Ninguno de los seis hospitales generales que se construyen en Honduras supera el 60 % de avance físico, pese a que la Secretaría de Salud mantiene la proyección de entregar al menos tres de ellos durante 2027.
– El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, reveló que los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho registran un incremento presupuestario del 158 % respecto al monto con el que originalmente fueron concebidos.
– Ni el MP, ni el TSC, han informado públicamente sobre la conclusión de auditorías, peritajes o investigaciones que permitan establecer responsabilidades administrativas o penales.
Mientras los proyectos financiados con préstamos internacionales avanzan conforme a sus cronogramas, otros tres permanecen paralizados, con expedientes abiertos e intervenidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP), en medio de investigaciones por presuntas irregularidades, incrementos presupuestarios y modificaciones contractuales que hoy mantienen en incertidumbre su futuro.
La radiografía presentada por las autoridades sanitarias confirma dos realidades completamente distintas dentro del programa de construcción hospitalaria impulsado en los últimos años.
Por un lado, los hospitales de Choluteca, Tocoa e Islas de la Bahía continúan ejecutándose con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la modalidad «llave en mano», lo que garantiza tanto la continuidad de las obras como el equipamiento médico una vez concluyan.
En contraste, los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho, construidos con fondos nacionales administrados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), permanecen suspendidos mientras avanzan las investigaciones impulsadas por el TSC y el Ministerio Público, tras los opacos y dudosas gestiones.
La misma presentación oficial de la Secretaría de Salud sitúa al Hospital Regional del Sur, en Choluteca, como el proyecto con mayor desarrollo constructivo del país, con un 58 % de avance físico. Detrás aparecen el Hospital de Islas de la Bahía con 39.05 % y el Hospital de Tocoa con 24 %.
Los tres restantes ni siquiera presentan actualmente un porcentaje oficial de avance dentro del informe institucional. En Santa Bárbara y Olancho únicamente se consigna que los proyectos permanecen «en estudio», mientras que en Ocotepeque la obra continúa intervenida por los órganos contralores.
El contraste es evidente, pues ninguna obra se acerca a la meta.
«Van bien, están bien planificados»
Para el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, la diferencia entre ambos grupos de hospitales radica principalmente en la forma en que fueron concebidos y contratados.
El médico defendió el ritmo de ejecución de los proyectos financiados con organismos multilaterales y aseguró que estos no enfrentan los problemas administrativos detectados en los hospitales construidos con recursos nacionales.
«Son proyectos llave en mano, por lo que se garantiza su construcción», explicó Castillo al referirse a los hospitales de Choluteca, Tocoa e Islas de la Bahía.
Pese a que ninguno supera el 60 % de construcción, Castillo insistió en que los tres proyectos avanzan conforme al cronograma previsto.
«Van bien, están bien planificados y se están ejecutando conforme al cronograma», sostuvo el funcionario.
El viceministro explicó que la principal diferencia con los hospitales financiados mediante fondos nacionales es que los préstamos internacionales garantizan tanto la ejecución de la infraestructura como la adquisición del equipamiento médico, reduciendo los riesgos financieros para el Estado.
Poco optimismo para los intervenidos
El escenario cambia por completo cuando se habla de Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho.
A diferencia de los hospitales financiados por la cooperación, estos tres proyectos permanecen suspendidos y bajo investigación luego de que las actuales autoridades denunciaran incrementos presupuestarios y problemas administrativos heredados de la gestión anterior.
Castillo explicó que durante los últimos meses de la administración pasada se aprobaron ampliaciones tanto en el monto como en los plazos de ejecución de los contratos, decisiones que hoy forman parte de las revisiones técnicas y legales.
«Se hicieron cambios en los últimos meses sin ampliar las garantías. Nosotros tuvimos que hacerlo al inicio de esta administración», declaró el viceministro.
Según explicó, una vez concluyan las revisiones del Tribunal Superior de Cuentas y del Ministerio Público, el Gobierno deberá decidir si reactiva los contratos actuales, realiza nuevos procesos de contratación o modifica los proyectos originalmente concebidos.
Las declaraciones del viceministro evidencian que, mientras tres hospitales mantienen un cronograma relativamente definido para 2027, otros tres continúan sin una fecha clara para retomar su construcción, a la espera de lo que determinen los órganos contralores y de las decisiones que posteriormente adopte el Gobierno.
Un incremento del 158 % bajo la lupa
El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, reveló que los
hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho registran un incremento presupuestario del 158 % respecto al monto con el que originalmente fueron concebidos.
Una situación que, según afirmó, obligó al Gobierno a revisar desde la etapa de diseño hasta las modificaciones contractuales aprobadas durante la administración anterior.
El ministro explicó que inicialmente los hospitales de Ocotepeque y Olancho fueron presupuestados en alrededor de 690 millones de lempiras, mientras que el de Santa Bárbara tendría un costo cercano a los 1,800 millones.
«Hoy estamos hablando de hospitales que andan aproximadamente por los 1,600 millones de lempiras en el caso de Ocotepeque y Olancho, y cerca de 4,400 millones en Santa Bárbara», explicó Ehrler durante un foro televisivo.
Para el funcionario, la magnitud del incremento hacía imposible continuar ejecutando las obras sin antes conocer qué ocurrió durante el proceso de formulación. No obstante, Ehrler insistió en que la decisión gubernamental no fue cancelar los hospitales.
«Las obras no están canceladas; están suspendidas mientras avanzan las investigaciones», puntualizó.
Millones invertidos, pero obras inconclusas
Las cifras oficiales reflejan que, pese a la paralización de los proyectos, el Estado ya había realizado importantes desembolsos.
