Sobreseimiento definitivo para el expresidente Hernández en caso Pandora II

 Un juez de letras dictó la tarde de este martes tras la audiencia inicial un sobreseimiento definitivo al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), acusado por los delitos de fraude y lavado de activos en el caso Pandora II.

Así lo informó el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, quien manifestó que el juez valoró que no se comprobó la trazabilidad del dinero para la campaña política.

Hernández Alvarado era acusado por la supuesta comisión de los delitos de fraude y lavado de activos.

Silva señaló que, si una de las partes procesales no está de acuerdo con la resolución, puede interponer el recurso de apelación en la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.

Detalló que la defensa del exmandatario presentó 31 medios de prueba documentales que establecía que las determinaciones que tomó fueron en la época cuando era presidente del Congreso Nacional y la evacuación de un testigo.

Mientras que el Ministerio Público presentó 16 medios de pruebas documentales, un testigos y tres pericias.

“En esas pericias se logró identificar que la utilización del presupuesto correspondía al Poder Ejecutivo que no era presidido por el imputado”, dijo a periodistas que cubren la fuente judicial.

Comunicó que este mismo día se otorgará la carta de libertad definitiva y se dejó sin valor y efecto las medidas judiciales.

Relación de hechos

En octubre de 2023, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos, los expresidentes, Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa.

Ambos acusados por fraude y a Hernández Alvarado también se le imputó lavado de activos de más de 62 millones de lempiras, en una ampliación del caso conocido como Pandora II.

Dentro de la acusación figura además el extitular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez por fraude, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit, los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de presupuestos de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de BANADESA, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

El caso se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L. 288,016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa.

En ese sentido, el involucramiento del expresidente Hernández Alvarado se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatorio recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, a través de la utilizacion de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además a la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.

En todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.

Asimismo, las investigaciones de la UFERCO determinan que desde la Secretaría de Finanzas, se aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras.