Joprodeh y Asopodehu alertan que dilatorias al juicio político abre espacio a quienes violentan la institucionalidad

La Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh) y Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), alertaron hoy que las dilatorias al juicio político abren espacio a quienes violentan la institucionalidad y buscan victimizarse.

El Juicio Político contra los funcionarios que conspiraron contra el Estado de Derecho y traicionaron los principios democráticos no es una opción discrecional ni un instrumento de revancha política, sino una obligación constitucional derivada del principio de responsabilidad de los servidores públicos consagrado en la Constitución de la República de Honduras, indicaron las organizaciones a través de un pronunciamiento.

A continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento de las dos organizaciones de sociedad civil:

1. En pronunciamientos anteriores, específicamente el 24 de febrero del presente año, nuestras organizaciones expusieron analítica y jurídicamente por qué procede la aplicación de un Juicio Político a funcionarios que, con sus acciones y omisiones, conspiraron contra el proceso electoral 2025 y actuaron contra los intereses del Estado, violentando el Estado de Derecho e instrumentalizando la institucionalidad para atacar a quienes debían garantizar la realización del proceso electoral y la correcta administración de justicia en esta materia. La Constitución reconoce la soberanía popular como fundamento del sistema democrático. Atentar contra la transparencia y legalidad del proceso electoral constituye una afectación directa al principio democrático y, por tanto, activa responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales.

2. Hoy observamos, sin sorpresa pero con profunda preocupación, cómo el atraso en tomar la decisión de aplicar Juicio Político contra funcionarios como el Consejero del CNE Marlon Ochoa, el Fiscal General Johel Zelaya, el Magistrado del TJE Mario Morazán o la Presidenta de la CSJ Rebeca Raquel Obando, así como la falta de judicialización en las instancias competentes respecto de ex funcionarios como Xiomara Castro y Luis Redondo, ha permitido que, por cálculos y lobby político, se abra espacio a narrativas de victimización y manipulación mediática.

3. Nos resistimos a creer que esta dilación sea producto de acuerdos inconfesables que burlan el derecho del pueblo hondureño a la verdad y a las garantías de no repetición. La Constitución no ampara pactos de impunidad. La demora injustificada fomenta la impunidad, fortalece a quienes han lesionado la institucionalidad y envía un mensaje peligroso: que el poder puede situarse por encima de la ley. En un Estado democrático, esa señal es inaceptable.

4. Es inaudito que, existiendo indicios y elementos suficientes que deben ser valorados conforme a derecho, se otorguen márgenes excesivos de maniobra a quienes han sido señalados por vulnerar la legalidad. El control político tiene procedimientos establecidos; su activación no depende de conveniencia coyuntural, sino del cumplimiento del mandato constitucional. La sociedad hondureña espera decisiones firmes. El retardo prolongado compromete la credibilidad del sistema de pesos y contrapesos y debilita el principio de separación de poderes.

5. De igual forma, observamos con preocupación que algunas personas que se autodenominan defensores de derechos humanos y de la democracia intentan invocar supuesta jurisprudencia internacional para obstaculizar la aplicación del Juicio Político.

Es importante recordar que el derecho internacional de los derechos humanos no protege la impunidad de funcionarios públicos frente a mecanismos legítimos de responsabilidad constitucional. Por el contrario, los estándares interamericanos reconocen la obligación de los Estados de investigar, sancionar y garantizar la rendición de cuentas cuando se compromete el orden democrático.

“Desde Joprodeh y Asopodehu instamos a la clase política a colocar por encima de cualquier cálculo partidario el interés superior de la República, garantizando el derecho de la población a conocer la verdad y a obtener justicia. El precedente que hoy se siente definirá el futuro democrático del país”, concluyeron.

La democracia hondureña no puede sostenerse sobre silencios estratégicos ni dilaciones indefinidas, cierra el pronunciamiento público de ambas organizaciones.