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Qué cambia en el combate contra la violencia en Ecuador tras la aprobación de la consulta popular de Noboa

La consulta popular celebrada este domingo en Ecuador mostró el respaldo del país a las nuevas medidas de seguridad planteadas por el presidente Daniel Noboa en plena crisis de violencia.

Los ecuatorianos aprobaron 9 de las 11 preguntas, entre ellas las orientadas a combatir la crisis de seguridad que vive Ecuador, el país que en 2023 tuvo la tasa más alta de muertes violentas de América Latina.

El apoyo de las fuerzas armadas a la policía en el combate al crimen organizado, el incremento de las penas en delitos graves y la extradición de ecuatorianos son algunas de ellas.

Del otro lado, las que no fueron respaldadas estaban con temas económicos que habían generado polémica, como la creación de contratos de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales.

Tras el sufragio -que tuvo una participación del 72%-, algunas de las propuestas aprobadas tendrán efecto inmediato pues se trata de cambios a la Constitución.

Mientras que otras deberán pasar por la Asamblea Nacional para ser debidamente tramitadas y aprobadas.

Getty Images: “Ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas”, dijo el presidente Noboa tras conocerse los primeros resultados de la consulta y referendo.

Rol de las fuerzas armadas

Uno de los grandes cambios tiene que ver con el rol de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado en el país andino.

Hasta ahora, la protección y el mantenimiento del orden público en Ecuador era un asunto exclusivo de la policía nacional. Como en muchos otros países de América Latina, los militares podían apoyar sólo cuando se declaraba estado de excepción (que tiene un plazo máximo de 90 días y se aplica en situaciones de emergencia).

Pero tras el referéndum, no se necesitará una declaratoria de estado de excepción para permitir el apoyo complementario de las fuerzas armadas a la policía nacional, que lo podrán hacer por un período de 180 días más otros 30 prorrogables.

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