El Congreso Nacional aprobó por unanimidad un dictamen que establece una amnistía temporal para que los ciudadanos puedan registrar y regularizar armas de fuego de uso comercial que actualmente poseen, pero que no cuentan con factura, documentación o registro oficial.
La medida crea un régimen excepcional de carácter administrativo que permitirá a los propietarios poner en regla sus armas ante las autoridades competentes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
De acuerdo con el decreto, la amnistía tendrá una vigencia de seis meses a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Durante ese período, las personas que posean armas de fuego de uso permitido podrán solicitar su inscripción y registro, aun cuando no dispongan de la factura de compra o del documento que acredite su adquisición.
Sin embargo, la falta de esos documentos no exime a los solicitantes de cumplir con otros requisitos establecidos por las autoridades para completar el proceso de regularización.
El beneficio aprobado por el Congreso Nacional únicamente abarca armas de fuego de uso comercial o permitido por la legislación hondureña.
El decreto excluye expresamente las armas de uso militar, las armas prohibidas y aquellas que se encuentren restringidas por la ley, por lo que estas no podrán incluirse en la amnistía.
Como parte del proceso, los propietarios deberán presentar una solicitud formal, entregar sus antecedentes penales y someter el arma a una inspección física y a un registro balístico.
Además, las autoridades realizarán verificaciones en bases de datos nacionales e internacionales para comprobar que las armas no estén vinculadas a delitos, investigaciones criminales o situaciones irregulares.
El objetivo es garantizar que únicamente puedan ser registradas aquellas armas que no tengan relación con actividades ilícitas.
El dictamen establece que la regularización tendrá efectos exclusivamente administrativos, permitiendo la inscripción del arma y la emisión de la licencia correspondiente.
No obstante, aclara que este proceso no borra ni perdona delitos cometidos anteriormente con dichas armas, ni exime de responsabilidad penal a ninguna persona por hechos ocurridos antes de la regularización.
Tampoco legaliza el uso de armas en actividades delictivas ni invalida investigaciones o procesos judiciales que puedan existir.
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