El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), reportó este jueves que registraron más de 1 mil quejas a nivel nacional el 2025 durante la vigencia de la medida del estado de excepción parcial.
Este jueves, el Conadeh presentó su informe anual 2025 sobre la situación de los derechos humanos en Honduras.
La comisionada Blanca Izaguirre manifestó que este informe expone que el contexto estuvo marcado por tensiones institucionales, desigualdades pertinentes y riesgos para la vulnerabilidad humana.
Además, enfatizó en las situaciones del proceso electoral en el marco del Estado de Derecho y democracia y la gestión institucional.
Izaguirre mencionó que la situación del Estado de derecho y la democracia que estuvo caracterizada por la parálisis en el Congreso Nacional y la vigencia del estado de excepción.
Señaló que el deterioro en el Congreso Nacional se debe por la afectación en la continuidad del funcionamiento de este poder del Estado reflejada en períodos prolongados de inactividad, controversias por la conducción y tensión política.
Añadió que esta situación afectó la calidad de la democracia, solidez institucional y confianza ciudadana.
Sobre el estado de excepción, comentó que se identificaron deficiencias en el control legislativo y judicial, rendición de cuentas insuficientes, el Estado nunca demostró si estas medidas serían necesarias de continuarlas y las prórrogas no siguieron el proceso constitucional.
Lamentó que no se materializó de forma efectiva el control judicial que correspondía a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que las medidas no fueron sometidas a un examen oportuno y sustantivo de legalidad y constitucionalidad, tampoco se siguieron los procedimientos internacionales de notificación a la OEA y ONU.
La comisionada reprochó que se decidiera mantener la vigencia de esta medida durante el proceso electoral pese a las advertencias, pronunciamientos y recursos judiciales ya que sentaba un mal precedente para el desarrollo de los comicios.
Insistió en que el país debe avanzar hacia una política de seguridad con enfoque de derechos humanos y de género, capaz de enfrentar el crimen organizado desde sus causas y no únicamente desde sus expresiones más visibles.
Derechos civiles y políticos
Durante el 2025 registró 929 quejas por presunta violación al derecho a la vida y mil 121 por presunta violación al derecho a la integridad personal. Estas cifras muestran que miles de personas continuaron enfrentando amenazas, hostigamientos, malos tratos y otras formas de violencia.
Por ello, el informe advirtió que la reducción de homicidios, siendo un dato relevante, no equivale por sí sola a una garantía integral del derecho a la vida ni a la superación de los factores estructurales que sostienen la violencia.
En materia de acceso a la justicia y garantías judiciales, registró mil 359 quejas vinculadas con presuntas afectaciones en este ámbito, lo que revela que la vulneración no termina con el hecho que origina la denuncia, sino que se prolonga cuando la justicia tarda, no responde o resulta inaccesible pues, persisten obstáculos serios para que las personas obtengan respuestas prontas y efectivas por parte del sistema judicial.
Finalmente, en materia de libertad de pensamiento, expresión, asociación y reunión, reportó 208 quejas, en un contexto histórico y marcado por amenazas, intimidaciones y restricciones indebidas al espacio cívico.
Económicos, sociales y culturales
En materia de salud, el Conadeh registró 247 quejas, principalmente contra la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y centros penales.
Las denuncias se relacionan con deficiencias en la atención, denegación de servicios, maltrato y debilidades en la respuesta preventiva. A ello se suman las listas de espera quirúrgica, la mora en procedimientos y los atrasos en citas especializadas.
“Si bien el Estado reportó avances puntuales en infraestructura hospitalaria, el reto sigue siendo convertir esos esfuerzos en servicios accesibles, oportunos y de calidad y calidez para la población”, señaló Izaguirre.
En educación, se registró 189 quejas, siendo la Secretaría de Educación la institución más denunciada. Aunque el Estado destacó avances en alfabetización, pero recuerda que persisten brechas profundas de acceso, permanencia y calidad, especialmente para niñas, niños y adolescentes que continúan fuera del sistema educativo.
En cuanto a vivienda digna y servicios públicos, reveló 132 quejas, con señalamientos frecuentes hacia la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Policía Nacional y gobiernos municipales.
Finalmente, sobre el derecho a un medio ambiente sano, reportó 25 quejas, muchas de ellas relacionadas con actuaciones u omisiones de gobiernos municipales.
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