Por qué 40 años después del fin del régimen militar en Argentina no se sabe cuántos “desaparecidos” hubo

Argentina cumple este 10 de diciembre el período democrático más largo de su historia. Pero a 40 años del fin del último regimen militar, sigue teniendo una cuenta pendiente: aún no sabe con certeza cuántas víctimas dejó la dictadura.

“Hace décadas que estamos pidiendo que se abran los archivos. No sabemos dónde están, los militares los tienen bien guardados”, dice a BBC Mundo Taty Almeida, de 93 años, una de las referentes de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

La histórica organización fue formada en 1977 por un grupo de madres que buscaban a sus hijos “desaparecidos” durante el gobierno de facto que gobernó entre 1976 y 1983, e incluso antes, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, que lo precedió.

En estas cuatro décadas, Argentina se ha convertido en un ejemplo mundial de justicia: es uno de los pocos países que logró llevar ante tribunales civiles a sus opresores militares.

Más de 1.200 represores han sido condenados en cerca de 300 juicios civiles, según la Secretaría de Derechos Humanos.

Los esfuerzos de organismos de derechos humanos como las Abuelas de Plazo de Mayo hicieron posible que se identifique a más de 130 niños -hoy adultos- que nacieron en cautiverio y fueron entregados en adopción por los mismos militares que torturaron y mataron a sus padres.

Los juicios permitieron echar luz sobre algunas de las prácticas más cruentas de lo que la Justicia argentina definió como un “plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio“, que se dio “en el marco de un genocidio“.

Por ejemplo, los llamados “vuelos de la muerte“, en los que se arrojaba sobre el Río de la Plata o el mar Atlántico -vivos y drogados- a algunos de los recluidos en los cientos de centros clandestinos de detención que había en el país.

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Pero, a pesar de todos estos avances, y del trabajo infatigable del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) -creado en 1984 para ayudar “en la recuperación, identificación y restitución de cuerpos de víctimas del delito de desaparición forzada entre 1974 y 1983”- todavía no se ha podido establecer el número total de víctimas.

Ante la falta de información, los organismos de DD.HH. debieron limitarse a estimar la cifra y concluyeron que los desaparecidos fueron cerca de 30.000, un número que con el paso de los años se convirtió en un emblema de la lucha por “Memoria, Verdad y Justicia”.

En las últimas dos décadas, esa estimación incluso adquirió carácter oficial, siendo la cifra de desaparecidos que actualmente cita la Secretaría de DD.HH.

 

Sin embargo, ese consenso de muchos años ahora está siendo cuestionado con la llegada al poder de Javier Milei y de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quienes sostienen además que lo que ocurrió durante la dictadura no fue un genocidio sino “una guerra” contra grupos subversivos, en los que se cometieron “excesos”.

Milei y Villarruel -quienes asumirán este domingo- también pusieron en tela de juicio la estimación oficial de víctimas, asegurando que en realidad fueron menos de un tercio de lo que se ha dicho hasta ahora.

“#NoSon30Mil”

“No fueron 30.000 desaparecidos, son 8.753. Estamos en contra de una visión tuerta de la historia”, proclamó Milei durante uno de los debates electorales que se realizaron antes de los comicios.

Por su parte, en el debate de vicepresidentes, Villarruel resaltó que “en el Parque de la Memoria (un monumento dedicado a las víctimas del terrorismo de Estado) hay 8.751 nombres”.