Según Ehrler, en los hospitales de Ocotepeque y Olancho se habían ejecutado aproximadamente 500 millones de lempiras en cada uno, mientras que en Santa Bárbara el desembolso rondaba los 800 millones.
«Lo que existe actualmente son estructuras metálicas, terracería, cimentaciones y fachadas. Son obras complejas que implican una inversión importante desde las primeras etapas», explicó.
El viceministro Castillo sostuvo que la diferencia entre ambos modelos de construcción queda reflejada al comparar hospitales con presupuestos similares.
Explicó que las obras no fueron contratadas bajo un esquema integral, sino mediante múltiples contratos independientes para diferentes etapas constructivas, situación dificultó el seguimiento técnico y financiero.
Por otro lado, el viceministro Eduardo Midence considera que varios hospitales fueron diseñados sin tomar en cuenta la capacidad real del sistema sanitario para operarlos una vez concluyan.
Midence cuestionó que algunos establecimientos contemplen servicios altamente especializados para municipios donde actualmente ni siquiera existe suficiente personal médico.
«¿Cómo vamos a atraer cirujanos cardiovasculares, intensivistas o cirujanos pediátricos a esos lugares con los salarios que paga la Secretaría de Salud?», cuestionó.
Midence señaló que la discusión debe ser garantizar que puedan funcionar una vez terminados los hospitales, y que sea sostenible financieramente.
«No queremos construir elefantes blancos. Debemos adecuar esos hospitales al modelo de atención que realmente pueda sostener el país», expresó.
No hubo sobrevaloración: la defensa de las exautoridades
El exministro de la SIT, Octavio Pineda, rechazó los señalamientos de sobrevaloración y defendió que los hospitales fueron planificados con base en estudios técnicos, estándares internacionales y procesos de contratación que, aseguró, fueron auditados durante su gestión.
En declaraciones que destacó Proceso Digital, Pineda sostuvo que comparar únicamente el costo total de los proyectos conduce a interpretaciones erróneas.
Según él, el presupuesto contemplaba el equipamiento, urbanización, plantas de tratamiento, sistemas eléctricos y otras instalaciones indispensables.
«No existe una sobrevaloración. Lo que existe es un desconocimiento de todo lo que incluye un hospital de esta magnitud», afirmó el exfuncionario y también aspirante a la candidatura presidencial por el izquierdista partido Libre.
Pineda explicó que uno de los indicadores utilizados internacionalmente para evaluar proyectos hospitalarios es el costo por metro cuadrado construido.
Según dijo, en los hospitales cuestionados ese valor ronda los 4,562 dólares por metro cuadrado, incluyendo el equipamiento médico.
El exministro explicó que las modificaciones responden a procesos normales dentro de proyectos de gran escala y que cada una fue sustentada técnicamente conforme avanzaba la construcción.
Pineda fue más allá y cuestionó la decisión del actual Gobierno de mantener suspendidas las obras.
«Hoy tienen los recursos disponibles para continuar esos hospitales. Si no avanzan, ya no es responsabilidad de la administración anterior«, manifestó.
Carla Paredes: «Que investiguen todo»
La exministra de Salud Carla Paredes defendió la planificación técnica de los hospitales y aseguró que toda la documentación relacionada con los proyectos puede ser revisada por las instituciones competentes.
Paredes negó que existieran decisiones adoptadas al margen de la ley y aseguró que los expedientes contienen los estudios que respaldaron tanto los diseños como las contrataciones.
«Que investiguen todo. Nosotros no tenemos ningún problema con que revisen absolutamente toda la documentación», expresó.
La exfuncionaria consideró que parte del debate ha estado marcado por criterios políticos y sostuvo que cualquier determinación sobre posibles responsabilidades debe surgir de auditorías técnicas y no de valoraciones mediáticas.
Carlos Umaña: «Fue un error detener las obras»
El diputado y médico Carlos Umaña consideró que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en los centros médicos debieron realizarse sin frenar la ejecución de las obras, pese a que las mismas fueron suspendidas por decisiones de los entes contralores ya que además se han reportada fallas geológicas en algunos terrenos donde se hacen las edificaciones.
En entrevista Proceso Digital, Umaña estimó que los hospitales tardarán entre dos y tres años más en entrar en funcionamiento debido a la paralización de los proyectos, una situación que atribuyó a las auditorías impulsadas por las actuales autoridades.
El congresista sostuvo que el Estado debía hacer valer los contratos suscritos con las empresas constructoras y exigir la continuidad de las obras, mientras los órganos contralores determinaban si existían responsabilidades administrativas o penales.
«Como conocedor y exfuncionario que fui del Seguro Social, debieron haber continuado con las construcciones y exigirles a las compañías que terminaran los hospitales. Después se podían valorar los contratos para determinar si existía alguna sobrevaloración o alguna situación anormal», expresó.
Umaña advirtió que mantener suspendidos los proyectos podría provocar un deterioro de las estructuras ya edificadas y retrasar aún más la ampliación de la red hospitalaria del país.
Matheu pide investigar a todos
Quien también ha pedido que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias es el exministro de Salud José Manuel Matheu.
Aunque formó durante el inicio de la revisión de los proyectos, Matheu considera que las investigaciones deben abarcar tanto a ex autoridades de la Secretaría de Salud como de la SIT que participaron en la planificación y ejecución de los hospitales.
«Aquí debe investigarse a todos los que participaron en estos procesos. Si hubo responsabilidades, que cada uno responda por sus actos», declaró.
El exfuncionario sostuvo que el país necesita esclarecer qué ocurrió durante la contratación de los hospitales para evitar que proyectos estratégicos vuelvan a enfrentar cuestionamientos similares.
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