Orden para no contratar personas que tienen demandas con el Estado es violatoria de derechos

 Luego que el Procurador General de la República (PGR), Dagoberto Aspra anunciara una instrucción a las entidades gubernamental para que no contraten a personas que tienen demandas laborales contra el gobierno, juristas consultados por Proceso Digital alertan que bajo esa ordenanza se violan derechos humanos fundamentales.

Hace unas horas, el procurador Aspra anunció que enviarán una circular para que no se contraten personas que tienen demandas pendientes con el Estado.

“Enviamos un mensaje a todos los que integran la administración pública, para que no estén contratando personas que tengan demandas pendientes con el Estado de Honduras, las van a tener que retirar porque será sancionado el titular que omita ese requisito al contratarlos teniendo una demanda pendiente con el Estado”, detalló.

El artículo 99 del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026, reza: Los servidores públicos que como consecuencia de su cancelación o cesantía hayan demandado judicialmente al Estado, a través de cualquiera de las instituciones, podrán laborar únicamente bajo la modalidad de contrato temporal en cualquier institución de naturaleza pública durante el tiempo de sustanciación del proceso judicial.

Aspra mencionó que crearán junto a la Secretaría del Trabajo, un manual de despidos que indicará cada uno de los pasos a seguir para dar por concluida la relación patrono-trabajador.

“Es una iniciativa que he tenido para poder ayudar a todos los funcionarios en los procesos de despido y que el Estado de Honduras no cargue esas demandas millonarias que estamos haciendo en estos momentos”, puntualizó.

El procurador Aspra, informó que la Procuraduría implementará un manual obligatorio para regular los despidos en las instituciones públicas, luego de que el Estado enfrentara un impacto financiero de 1,900 millones de lempiras en demandas laborales perdidas.

Según detalló, ya se han pagado alrededor de 1,200 millones mediante embargo a cuentas estatales, siendo Sedesol, Hondutel y la alcaldía de Choluteca las entidades con más fallos adversos contra las finanzas públicas.

Se violan derechos

A criterio del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ibis Discua Barillas señaló que el derecho al trabajo es una garantía ciudadana garantizada en la Constitución de la República.

Reprochó que muchos funcionarios, haciendo mal uso de sus facultades realizan despidos que no tienen asidero jurídico.

“Muchos son despedidos sin seguir los procedimientos, sin hacer las audiencias de descargo y otros instrucciones de ley. La gente por eso demanda, tiene derecho a la demanda y al trabajar”, declaró.

Mencionó que hay tratados firmados por Honduras con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantizan el derecho a trabajar de los ciudadanos.

Discua Barrillas ejemplificó que cuando un empleados público es despedido sólo porque gana un gobierno diferente a sus simpatías políticas, este tiene todo el derecho a demandar y a trabajar siempre en el mismo Estado si así fuera el caso.

“Sobre que no pueda volver a trabajar bajo la modalidad de contrato sólo por tener una demanda incoada contra la institución pública, no existe ninguna disposición constitucional que diga eso porque todos tienen derecho al trabajo digno”, puntualizó.

El abogado y exministro del Trabajo, German Leitzelar se pronunció en iguales términos de Discua Barrillas, y aseguró que la medida que pretende implementar la PGR violenta derechos de los trabajadores.

Remató afirmando que la medida solamente expone más a la administración pública en su relación con los burócratas.