El Congreso Nacional aprobó la noche del miércoles una serie de reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica con el objetivo de fortalecer la protección de las mujeres y endurecer las sanciones contra las personas condenadas mediante sentencia firme por este tipo de delitos.
Entre las nuevas disposiciones destaca la prohibición permanente para comprar, portar o poseer armas de fuego, así como restricciones para obtener licencias de conducir y desempeñar cargos públicos.
La diputada Tania Pinto explicó que las reformas están orientadas a combatir la violencia contra la mujer desde sus primeras manifestaciones y evitar que los casos escalen a hechos más graves.
“Al hombre que se le impute y que se le condene con una sentencia firme por violencia doméstica, no podrá obtener una licencia de conducir, no podrá optar a un cargo público y no podrá obtener, comprar ni portar armas de fuego de por vida”, manifestó la congresista durante una entrevista brindada a Noticieros Hoy Mismo.
Otra de las medidas aprobadas contempla la incorporación de los condenados a un registro especial de personas responsables de violencia contra la mujer, mecanismo que permitirá dar seguimiento a estos casos y fortalecer los controles institucionales.
Asimismo, las reformas incluyen el uso de dispositivos electrónicos para monitorear a los agresores y garantizar el cumplimiento de órdenes de alejamiento, con el propósito de brindar mayor protección a las víctimas.
Buscan prevenir nuevos femicidios
La legisladora señaló que las reformas forman parte de una estrategia integral para combatir la violencia de género y recordó que recientemente el Congreso también aprobó el aumento de las penas por femicidio.
Según Pinto, numerosos casos de femicidio tienen antecedentes de violencia doméstica, por lo que actuar desde las primeras señales de agresión resulta fundamental para prevenir tragedias mayores.
Las reformas han generado diversas reacciones entre sectores de la sociedad. Mientras organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres consideran que representan un avance en materia de protección, otros sectores han planteado la necesidad de garantizar plenamente el debido proceso y las garantías judiciales.
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