Del estado de excepción al terrorismo: el nuevo enfoque contra la inseguridad

 El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en su segunda reunión del año, alejó, momentáneamente, a Honduras del enfoque del estado de excepción con suspensión de garantías constitucionales para centrarse en la figura del terrorismo como mecanismo para un combate eficaz e integral de la ola de violencia e inseguridad que reporta a mediados de septiembre más de 1,800 muertes violentas.

Hechos que llevaron a las autoridades de la Secretaría de Seguridad a proponer el retorno del estado de excepción, solo que focalizado en los 30 municipios más violentos y con la suspensión de al menos dos garantías constitucionales ligadas con la inviolabilidad del domicilio y la detención judicial sin orden legal previa. Así lo anunció el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez a la prensa días antes de la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

La figura del estado de excepción llegó a la mesa de discusión entre los integrantes del CNDS que de entrada ya tenía opositores a su implementación como el ministro de la Defensa, Enrique Bouchard, que abogaba por acciones “más quirúrgicas” y efectivas en el combate a la violencia e inseguridad.

El titular de la Defensa no está convencido que el estado de excepción focalizado fuera una medida de éxito, dado que en el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, del izquierdista Libertad y Refundación, se produjeron serias violaciones a los derechos humanos y se registraron incluso los primeros casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en los que habría participación militar y policial según informes de derechos humanos y de las Naciones Unidas.

El estado de excepción implementado en el gobierno de la expresidenta Castro se volvió también inconstitucional al no lograr la ratificación en sus más de diez ampliaciones en el Congreso Nacional como ordena la ley. Su retorno—aunque fuese modificado—despertó inquietudes en diversos sectores y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras emitió un comunicado expresando su preocupación por los excesos y abusos que se podrían cometer al amparo de esta medida.

“La población hondureña tiene derecho a vivir sin miedo. Los derechos humanos no impiden al Estado actuar contra el crimen; le instan a hacerlo investigando, desarticulando estas estructuras y sancionando a los responsables. Nadie debe elegir entre seguridad y derechos, una seguridad efectiva garantiza ambos” afirmó Juan Carlos Monge, representante de OACNUDH.

Al término de la reunión del CNDS—integrado por los tres poderes del Estado, el fiscal general y los secretarios de Defensa y Seguridad—el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó de las nuevas medidas adoptadas, en donde la figura del estado de excepción no fue aprobada.

“No es el momento y no se va a necesitar el estado de excepción con las nuevas medidas tomadas”, dijo a la prensa el presidente del Poder Legislativo, al anunciar los nuevos giros que tomará la política de seguridad en materia criminal.

Combate sí, pero sin estado de excepción

Al alejar al Estado de Honduras de la figura del estado de excepción—inspirada en las medidas bukelianas en El Salvador—los integrantes del CNDS apuntan a dar un mayor énfasis al combate de las estructuras criminales con la designación de la figura de terrorismo, al amparo del Decreto 84-2026 que amplía la figura de asociación terrorista bajo la cual fueron incluidas las maras y pandillas, así como las organizaciones de narcotráfico.

Esa decisión fue parte del paquete de reformas penales aprobadas en el mes de mayo para impulsar las políticas de seguridad frente al crimen y la violencia. En sus declaraciones a los medios, Tomás Zambrano, portavoz del CNDS, dijo que tres estructuras criminales fueron declaradas como “terroristas” en la sesión del Consejo, y que no daría a conocer sus nombres por seguridad.

Las maras y pandillas MS-13 y Pandilla 18 ya han sido consideradas por el Estado de Honduras como grupos terroristas con asociaciones criminales transnacionales ligadas al tráfico de drogas, y en declaraciones de prensa, el ministro de seguridad Gerzon Velásquez, no descartó que la banda criminal de “El diablo” y otros grupos ligados al desplazamiento forzado de personas sean parte de la nueva lista de estructuras criminales designadas como terroristas.

Al respecto, el titular del Poder Legislativo dijo que para abordar este enfoque de estructuras criminales terroristas se aprobó en el Consejo de Defensa y Seguridad la creación de un juzgado especializado en terrorismo que tendrá su corte de apelaciones y sus fiscales especializados del Ministerio Publico.

Anunció nuevas políticas penitenciarias en donde las personas que sean acusadas de terrorismo, independientemente de ser o no condenados, serán llevadas a celdas de máxima seguridad con altas restricciones en sus visitas. Se regirán por un régimen especial de comunicación.

La Cámara Legislativa hará ajustes a las reformas penales para que los cuerpos de seguridad tengan mayores facultades frente a los grupos criminales declarados como terroristas.

Militares se suman a acciones antiterroristas

Este nuevo enfoque que quieren dar a las políticas de seguridad incluye la aprobación del reglamento y puesta en marcha de la Agencia Nacional contra el Crimen a cargo del coronel Juan Alberto Ruiz Cerrato.

Esta Agencia Nacional trabajará en coordinación con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Inteligencia, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y otros operadores de justicia.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad también se decantó por seguir con la militarización de la seguridad al aprobar la salida de los militares a las calles para reforzar las acciones de la Policía Nacional, responsable por ley de la seguridad interior del país. Se sigue así desdibujando la función constitucional entre las políticas de defensa y de seguridad.

En esta nueva fase que se quiere imprimir al combate de la delincuencia, el crimen y la inseguridad, el gobierno de Nasry Asfura y el CNDS han aprobado también reforzar la capacidad logística de los operadores de justicia con tecnología de punta, recursos humanos y logísticos luego de encontrar desestructurada a la Secretaría de Seguridad y la policía militar de orden público.

Los homicidios, las muertes múltiples, femicidios y muerte violenta de mujeres han sido una constante en estos primeros meses de gobierno y datos del Sistema Estadístico Policial señalan que a mediados del mes de septiembre se reportan 1,802 homicidios, siendo el mes de agosto el más violento y de mayor incidencia con casi 250 muertes violentas.

Las autoridades de seguridad estiman cerrar el año con una tasa aproximada de 24 a 26 homicidios por cada 100,000 habitantes, y en lo que va del año esperan ejecutar políticas de contención frente al avance de la criminalidad que evidenció a inicios de septiembre uno de sus rostros más crueles: el desplazamiento forzado interno a causa de estructurales criminales que han obligado a familias enteras a abandonar sus hogares ante el ultimátum dado por éstas.