Qué pasó en México, Colombia y Venezuela después de que sus organizaciones criminales fueran clasificadas como terroristas por EE.UU.

La designación por parte de Estados Unidos del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas entró oficialmente en vigor el pasado viernes 5 de junio.

La decisión oficial fue publicada ese mismo día en el Registro Federal, el Boletín Oficial estadounidense. El documento está firmado por Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

La medida otorga a las facciones brasileñas el mismo estatus jurídico que a los grupos que, desde hace más de un año, son objeto de duras intervenciones de Washington en América Latina, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en México; el Tren de Aragua, en Venezuela; y el Clan del Golfo, en Colombia.

Otra decisión publicada el pasado viernes en el Registro Federal y firmada también por Rubio permite que se congelen sin previo aviso los bienes y activos de personas vinculadas al PCC y al CV que se encuentren bajo la jurisdicción de EE.UU.

Asimismo, prohíbe las transacciones financieras entre personas o empresas estadounidenses y estas organizaciones, y prevé sanciones contra personas o entidades que presten apoyo material, financiero o logístico a dichos grupos.

Según los expertos consultados por BBC News Brasil, salvo en el caso de Venezuela, la designación como organización terrorista no ha supuesto, al menos hasta ahora, un debilitamiento de estas organizaciones ni una disminución de la delincuencia.

Sin embargo, la clasificación ha supuesto, en algunos casos, penas más severas para los delincuentes capturados y extraditados a Estados Unidos y, sobre todo, sanciones económicas específicas y un control mucho más riguroso de las transacciones financieras de los grupos en EE.UU. y con empresas que tienen vínculos en territorio estadounidense.

En México, donde seis facciones criminales recibieron la designación en febrero de 2025, la presión diplomática sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha intensificado en los últimos meses, con la imputación de diez funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa, incluido el propio gobernador, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el poderoso Cártel de Sinaloa.

El gobierno de Sheinbaum denunció además una supuesta operación no autorizada de la CIA, el servicio de inteligencia estadounidense, en territorio mexicano. Según el gobierno, dos agentes que supuestamente investigaban laboratorios de drogas en el norte del país fueron identificados tras fallecer en un accidente de tráfico.

En Venezuela, la presión sobre el crimen organizado alcanzó su punto álgido con la invasión armada y la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro, en enero de este año.

Aunque la designación de organizaciones como terroristas no sea un requisito legal para autorizar las operaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses en el extranjero, los expertos afirman que las recientes acciones de EE.UU. en México y Venezuela forman parte de la campaña del gobierno de Donald Trump contra el narcoterrorismo.

“La designación cambia definitivamente el tono (de EE.UU.) respecto a estos grupos y cómo califican la amenaza que representan”, afirma Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio Norteamericano de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).

Según Farfán-Méndez, la acción estadounidense no ha provocado grandes cambios en el comportamiento de las organizaciones criminales afectadas, pero sí ha tenido un impacto significativo en los negocios del sector privado de los países implicados.

Sanciones y supervisión financiera

El primer día de su segundo mandato, en 2025, Trump firmó una orden ejecutiva en la que solicitaba al Departamento de Estado que designara a los principales cárteles y otras organizaciones criminales latinoamericanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

La clasificación fue confirmada aproximadamente un mes después por el secretario de Estado, Marco Rubio. En la lista de organizaciones afectadas figuraban los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, Unidos y Nueva Familia Michoacana, de México, y el Tren de Aragua, de Venezuela.

Posteriormente, también fueron designados como terroristas el Clan del Golfo, de Colombia; el Cártel de los Soles, de Venezuela; y los grupos Los Choneros y Los Lobos, de Ecuador. Los grupos Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), que tienen ramificaciones en varios países de Centroamérica y en EE.UU., también fueron incluidos.

Con estas designaciones, todas estas organizaciones han sido incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra y aplica sanciones económicas y comerciales, y sus activos en EE.UU. han sido bloqueados.

Esto también significa que cualquier empresa o persona que preste apoyo material a miembros o instituciones vinculadas a estas organizaciones puede enfrentarse a sanciones en EE.UU. Esto incluye el envío de dinero, la prestación de servicios, la consultoría, el suministro de transporte o cualquier otra ayuda económica directa o indirecta.

Hasta la fecha, los cárteles mexicanos han sido los principales objetivos de las sanciones estadounidenses.

En el sistema de la OFAC, BBC News Brasil ha identificado que al menos 40 personas vinculadas a organizaciones clasificadas como terroristas en México han sido incluidas personalmente en la lista desde su designación el año pasado. De ellas, 23 pertenecen al Cártel de Sinaloa.

Más de 50 empresas vinculadas al cártel o a estas personas han sido sancionadas, así como 31 negocios señalados por tener conexión con el CJNG y sus miembros.

Al menos 14 personas y 4 empresas que tendrían algún tipo de conexión directa con el Tren de Aragua, de Venezuela, también han entrado en la lista de sanciones relacionadas con el terrorismo desde febrero de 2025.

