Reforma energética decisiva para el futuro del país

 Honduras podría estar ante uno de los cambios más importantes de las últimas décadas en su sistema eléctrico, con las nuevas reformas al subsector eléctrico.

Mientras la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) pierde cada día alrededor de 50 millones de lempiras por fallas técnicas, fraude y deficiencias operativas, con estas nuevas reformas al subsector eléctrico busca revertir una crisis que hoy consume miles de millones de lempiras de los contribuyentes.

La magnitud del problema amerita grandes soluciones, acciones contundentes. Las pérdidas de energía alcanzan el 38 %, una de las cifras más elevadas de la región, mientras que el Estado destina más de 14,100 millones de lempiras al año para sostener financieramente a la estatal eléctrica. Recursos que, según expertos, podrían utilizarse en áreas prioritarias como salud, educación o seguridad.

La iniciativa ciudadana Potencia Honduras, que impulsa la Asociación para una Sociedad Más Justa, advierte que, si no se ejecuta una reforma estructural inmediata, el costo para los hondureños podría dispararse hasta los 21,200 millones de lempiras anuales para 2035, un incremento cercano al 50 %, sin que ello garantice mejoras significativas en la calidad del servicio.

Ante este escenario, el Congreso Nacional ha recibido un proyecto de ley que plantea una transformación integral del sistema eléctrico, con el objetivo de corregir problemas históricos, fortalecer las instituciones del sector y recuperar la sostenibilidad financiera de la ENEE.

Un sistema al borde del colapso financiero

El gerente de la ENEE, Guillermo Panting Peña, reconoció que la estatal enfrenta una situación crítica, con un déficit mensual que ronda los 1,300 millones de lempiras.

Según explicó, la recuperación de la empresa requiere un profundo reordenamiento regulatorio y financiero, acompañado de una estrategia agresiva de reducción de pérdidas.

Panting rechazó además las versiones que señalan que la reforma busca privatizar la ENEE. “No se va a privatizar. Este es un proceso de ordenamiento, no de venta. Lo que se busca es reorganizar las actividades de generación, transmisión y distribución para que cada una funcione de manera eficiente y con reglas claras”, afirmó.

El funcionario sostuvo que la separación de funciones permitirá atraer inversiones de largo plazo, particularmente en transmisión eléctrica, un área clave para garantizar la estabilidad futura del sistema.

También desde el Ejecutivo el secretario de Comunicación y Estrategia, José Argueta, parafraseando al presidente Asfura dijo que «si hay una herida por la cual se desangran las finanzas del Estado hondureño se llama ENEE. Y esta ley lo que viene es a prevenir esa hemorragia, a parar esa herida».  Se quiere la mejora completa, porqué si no, no vendrá inversión extranjera, pues no hay competitividad.

La apuesta por una nueva institucionalidad

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

Los impulsores de la reforma sostienen que estos cambios permitirán construir un mercado eléctrico más competitivo, eficiente y transparente, capaz de atraer inversiones y mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

Derogación del decreto 46-2022 y apertura del mercado

El presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Luis Corrales, explicó a Proceso Digital, que la iniciativa también busca corregir distorsiones introducidas en años recientes mediante la derogación de gran parte del decreto 46-2022.

Según lo detalló cerca del 90 % de ese marco legal sería eliminado para dar paso a una estructura más abierta a la competencia y a la inversión privada y con el proyecto se busca “corregir el rumbo”, del sector, enfatizó.

El proyecto retoma el proceso de liberalización del mercado eléctrico iniciado hace más de una década y que busca alinearse con estándares internacionales y promovidos por organismos multilaterales, añadió.

Sin embargo, dejó claro que una mayor participación privada no implica privatización, sino la creación de condiciones que permitan mejorar la eficiencia y ampliar las inversiones en generación, transmisión, almacenamiento y distribución de energía.

Empresas grandes

Para el economista Dante Mossi, las tres empresas que emergerán de la ENEE serán las más grandes del país y consideró que no serán pequeñas.

Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), estimó que la empresa de Generación tiene al menos 5 mil millones de dólares en activos, la de Transmisión unos 3 mil millones de dólares y la de Distribución “muchos más que estás dos juntas”.

El economista hondureño que escribió en su cuenta de la red social X afirmó que “serán las tres empresas públicas más grandes del país”.

Sociedad Civil respalda la dirección de la reforma, pero pide ajustes

Desde la sociedad civil, la propuesta ha recibido una valoración positiva, aunque acompañada de recomendaciones para fortalecer su diseño institucional.

En conversación con Proceso Digital, el experto en energía de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Edgar Aguilar, considera que el proyecto avanza en la dirección correcta y responde a necesidades históricas del sector.

“Es una propuesta técnicamente y financieramente sólida. Retoma elementos que desde 2013 se han considerado fundamentales, como la separación de actividades, el fortalecimiento del regulador y la creación de un operador independiente del sistema”, señaló.

No obstante, advirtió que deben revisarse los mecanismos de nombramiento de autoridades para evitar que los órganos técnicos sean capturados por intereses políticos o empresariales.

Aguilar subrayó además que la aprobación de la ley no resolverá por sí sola todos los problemas del sector. A su juicio, la reforma debe complementarse con una estrategia integral que incluya reducción de pérdidas, licitaciones transparentes de energía, reestructuración de la deuda y coordinación efectiva entre la ENEE, la CREE y la Secretaría de Finanzas.

Garantizar un servicio más confiable y reglas claras para la inversión

Con una deuda que supera los 114 mil millones de lempiras, pérdidas cercanas al 38 % y crecientes presiones fiscales, Honduras enfrenta una decisión crucial sobre el futuro de su sistema eléctrico.

Por ello los impulsores de la reforma sostienen que el objetivo es colocar al ciudadano en el centro de la política energética, garantizando un servicio más confiable, reglas claras para la inversión y una administración más eficiente de los recursos públicos.

La discusión apenas dará comienzo en el Congreso Nacional, pero el consenso entre expertos es claro, mantener el modelo actual tiene un costo cada vez más alto para el país.

Los beneficios que promete impulsar la reforma

Las proyecciones incluidas en el debate técnico señalan que la reforma podría traducirse en una reducción gradual de pérdidas, mayor estabilidad tarifaria y un fortalecimiento de la cobertura eléctrica, especialmente en zonas rurales.

También se estima que la reorganización institucional y la apertura del mercado podrían generar eficiencias económicas valoradas en hasta 144,000 millones de lempiras a largo plazo, aunque estas cifras corresponden a proyecciones sujetas a la correcta implementación de las medidas.

Pero se asegura que el principal beneficio será aliviar la presión sobre las finanzas públicas y reducir la dependencia de transferencias estatales para sostener la operación de la ENEE, institución que hace años está frenando el desarrollo nacional, porque es un pascón de recursos públicos.LB