La exfiscal y defensora de derechos humanos, Sandra Ponce, consideró como “correcta” la revisión de los nombramientos dentro del Poder Judicial, al señalar que durante el actual mandato no se han impulsado procesos de ingreso mediante concursos, mecanismo que -según ella- garantiza la independencia de los jueces.
– Abogó para que las nuevas autoridades tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público asuman el reto de recuperar la credibilidad institucional, garantizando no sólo eficiencia, sino también integridad en el actuar de sus funcionarios.
Durante declaraciones brindadas este domingo, la exfiscal de Derechos Humanos enfatizó que la Constitución protege a los jueces de traslados, remociones o retiros arbitrarios, por lo que insistió en que someter a concurso los nombramientos es clave para asegurar la inamovilidad en el cargo y fortalecer la institucionalidad.
En ese sentido, sostuvo que revisar la forma en que se han realizado las designaciones permitiría validar los procesos y contribuir a reducir la mora judicial que enfrenta la Corte Suprema de Justicia, uno de los principales problemas del sistema.
La defensora subrayó que, además de los retos en eficiencia, el Poder Judicial enfrenta un desafío aún mayor que es recuperar la confianza de la ciudadanía. “Se debe actuar con integridad, no sólo con eficacia, sino garantizando que los jueces respondan a principios éticos”, dijo.
Ponce indicó que esta confianza solo se logrará mediante controles adecuados y procesos legítimos de ingreso a la carrera judicial, que aseguren jueces independientes y protegidos de decisiones arbitrarias.
Igualmente, señaló que una situación similar debe aplicarse en el Ministerio Público, donde —dijo— existe un déficit tanto de fiscales como de presupuesto. En ese contexto, recalcó que los fiscales también deben ingresar mediante concursos y contar con garantías de estabilidad laboral y autonomía de criterio.
“La autonomía de los fiscales se ha visto debilitada en los últimos años, por lo que es urgente protegerlos de traslados o remociones arbitrarias”, advirtió.
Puntualizó que las debilidades actuales siguen generando retrasos en la impartición de justicia y en los procesos de investigación en el país, lo que impacta directamente en la percepción ciudadana.
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