El economista Welber Barral, exsecretario de Comercio Exterior de Brasil y socio de la consultora BMJ, explica que, además del efecto personal para los individuos y las empresas sancionados, la inclusión de las organizaciones en las listas de la OFAC ha supuesto un aumento significativo de los costes operativos de las empresas que operan en los países afectados y que también tienen presencia en EE.UU.

Muchas de estas facciones están muy infiltradas en las sociedades locales y cuentan con ramificaciones en diferentes sectores de la economía, afirma el experto. Dado que la definición de “apoyo material” adoptada por la ley estadounidense es bastante amplia, las empresas que operan en los países afectados pueden acabar siendo sancionadas por algún tipo de vínculo con las facciones, incluso sin intención.

“Un banco estadounidense que tenga cuentas de personas vinculadas a alguna de estas organizaciones, o un inversor estadounidense que invierta en una empresa cuyo proveedor esté relacionado con alguno de estos grupos, puede ser sancionado penal y civilmente en Estados Unidos si no demuestra que ha llevado a cabo la debida diligencia”, ejemplifica Barral.

Todo esto, señala el experto, ha incrementado significativamente los gastos de las empresas en requisitos de cumplimiento normativo y diligencias previas para evitar problemas a la hora de invertir y operar en países como México y Colombia.

Nikos Passas, profesor de Criminología y Justicia Penal de la Universidad Northeastern, en Estados Unidos, afirma además que las entidades procesadas por apoyo material a una organización clasificada como terrorista por Estados Unidos han sufrido, además del impacto económico, consecuencias en lo que respecta a su reputación.

“En la práctica, según la ley, no tener la intención de apoyar a una organización terrorista no es necesariamente suficiente (para demostrar la inocencia). Por lo tanto, incluso sin intención, alguien puede acabar viéndose involucrado”, afirma el experto, que colaboró en la implementación de las convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción y el crimen organizado transnacional.

Aún no existen estudios exhaustivos sobre el impacto real de todo esto en las economías locales, pero un informe de la empresa de investigación de mercado Mordor Intelligence, citado por la consultora Control Risks, señaló que, un año después de la designación de seis organizaciones criminales mexicanas como terroristas, se produjo un aumento significativo en los costes de las empresas en ese país.

El estudio señala un incremento del 8% al 12% en los gastos logísticos y un aumento del 30% en los precios de los seguros para camiones de transporte de mercancías en las regiones afectadas.

Los bufetes de abogados y las consultoras especializadas también informaron de un aumento significativo del escrutinio en el sector agroindustrial en los estados mexicanos de Jalisco y Michoacán, donde miembros de los cárteles se han infiltrado en las cadenas de suministro en las últimas décadas.

Además, el Tesoro de Estados Unidos ha emitido órdenes en las que exige a todos los bancos que operan en ciudades fronterizas con México, en los estados de California y Texas, que soliciten la identificación de los clientes que realicen transacciones en efectivo por un importe superior a 200 dólares estadounidenses y que comuniquen dichos movimientos al organismo.

En junio de 2025, tres bancos mexicanos fueron sancionados bajo la acusación de blanquear dinero procedente del narcotráfico.

A dos de ellos, Visa y Mastercard les bloquearon el acceso a sus redes de pago, lo que dejó prácticamente inutilizadas las tarjetas de débito y crédito de los bancos, ya que las dos empresas estadounidenses dominan el sector de los pagos en casi todo el mundo.

Otro caso que marcó el debate el año pasado involucró a una escuela privada en Florida, que tuvo que pagar una multa de más de US$1.7 millones por recibir el pago de la matrícula y otras tasas de dos alumnos cuyos padres tienen vínculos con un cártel mexicano, según el Tesoro estadounidense.

Según el organismo, las infracciones del internado IMG Academy no fueron intencionadas, pero ponen de relieve la importancia de que las instituciones de diversos sectores “implementen controles eficaces y basados en el riesgo para evitar infracciones de las sanciones”.

Todo este panorama, señala Barral, puede estar alejando a los posibles inversores de los países donde las organizaciones tienen su sede.

“Los bancos endurecen los requisitos para abrir cuentas y complican las operaciones con el extranjero, por lo que el acceso al crédito se vuelve más difícil”, explica.

“Y, por supuesto, el inversor extranjero analizará con lupa la inversión que está realizando y si merece la pena”.

Hasta el momento, no se han registrado señales claras de disminución de la inversión extranjera provocada por la medida estadounidense de designar organizaciones terroristas.

Pero, según Barral, el escenario tiene el potencial de ser especialmente perjudicial para México, que depende en gran medida de Estados Unidos y, en 2025, destinó aproximadamente el 80% de sus exportaciones a ese país.

Penas más severas y relaciones deterioradas en México

En el ámbito penal, la calificación como organización terrorista conlleva penas más severas para los condenados en Estados Unidos, explica Nikos Passas.

“No solo son muy severas en términos económicos, sino que también incluyen penas de prisión que pueden llegar a los 20 años“, afirma el abogado y criminólogo.

En febrero de este año, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, René Arzate-García (también conocido como La Rana), fue acusado de los delitos de narcoterrorismo, dirección de una organización criminal, apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, y lavado de dinero en California.