Por qué Ronald Reagan decidió hacer una amnistía para regularizar a 3 millones de migrantes en EE.UU.

“En los últimos 35 años, nuestra nación se ha visto cada vez más afectada por la inmigración ilegal. Esta legislación representa un paso importante para afrontar este desafío a nuestra soberanía. Al mismo tiempo, preserva y enriquece el legado nacional de inmigración legal. Me complace promulgar esta ley”.

Con esas palabras, pronunciadas el 6 de noviembre de 1986, el presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés), que hizo posible la última amnistía de inmigrantes sin papeles aprobada en EE.UU.

La norma abrió las puertas para que unos tres millones de indocumentados, en torno a 60% de los que se estima había entonces, se incorporaran plenamente a la vida de ese país e, incluso, pudieran eventualmente adquirir la ciudadanía estadounidense.

Desde entonces, en Estados Unidos no se ha logrado aprobar ninguna reforma migratoria de gran calado, pese a que ha habido varios intentos.

Gracias a su “revolución conservadora” que transformó la política y la sociedad en EE.UU., Reagan ha sido probablemente el mandatario republicano más icónico que ha tenido ese país en el último medio siglo, ¿qué le llevó a impulsar una ley que ofrecía una amnistía a millones de indocumentados?

Una amnistía y un freno

“Reagan, tras ser gobernador de California, comprendió que la mano de obra mexicana era un elemento fundamental para la prosperidad económica estadounidense y que, a la larga, el crecimiento de la inmigración indocumentada no era una estrategia sostenible”, dice Raúl Hinojosa, profesor de la Universidad de California een Los Angeles, quien ya por aquellos años estaba inmerso en el debate migratorio en EE.UU., sobre el cual escribió su tesis doctoral.

La idea de regularizar a los migrantes indocumentados fue parte del discurso de Reagan durante varios años, llegando a ser planteada durante las elecciones primarias republicanas de 1980.

Una vez Reagan llegó a la Casa Blanca, la reforma migratoria empezó un largo y complejo recorrido de años del que culminó en 1986 como una ley aprobada con el respaldo de republicanos y demócratas.

Para llegar a buen puerto, esta reforma fue promovida internamente como una medida represiva que reforzaría los controles de seguridad en la frontera con México y establecería sanciones a los empleadores que contrataran a trabajadores indocumentados, al mismo tiempo que se permitía la “legalización” -deliberadamente se evitó la palabra amnistía- de una gran parte de los migrantes sin papeles presentes en el país.

“En 1981, este gobierno solicitó al Congreso la aprobación de un paquete legislativo integral que incluía sanciones a empleadores, otras medidas para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración y la legalización. La ley establece estos tres componentes esenciales. El programa de sanciones a empleadores es la piedra angular y el elemento principal. Eliminará el incentivo a la inmigración ilegal al eliminar las oportunidades de empleo que atraen a inmigrantes indocumentados”, dijo Reagan en su discurso al promulgar la ley

Mejorar la vida de los migrantes e integrarlos al país

Además de solucionar el problema que significaba para la soberanía y para la seguridad nacional la presencia de extranjeros indocumentados, Reagan apuntaba a darles un trato justo y a integrarlos, honrando así el largo historial de EE.UU. como un país de acogida de migrantes.

“Estaba en la esencia de Ronald Reagan, era parte de su comprensión de Estados Unidos, que el país estaba fundamentalmente abierto a aquellos que quisieran unirse a nosotros aquí”, comentó Peter Robinson, quien trabajó como redactor de los discursos del exmandatario, en una entrevista con la emisora NPR en 2010.

Ese objetivo también quedó claro en el discurso de Reagan al promulgar la ley.

“Hemos apoyado constantemente un programa de legalización que es generoso con los extranjeros y justo con las miles de personas en todo el mundo que buscan venir legalmente a Estados Unidos. Las disposiciones de legalización de esta ley contribuirán significativamente a mejorar la vida de un grupo de personas que ahora deben ocultarse en las sombras, sin acceso a muchos de los beneficios de una sociedad libre y abierta. Muy pronto, muchos de estos hombres y mujeres podrán salir a la luz y, finalmente, si así lo deciden, podrán convertirse en estadounidenses”, agregó.

La ley establecía dos programas para la regularización de los indocumentados: uno al que podía aplicar cualquier migrante que estuviera viviendo en el país desde antes del 1 de enero de 1982; y otro dirigido a trabajadores agrarios, al que podían acceder aquellos que hubieran estado empleados en granjas en EE.UU. durante al menos 90 días entre el 1 de mayo de 1985 y el 1 de mayo de 1986.

Se estima que 1,7 millones de personas se acogieron al primer programa y 1,3 millones al segundo.

La regularización tuvo un efecto contundente en las vidas de los migrantes.

“Se hizo una encuesta muy importante, tanto entre trabajadores agrarios como no agrarios, y esencialmente lo que se encontró es que en un período muy corto -aproximadamente dos años- los trabajadores que se legalizaron vieron sus salarios aumentar entre un 15% y un 17%. Previamente, sus ingresos habían estado estancados durante los diez años anteriores”, dice Raúl Hinojosa a BBC Mundo.