Gustavo Petro no estará en el balotaje el próximo 21 de junio, cuando millones de votantes elijan su sucesor entre el filósofo de izquierdas Iván Cepeda y el abogado de derechas Abelardo de la Espriella.
La Constitución colombiana no permite la reeleción, pero el actual presidente se juega mucho ese día.
En Colombia se percibe que el primer mandatario progresista de su historia moderna se somete en los comicios a un veredicto sobre su gestión.
Esta promovió una ambiciosa agenda de cambio que incluyó reformas de salud, laboral, educativa, económica, agraria, medioambiental y de seguridad y paz.
A casi cuatro años de tomar posesión, varias promesas quedaron incompletas. Algunas por la oposición del Congreso. Otras por falta de tiempo. Unas, quizás, aplastadas por sus propias expectativas.
Pero incluso entre los más escépticos existe la sensación de que el país sí cambió en estos cuatro años. Si fue para bien o para mal, es algo que decidirán los colombianos en las urnas.
Cepeda, del partido de Petro, Pacto Histórico, promete continuar su agenda transformadora.
De la Espriella, acérrimo crítico del presidente, plantea casi desmantelarla.
El legado del llamado “presidente del cambio” está a prueba.
¿Cómo transformó al país desde su llegada al poder en 2022?
Colombia desde dentro
Petro llegó al cargo un año y pocos meses después del estallido social considerado como el más importante en la historia colombiana.
Decenas de miles de personas protestaron inicialmente contra una polémica reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, pero los reclamos se expandieron a pedir más justicia social, igualdad de oportunidades y un cambio del modelo económico.
La violencia en las protestas y la respuesta de las autoridades marcó aquellos eventos que iniciaron en 2019 y alcanzaron su punto más crítico a principios de 2021.
La represión policial y militar incluyó homicidios, lesiones oculares, detenciones arbitrarias, violencia basada en género y raza, denuncias de desaparición y hostigamientos a la prensa.
Dichos episodios han sido frecuentes en la historia de Colombia, marcada por graves olas de violencia política y civil.
Para el filósofo colombiano Óscar Guardiola-Rivera uno de los mayores cambios de Petro se evidenció en “el desacoplamiento entre los intereses del Estado y las formas más y menos formales de violencia ejercidas sobre sus ciudadanos”.
El mandatario reformó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la policía por un nuevo modelo llamado Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden que, según la institución, “reemplaza el enfoque reactivo por uno preventivo, centrado en el respeto por los derechos humanos y el uso de la comunicación asertiva para desescalar tensiones”.
No fue la única transformación en el plano nacional.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, resalta que con Petro también cambió que solo “ciertos círculos de la sociedad, muy de élites y solamente blancos, ocuparan mayoritariamente los cargos públicos”.
“Por primera vez la gente pudo ver en el Estado a más personas como ellos. Por ejemplo, a personas negras en el Ministerio del Interior. Eso crea un vínculo de reconocimiento, sobre todo de muchos sectores populares. Creo que esa es la transformación cultural y simbólica más grande del gobierno”, añade la analista.
Del mismo modo, en el país se produjo un cambio notorio en la conversación.
De que la seguridad y la lucha antidrogas dominaran la agenda se pasó a que gran parte de la sociedad debatiera sus derechos laborales, su sistema de salud, sus pensiones y el medio ambiente.
Esto se evidencia en que, a pesar de los cuatros años de Petro, que también acusan desgaste, su sucesor del proyecto, Cepeda, logró aglutinar más del 40% de votos en primera vuelta con una agenda basada en esa misma senda de cambio y progreso social.
Por contraparte, su rival De la Espriella llega como favorito a segunda vuelta con un 43% de las papeletas con un discurso radical centrado principalmente en la seguridad.
Bajo Petro, además, se consolidó la tendencia de los últimos cinco años en la bajada de la pobreza monetaria, situándose en un 28% de la población colombiana, y una tasa de desempleo del 8% alcanzada en 2026, la más baja en dos décadas.
Colombia hacia fuera
Sandra Borda, especialista en relaciones exteriores en la Universidad de los Andes, sostiene que otro de los grandes cambios de Petro fue en política exterior.
Señala que el presidente se alejó de la postura tradicional de Colombia, cercana a Israel y EE.UU., para adoptar una posición crítica que incluyó la ruptura de relaciones con el gobierno israelí por la guerra en Gaza y tensiones con Washington desde la llegada de Donald Trump.
También destaca el énfasis ambiental: “es el primer gobierno que invierte tanto en este tema”.
Esto ha servido, a su juicio, para proyectar una política exterior más constructiva.
A diferencia del pasado, compara Borda, en que Colombia parecía llamar la atención internacional por ser el “ojo del huracán donde confluyen todos los males, es positivo que el tema medioambiental se haya puesto al servicio del consenso internacional”.
Petro impulsó la independencia de economías extractivistas en el país y ha buscado liderar ese debate a nivel global.
La duda de Borda es si estos legados perdurarán o serán revertidos, quedando atados al “personalismo” del mandatario y su carrera post presidencial.
De la Espriella, antagonista político de Petro, ya ha anunciado que buscará más cooperación con Israel y EE.UU. y que pretende incentivar el potencial minero y energético de Colombia.
Para ello no ha descartado emplear prácticas como el fracking, cuestionado por ecologistas por su impacto medioambiental.
Los debes de Petro
Petro llega a la recta final de su mandato con tres reformas aprobadas: una tributaria, otra pensional y una laboral.
Las iniciativas labores y pensionales llegaron en uno de los países más desiguales del mundo, con una informalidad del 55% y una de las economías menos productivas del globo, según la OCDE.
La laboral aumentó recargos por horas extras y días de descanso a trabajadores, limitó el uso prolongado de contratos fijos y formalizó los empleos de miles de madres comunitarias y trabajadoras de hogares infantiles.
La pensional amplió la cobertura para millones de jubilados y modificó la distribución de recursos al pasar gran parte a un fondo público y quitarle peso a los fondos privados.
Aun así, ambas fueron cuestionadas. La primera apenas resolvía el problema grave de la informalidad. La segunda generó dudas por su sostenibilidad financiera a largo plazo en una población que envejece a ritmos preocupantes. La Corte Suprema, de hecho, la mantiene parcialmente suspendida.
Pero la gran piedra en el zapato de Petro fue la reforma a la salud.
No solo fue rechazada en el Congreso, sino que en medio de decretos e intervenciones de entidades privadas por parte del presidente, un sistema que ya arrastraba desafíos ha acusado demoras en citas, escasez de medicamentos, deudas y un aumento de quejas de pacientes.
En contraste, el gobierno también avanzó en el plano agrario, una deuda histórica del país.
Colombia tiene una de las distribuciones de tierra más desiguales del mundo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un 1% de propietarios es dueño de casi la mitad del área rural de predios privados.
Durante el gobierno de Petro se gestionaron al menos dos millones y medio de hectáreas con propósitos como entregarlas a familias campesinas, formalizarlas y ampliar territorios para poblaciones tradicionalmente excluidas como indígenas y afrocolombianas.
Esta reforma agraria ha mejorado la vida de miles de familias, pero el problema distributivo del campo colombiano sigue lejos de resolverse del todo.
Por último, el gobierno de Petro no se libró de cuestionamientos por casos de corrupción que lo salpicaron.
Entre ellos está el proceso contra su hijo, Nicolás Petro, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, así como el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En este, exfuncionarios de la administración son investigados por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos que habría servido para sobornar a congresistas a cambio de apoyo a las reformas del gobierno.
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