Aunque la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tiene por ley la posibilidad de modificar las tarifas de trámites migratorios, la reciente aprobación de la ley H.R.1 fue un proceso adicional para implementar nuevos costos que complicarán la protección de miles de inmigrantes, revela un reciente reporte.
“Muchas formas de ayuda migratoria se volverán inasequibles para los inmigrantes y solicitantes de asilo más vulnerables”, expone el National Immigration Justice Center (NIJC).
Los nuevos costos de USCIS, especificados en la H.R.1 o la llamada BBB (“gran hermosa ley”) promulgada por el presidente Donald Trump, se sumarán a precios ya existentes en varios de los trámites, aunado a que su implementación será escalonada, pues algunos ya aplican y otros comenzarán a ser implementados en agosto.
“Cada tarifa debe pagarse por separado”, especificó la agencia al anunciar el primer paquete de incrementos. “Esto significa que las tarifas de la Ley H.R. 1 no sustituyen ni reemplazan las promulgadas por la Regla de Tarifas del USCIS, sino que se cobrarán adicionalmente a las tarifas vigentes”.
La agencia, indica el reporte de NIJC, optó por ser más estricta en la implementación de las tarifas, ya que por ejemplo se negó a eximir la tarifa sin precedentes para los jóvenes migrantes, a pesar de que el Congreso autorizó esas exenciones de tarifas.
“El USCIS aún no ha implementado todas las tarifas que el Congreso impuso en la Ley H.R. 1, señalando que algunas requieren coordinación interinstitucional y una revisión adicional, específicamente en relación con el permiso humanitario y un documento relacionado con el registro de entrada o estatus, conocido como el I-94”, indica el reporte. “El USCIS indicó que aumentará estas tarifas anualmente a partir de octubre de 2025 y podría realizar aumentos adicionales tras las revisiones bianuales de tarifas”.
Es decir, USCIS podría modificar nuevamente las tarifas en menos de dos años, lo que complicará todavía más los procesos.
Impacto en Green Card y apelaciones
El análisis de NIJC destaca que incluso la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que son los tribunales migratorios, también agregó tarifas a sus costos previos a partir del 17 de julio.
“Al igual que el USCIS, la EOIR decidió mantener las tarifas existentes y añadir las nuevas tarifas de la H.R.1“, dice el informe. “El impacto es particularmente alarmante para quienes buscan un ajuste de estatus o la residencia permanente legal [Green Card], quienes ahora enfrentan tarifas de casi $3,000”.
Además las apelaciones y las impugnaciones ahora cuestan más de $1,010 dólares.
“Eso dificulta el acceso a la justicia para muchos inmigrantes y solicitantes de asilo”, advierte el reporte.
Otros incrementos preocupantes son el costo de la ancelación de la deportación para ciertos residentes permanentes, que ahora costará $700 dólares o el ajuste de estatus para ciertos residentes no permanentes cuyo costo se eleva a $1,600 dólares.
La EOIR añadió que aumentará las tarifas anualmente a partir de octubre de 2025, además de que pueden ajustar tales precios en forma bianual.
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