El Gobierno de Honduras ha sepultado la posibilidad de replicar la estrategia de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, desmarcándose de las presiones de sectores que exigen medidas extremas de militarización, encarcelamiento masivo y retorno al estado de excepción que implementó en casi todo su mandato la administración anterior.
– Retomar el control del sistema penitenciario es fundamental para controlar la inseguridad, caviló el defensor de DDHH, Hugo Maldonado.
– El gobierno, mediante el ministro de Seguridad, y el Congreso a través del jefe de la comisión de Seguridad, Marcos Paz, coinciden que las condiciones geográficas e incidencia del crimen entre Honduras y El Salvador son diametralmente opuestas.
– “Eso de querer importar modelos de otros países con el nombre de un presidente de otro país, tengamos un poquito más de amor por la patria y la identidad. Creo que eso es más para que el reflector esté sobre él y obtener réditos electorales en el futuro”, analizó Josué Murillo.
Esta semana, Godofredo Fajardo, diputado del PDCH y vicepresidente del CN, presentó un anteproyecto orientado a implementar en Honduras la ley que replica el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele, en la República de El Salvador.
Por su parte, la diputada Iroshka Elvir también planteó la creación de un “Plan Bukele” para enfrentar los altos índices de criminalidad registrados en territorio hondureño, donde sólo este mes de mayo se contabilizan siete masacres con casi medio centenar de muertos.
Ante las propuestas legislativas, las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad, a través de su ministro Gerzon Velásquez, confirmaron que el país apostará por un «modelo catracho», arguyendo que la realidad hondureña presenta asimetrías estructurales insalvables frente a su vecino El Salvador.
Analistas locales coinciden en que los más 112 mil kilómetros cuadrados de territorio hondureño y la compleja geografía de zonas inhóspitas como La Mosquitia impiden los cercos de seguridad que resulten traducirse en eficacia versus la reducida superficie de más de 21 mil kilómetros de El Salvador.
Igualmente, los expertos advierten que las dinámicas criminales en ambos países exigen prácticas diametralmente diferenciadas. Mientras el “Plan Bukele” se enfocó en neutralizar el control territorial de pandillas esencialmente urbanas, Honduras enfrenta un cóctel delictivo más fragmentado y complejo, donde coexisten maras y pandillas con poderosos carteles del narcotráfico transnacional y bandas locales dispersas, además de conflictos agrarios y de grupos.
Organismos de derechos humanos y economistas también señalan que el Estado hondureño carece del presupuesto y de la hipercentralización de poderes necesaria para sostener un estado de excepción indefinido, por lo que una copia literal del modelo salvadoreño no solo resultaría inviable, sino financieramente insostenible para las raquíticas arcas públicas.
Plan Catracho
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que el Estado hondureño construye un “modelo catracho” en materia de seguridad, adaptado a las condiciones nacionales, y dejó claro que no se contempla una copia del esquema implementado en El Salvador, conocido como el “plan Bukele”.
Las declaraciones surgen luego de que desde el Congreso Nacional se sugiriera que el funcionario viajara a El Salvador para analizar la aplicación de dicho modelo. “No estamos negándonos a cualquier aporte o recomendación, pero estamos considerando un modelo Catracho que implique nuestras condiciones y circunstancias”, subrayó Velásquez.
El titular de Seguridad enfatizó que Honduras enfrenta desafíos distintos, tanto sociales como estructurales, por lo que la estrategia debe responder a esa realidad. En ese sentido, reiteró que el respeto a los derechos humanos es un eje obligatorio dentro de la actuación policial.
“Como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debemos ser coherentes con la normativa nacional que implica la garantía del respeto a los derechos humanos. No es una decisión personal, es un mandato legal”, afirmó el alto funcionario.
“La focalización territorial será clave. En las zonas priorizadas se desplegará esta fuerza de intervención interinstitucional”, explicó con respecto a la nueva Agencia Nacional contra el Crimen (ANC).
Velásquez concluyó afirmando que el proceso de reforma en seguridad es complejo y requiere un enfoque estructural, más allá de respuestas inmediatas, reiterando que Honduras avanza hacia un modelo propio, con base en su marco legal y realidad nacional.
Propia estrategia y no copiar modelos extranjeros
De su lado, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, manifestó que el país debe apostar por soluciones propias para enfrentar la crisis de seguridad y el problema penitenciario, en lugar de replicar modelos implementados en otras naciones como El Salvador.
“El pueblo hondureño debe ser más creativo para proponer y tratar de solventar los problemas sociales que vivimos como país. Decir que vamos a traer propuestas de otros países es falta de creatividad”, expresó el veterano defensor de derechos humanos.
En ese sentido, Maldonado consideró que Honduras necesita construir una estrategia nacional de seguridad y un sistema penitenciario adaptado a la realidad del país, pensando en el futuro y en la tranquilidad de la población.
Honduras tiene distinta realidad
El diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marcos Paz, reflexionó que aplicar un “Plan Bukele” en Honduras no es tan sencillo ya que se trata de otra realidad.
“Las políticas implementadas en El Salvador han sido positivas, pero Honduras tiene otra realidad y necesita otras estrategias”, refirió.
Cabe señalar, que dos diputados han propuesto bajo iniciativa de ley implementar un Plan Bukele en Honduras, en referencia a las estrategias de seguridad y resultados obtenidos por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
El país tiene características distintas a las de El Salvador y requiere estrategias propias para combatir la criminalidad, agregó.
En ese orden, afirmó que desde el Congreso Nacional trabajan en reformas orientadas a fortalecer legalmente a los cuerpos de seguridad.
En ese sentido, se analiza un incremento salarial, mejoras en jubilación y mayor presupuesto para la Policía Nacional, dijo. Además se impulsarán reformas para una depuración permanente dentro de los entes de seguridad y penas más severas contra quienes atenten contra policías, militares, jueces y fiscales, zanjó.
Honduras experimenta en la actualidad una creciente violencia que se manifiesta en diversas formas como: extorsión, sicariato, actividades del narco, feminicidios, masacres, así como delincuencia común y organizada.
Propuestas populistas
El analista Josué Murillo también criticó las propuestas de corte populista en materia de seguridad, particularmente aquellas que buscan replicar modelos extranjeros. “No podemos importar leyes con el nombre de un presidente de otro país, sin respetar nuestra soberanía e identidad”, expresó, en alusión a iniciativas inspiradas en políticas implementadas fuera de Honduras.
“Eso de querer importar modelos de otros países con el nombre de un presidente de otro país, tengamos un poquito más de amor por la patria y la identidad. Creo que eso es más para que el reflector esté sobre él y obtener réditos electorales en el futuro”, analizó.
No obstante, Murillo aclaró que sí respalda reformas orientadas a fortalecer el sistema penal, como el endurecimiento de penas en delitos graves y la construcción de cárceles de máxima seguridad para criminales de alta peligrosidad.
Con estas posturas institucionales respaldadas por las voces de expertos y defensores de DDHH, Honduras busca consolidar una doctrina de seguridad propia que priorice la institucionalidad y el debido proceso. El rechazo a la fórmula de la nación salvadoreña deja en claro la apuesta de la administración actual por resolver la crisis criminal bajo sus propias reglas, alejándose de los esquemas de países vecinos exitosos por sus propias condiciones distantes a las hondureñas.
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