Por tercer día consecutivo, los bajos del Congreso Nacional permanecen ocupados por miles de campesinos e indígenas organizados en protesta.
La manifestación, liderada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), tiene como principal demanda la derogación de la Ley de Modernización Agrícola y el artículo del decreto 93-2021 que criminaliza la protesta social.
Los manifestantes exigen la redistribución de tierras incautadas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) al Instituto Nacional Agrario (INA), para que sean entregadas a los campesinos como parte de una reforma agraria que, según ellos, es esencial para sacar adelante el país.
Marco Bonilla, dirigente del COPINH, afirmó que estas tierras pertenecen al Estado y que actualmente los campesinos se ven obligados a pagar alquiler por ellas, lo que calificó como una injusticia.
Promesas de diálogo y amenazas de acciones drásticas
Una comitiva del Congreso Nacional atendió a los manifestantes y prometió una reunión para este jueves, pero los manifestantes han decidido mantener la toma hasta recibir respuestas positivas. «No nos moveremos hasta que nuestras demandas sean escuchadas y resueltas, de lo contrario tomaremos acciones más drásticas», advirtió Bonilla.
La protesta también exige justicia para los defensores del medio ambiente asesinados en el país. El caso reciente de Juan López, un ambientalista que fue asesinado, ha generado indignación entre los manifestantes, quienes reclaman que su muerte no quede impune.
El COPINH, que ayer miércoles también se manifestó frente a Casa Presidencial, ha instalado un campamento indígena y campesino en los bajos del Congreso Nacional, con consignas de «justicia para el campo» y «justicia para los pueblos indígenas», y advierten que no se moverán sin respuestas positivas para sus demandas.
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