Las autoridades hondureñas confirmaron este jueves la identidad de las víctimas asesinadas en la masacre registrada en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, uno de los hechos más violentos ocurridos en los últimos años en la zona del Caribe hondureño.
Entre las víctimas figuran menores de edad, jóvenes, mujeres y trabajadores ligados a las plantaciones de palma africana.
Según el levantamiento oficial, las víctimas fueron identificadas como: José Ramón Argueta Ventura, de 56 años; Gerson Adonay Ramos, de 16; Edgar Francisco Hernández Díaz, de 45; Santos Trinidad Díaz, de 46; Elder Oveniel Esquivel García, de 18; Martín Ramos Mendoza, de 61; Wilmer Vidal Suchite García, de 24; Elmer Marín Suchite García, de 23; Kevin Gustavo Cárcamo Canales, de 24; Cristian Eduardo Galdames Núñez, de 22; Carlos Joel Díaz Pineda, de 14; José Eduardo Miranda Matute, de 14; Santos Augusto Zelaya Martínez, de 58; Mirza Jacqueline Rodríguez Perdomo, de 33; Miriam Janeth Rodríguez, de 30; María Linda Rodríguez Dubón, de 28; Hilario Cardona Murillo, de 54; Edilson Gómez Euceda, de 30; y José Luis Mendoza Rivas, de 33 años.
El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, lamentó que familiares y allegados levantaran varios de los cuerpos antes de la llegada oficial de Medicina Forense y las autoridades investigativas, dificultando parte del proceso pericial. “Cuando llegamos a la comunidad, la mayoría de los cadáveres ya habían sido retirados y solo encontramos rastros e indicios de sangre”, explicó. Posteriormente, el Ministerio Público y la Policía Nacional ubicaron los lugares donde se realizaban los velatorios y efectuaron los levantamientos correspondientes bajo resguardo de las Fuerzas Armadas.
El funcionario calificó la matanza como “un acto terrorista” ejecutado por estructuras criminales que operan desde hace años en la zona vinculadas a conflictos agrarios, narcotráfico, tráfico de armas y explotación ilegal de plantaciones de palma africana.
Asimismo, anunció la creación de una fuerza de tarea conjunta integrada por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, inteligencia y fiscales del Ministerio Público para identificar y capturar a los responsables, además de intervenir de manera integral las propiedades en disputa en el Valle del Aguán.
Velásquez advirtió que la violencia en Colón responde a una “reconfiguración” de estructuras criminales que han mantenido control territorial durante años. “El Estado tiene que recuperar la paz y la seguridad jurídica en esta zona”, afirmó el ministro.

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