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Zambrano acusa a Libre de querer elegir a fiscal general con 50 suplentes; Tomé lo niega

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció este martes que la Junta Directiva del Congreso Nacional estaría coordinando una maniobra para convocar una sesión sin el plazo requerido de 24 horas de anticipación, con el propósito de elegir al fiscal general y fiscal general adjunto.

Zambrano declaró que se pretende elegir al fiscal general «a la medida de los partidarios de la familia Zelaya» y, además, sin los votos necesarios para respaldar esta elección.

Zambrano aseguró que Libre utilizará a los 50 diputados suplentes de Libre para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público.

Se necesitan 86 votos para nombrar al fiscal general y fiscal general adjunto, según la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

‘Son locuras’, dice Tomé

Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional y diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, respondió a las acusaciones y las calificó de «locuras».

«¿Quién promueve estas locuras? Este es el Congreso Nacional, la casa que el pueblo nos ha otorgado a los diputados», dijo Tomé.

Afirmó que la Junta Directiva, liderada por Luis Redondo, convocará la reunión para elegir al fiscal general en el momento adecuado.

Sin sesiones

Hasta este miércoles, el Congreso Nacional acumula 55 días sin sesionar debido a la falta de consensos para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto para el período 2023-2028.

El bloque opositor, compuesto por los partidos NacionalLiberal Salvador de Honduras (PSH), respalda a Marcio Cabañas como titular del Ministerio Público y a Jenny Almendares como fiscal general adjunta, logrando 74 votos.

Por su parte, el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) respalda a Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas como fiscal general adjunto, aunque solo ha conseguido el apoyo de 52 diputados.

Actualmente, el Ministerio Público está siendo dirigido interinamente por Daniel Sibrián, quien ocupó el cargo de fiscal general adjunto entre 2018 2023, gracias a un fallo de constitucionalidad emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en relación al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.