas.
El comisionado en condición de retiro también se refirió a las dificultades que, según sectores policiales, se presentan cuando personas capturadas son posteriormente liberadas por decisiones judiciales.
Ante esta situación, planteó la necesidad de fortalecer la coordinación y supervisión dentro del sistema de justicia, sin generalizar sobre el desempeño de fiscales y jueces.
Asimismo, mencionó como referencia las políticas implementadas en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele, aunque remarcó que en Honduras cualquier actuación debe desarrollarse dentro del marco legal y con mecanismos de control.
Osorio sostuvo que las Fuerzas Armadas deben actuar en apoyo de la Policía Nacional, especialmente en los territorios donde se concentran las estructuras criminales, pero insistió en que también sus operaciones deben estar sujetas a supervisión institucional.
Advirtió que las autoridades deben evitar errores durante la aplicación de cualquier estado de excepción, debido a que actuaciones al margen de la ley podrían afectar la legitimidad de la medida.
Por ello, recomendó priorizar el trabajo de investigación e inteligencia, seguido de intervenciones focalizadas de las unidades policiales y militares en los sectores previamente identificados.
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